La nueva embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Manes, llego a San Salvador el 29 de marzo. Ella Reemplaza a la anterior embajadora, Mari Carmen Aponte, otro cargo nombrado por el Presidente Obama, cuyo mandato al frente de la Embajada se caracterizó por la intromisión en la política interna salvadoreña y forzando al Gobierno salvadoreño que apruebe nuevas leyes favorables a las empresas, bajo la amenaza de cortar la ayuda al desarrollo que recibe este país.

Dándole continuidad a los criterios que CISPES desarrolló con sus aliados del movimiento social salvadoreño en el 2009, y teniendo en cuenta el intervencionismo incesante de la embajadora saliente, Mari Carmen Aponte, y algunos indicios alarmantes que plantea la trayectoria profesional de la nueva embajadora, CISPES insta a la embajadora Manes a romper con el pasado y:

• Llevar a cabo la tarea diplomática con total transparencia y honestidad, y establecer relaciones respetuosas con todos los sectores de la sociedad salvadoreña y todos los partidos políticos, en lugar de mantener el enfoque tradicional de la Embajada de privilegiar las relaciones con la élite empresarial y sus aliados políticos.
• Respetar la libre determinación y la autonomía del pueblo salvadoreño y no intervenir en los procesos soberanos de toma de decisiones. Así mismo, abandonar la práctica deutilizar la ayuda para el desarrollo u otras formas de cooperación para imponer leyes nacionales y decisiones de políticas.
• Respetar las instituciones soberanas de El Salvador mostrando neutralidad política en todo momento, y absteniéndose de intervenir en cualquier disputa interna que pueda surgir entre los partidos políticos, los poderes públicos y el sector privado.
• Dejar atrás el legado estadounidense de promover la militarización y la represión. En su lugar, apoyar los esfuerzos basados en la comunidad para abordar las causas estructurales de la violencia a través de programas sociales y medidas preventivas.
• Promover y defender los derechos humanos de los salvadoreños que viven en EE.UU., los derechos de los migrantes en tránsito, y abandonar los modelos económicos y de seguridad neoliberales promovidos por los EE.UU. que los desplazan. Poner fin a los esfuerzos de EE.UU. para militarizar las fronteras de América Central, que sólo crean amenazas aún mayores a una población ya vulnerable.