Desde que Donald Trump entró como Presidente de los Estados Unidos, el gobierno de El Salvador se ha venido preparado por el impacto que las deportaciones masivas podrían tener en el país. Un aumento acelerado en deportaciones, los cuales ya habían llegado altos niveles bajo la administración de Obama, probablemente causarían severa inestabilidad en el pequeño país centroamericano donde empleos y oportunidades educativas siguen escasas y los servicios sociales están limitadas, y donde la violencia sigue empujando la migración y la inestabilidad comunitaria.

Desde varios años, el gobierno de El Salvador ha invertido y buscado cooperación para incrementar su capacidad de repatriar a migrantes deportados de los Estados Unidos y México y reintegrarlos en la sociedad salvadoreña, creando centros de atención y empezando programas para la creación de empleos y oportunidades educacionales. Pero el énfasis de Trump en deportar a personas con antecedentes criminales, y particularmente [personas] con afiliación pandillera y su obsesión especifica con las pandillas centroamericanas como la MS-13 has sido una preocupación amplia en el país, donde la administración del FMLN ha estado trabajando para tomar medidas en contra de las estructuras de crimen organizado y miembros de pandillas, y ha logrado una reducción significativa en asesinatos, extorciones y otros crímenes en lo que va del año.

Estas preocupaciones se hicieron más urgente con el aumento en el número de personas deportadas a El Salvador con antecedentes criminales relacionados con pandillas en los primeros seis meses del año; según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) desde enero hasta junio de este año El Salvador ha recibido 15,000 deportados (mayoritariamente desde los EEUU y México), y entre ellos habían 556 miembros de pandillas; esto se compara con un total de 514 miembros de pandillas [deportados] en todo el año de 2016.

Después de reuniones con el Fiscal General de los EEUU Jeffrey Sessions durante su visita a El Salvador en julio, el Fiscal General independiente del país Douglas Meléndez tuvo una conferencia de prensa en el cual afirmó que investigadores habían descubierto que los pandilleros deportados de los EEUU a El Salvador estaban reconstruyendo las estructuras pandilleras y dándoles nombres de ciudades y barrios de los EEUU. Anunció que en una reunión con Sessions y los Fiscales Generales de Guatemala y Honduras habían acordado llevar a cabo investigaciones en conjunto para enfrentar este problema. Meléndez siguió diciendo, “En el caso de El Salvador, debe existir una estrategia clara de cómo se va a tratar con este fenómeno de recibir a más personas, pero esto es responsabilidad del gobierno.”

Para tratar inmediatamente este asunto, el Comité de Seguridad y Justicia de la Asamblea Legislativa empezó a discutir respuestas legislativas con el gabinete de seguridad del presidente. Una primera propuesta de Guillermo Gallegos, un legislador de la derechista partido GANA y presidente de la Asamblea Legislativa, llamó a que los deportados identificados como miembros de pandilla sean inmediatamente capturados y encarcelados. Gallegos dijo al Canal 12 de El Salvador, “Estados Unidos tiene todo el derecho de deportar a todo aquel criminal, principalmente pandillero, y nosotros tenemos el derecho y la obligación como país, que una vez que pongan un pie fuera del avión, de capturarlos.” Justificó su propuesto con una referencia a la previa decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en la cual declaró a todo miembro de pandilla como terrorista.

El ejecutivo argumentó la propuesta, la cual hubiera violado la Constitución de El Salvador, con su propia propuesta en la cual los deportados miembros de pandilla serán puestos en un registro nacional y que se sometan a un régimen parecida a libertad condicional. Finalmente, la propuesta fue adoptada y el 29 de junio la Asamblea Legislativa aprobó Decreto 717 para crear un Registro para Pandilleros Deportados e implementar medidas de control especial para estos individuos.

Las medida especiales en Decreto 717 permiten a los cuerpos policiales locales la habilidad de monitorear y controlar a deportados por cinco causales: 1) si tiene antecedentes criminales vinculándose con pandillas o grupos criminales, 2) si asocian con individuos conocidos como miembros o colaboradores de pandillas o grupos criminales por la policía, 3) si frecuentan lugares conocidos como sitios de reunión de pandillas o grupos criminales, 4) si expresan escrito o dicho apologías o manifestaciones de adhesión o pertenencia a pandillas o grupos criminales, y 5) si realizan actos de intimidación en espacios públicos.

Después de ser deportado a El Salvador, todos serán entrevistados por la policía acerca de sus antecedentes criminales o conexiones a pandillas y la policía intentará a verificar la información usando registros criminales locales e internacionales, inspección de tatuajes, y información del Centro Transnacional Antipandillas. Al criterio de la policía, individuos que se creen tener conexiones con pandillas puede ser requeridos a registrarse y firmar en sus estación de policía local cada treinta días y informar a la policía de cualquier cambio de dirección o si tiene planes de salir del territorio nacional.

Las [personas] con antecedentes criminales confirmados serán mandados a aparecer frente un juez mientras los que son sospechados por una de los otras cuatro causales serian referidos a la oficina del Fiscal General quien puede pedir que un juez escuche el caso, con una oportunidad a que el individuo acusado se pueda defender o tener un abogado. El juez después emitiría un fallo y pueda aplicar algunas medidas adicionales, incluyendo la prohibición de que el individuo consume alcohol o drogas, llevar armas, asistir a ciertos lugares o asociarse con ciertas personas; jueces también pueden requerir que los acusados pandilleros participen en programas de rehabilitación, tener un trabajo o inscribirse en programas de educación, residir en ciertas zonas o hacer servicio comunitario.

La respuesta del gobierno de El Salvador ha sido influida por las experiencias de 1994 y 2006, cuando las administraciones de Clinton y Bush llevaron a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, muchos de ellos fueron hijos de salvadoreños refugiados quienes vinieron a los EEUU durante la Guerra Civil de los 1980s. Un gran número de estos jóvenes se habían organizado en pandillas en ciudades de EEUU como Los Ángeles como forma de defenderse de otras pandillas y la policía, y después se reorganizaron estas pandillas en El Salvador cuando fueron repatriados. La ola de deportaciones de este periodo es aceptada como uno de los factores principales tras la violencia pandillera que existe en El Salvador hoy en día.

Durante un evento comunitario en Los Ángeles, el legislador del FMLN Roger Blandino Nerio, un miembro del Consejo de Seguridad y Justicia, explicó “Esto no se trata de encarcelarlos [deportados con antecedentes criminales] si no han cometido crímenes en El Salvador, pero de tenerles bajo control para que el fenómeno del 1994 y 2006 no se repite, cuando mucho miembros de pandillas retornados llegaron y nadie los puso bajo control y sirvió para aumentar el crecimiento de pandillas en zonas donde nunca habían existido antes.”

Mientras la aprobación de la ley no fue muy controversial en El Salvador, los salvadoreños viviendo en los EEUU han expresado preocupaciones acerca de la ley desde perspectivas de derechos humanos. Los deportados en El Salvador ya son una comunidad marginalizada y discriminada, y hay preocupaciones que leyes como esta vallan a seguir [fomentando estereotipos] y criminalizando migrantes, creando un “canal de deportación a la cárcel.” Además, los que trabajan con jóvenes marginalizados en los EEUU han notado que las notoriamente racistas y anti-inmigrantes autoridades de los EEUU frecuentemente aplican la etiqueta “pandillero” sin causa. Un ley recientemente aprobada en la Camera de Representantes de los EEUU conocida como el Acta de Deportación de Extranjero Criminal haría más fácil la rápida deportación de individuos etiquetados como pandilleros, que ha sido señalada por críticos como una medida que va aumentar la criminalización de la juventud latinx.

Mientras los ataques de la administración de Trump y el Congreso contra comunidades inmigrantes se aumenta, países como El Salvador están preparando para las deportaciones masivas. Según Blandino, otras medidas que el gobierno también está implementando incluyen una iniciativa con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice y otros países a aprobar Leyes de Protección de Migrantes Jóvenes; la creación de un fondo que será financiado por pagos al consulado salvadoreño para proveer servicios legales y representación para salvadoreños enfrentando la deportación desde los EEUU o México y proveer “apoyo directo a personas quienes fueron víctimas de retornado forzado y ruptura con su familia;” y un esfuerzo coordinado por la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Relaciones Exteriores a abogar por los derechos de migrantes salvadoreños en el Congreso de los EEUU y con oficiales de la administración de Trump.