Este artículo fue publicado originalmente en la edición de diciembre 2016 de El Salvador Watch

Tras el fallo en julio de la Corte Suprema de anular la Ley de Amnistía de 1993, la cual prohibía cargos penales por crímenes cometidos durante la guerra civil de doce años en El Salvador, una corte ha reabierto un caso, previamente desamparado, en contra de los perpetradores de la masacre en El Mozote. El 11 de diciembre de 1981 soldados salvadoreños entrenados por los Estados Unidos masacraron aproximadamente 900 civiles, incluyendo mujeres, niños e infantes en El Mozote, Morazán.

La decisión de reabrir el caso viene tras una solicitud hecha en agosto por familiares de las víctimas. Hasta ahora, once oficiales militares de altos mandos han sido acusado de crímenes desde asesinato, secuestro y violación hasta actos de terrorismo. Los más altos mandos militares enfrentando acusaciones incluyen el anterior Ministro de Defensa y Seguridad Publica General José Guillermo García, el anterior Jefe de Estado Mayor Conjunta de la Fuerza Armada General Rafael Flores Lima, y el anterior Comandante de la Fuerza Aérea General Juan Rafael Bustillo.

La corte también pidió que el actual gobierno provea información para ubicar y notificar a los acusados, y además que provea documentos oficiales perteneciendo a acciones militares tomadas en el Mozote y en los alrededores en los tiempos en que pasó la masacre. El caso continuará en la etapa investigativa, donde se quedó indefinidamente debido al pasaje de la Ley de Amnistía. Según los abogados, el principal objetivo de las familiases conocer la verdad de los hechos que ocurrieron en El Mozote en diciembre del 1981, así que quieren que los perpetradores reconozcan sus acciones y pidan perdón.

Otro caso que se ha iniciado desde que se anuló la Ley de Amnistía, uno cual parece justificar las preocupaciones expresadas por el movimiento social de El Salvador que la derecha usara esta apertura para atacar el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), incluyendo el Presidente Salvador Sánchez Cerén.

El empresario Armando Durán fue el primer individuo a pedir oficialmente que el Fiscal General abra una investigación a un crimen de la época de la guerra cuando acusó a los cinco miembros de la Comandancia General del FMLN, incluyendo Sánchez Cerén, de responsabilidad por su secuestro en 1986 por combatientes guerrilleros pertenecientes a una organización miembro del FMLN, el Ejército Revolucionario Popular (ERP).

En entrevistas con periodistas investigadores, excombatientes guerrilleros de la región de la Bahía de Jiquilisco donde Durán fue detenido por 37 días, informan que este tipo de secuestros fueron comunes y frecuentemente ordenados por dirigentes locales. Es extremadamente improbable que los altos dirigentes del ERP, mucho menos la Comandancia General del FMLN, estuvieron informados sobre este secuestro especifico. El Fiscal General, quien ha enfrentado críticas del movimiento social salvadoreño por su aparente prejuicio político y su relación cercana con la embajada de los EEUU, ha iniciado una investigación.

En octubre, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Centroamérica (IDHUCA) presentó cinco casos más para investigar: el asesinato de Roberto Antonio Miranda López durante la masacre de estudiantes en 1975, la desaparición forzada en 1980 de María Florentina Escobar, la captura y tortura en 1983 de Rafael Segura, la desaparición forzada en 1983 del Dr. Alejandro Mira Zetino, y el asesinato en 1989 de la maestra y activista sindical del ANDES-21 María Cristina Gómez. El Fiscal General todavía no ha declarado si abrirá investigaciones en estos casos.