El Salvador pierde a empresa italiana en demanda internacional sobre asocio público privado

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La semana pasada, el Tribunal de Apelación de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Paris rechazó la apelación del gobierno de El Salvador de una decisión de 2011 que autorizó la adquisición de una mayoría de acciones de la empresa geotermia pública, LaGeo, por parte de una empresa italiana. La resolución es un ejemplo siniestro de los peligros de los asocios públicos privados (APP), y da más credibilidad a la oposición de los sindicatos salvadoreños a una Ley de APP impulsado por los Estados Unidos que está siendo estudiada por la Asamblea Legislativa.

En una ola de privatizaciones de servicios públicos en los 1990s, la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), reestructuró y privatizó parcialmente la empresa estatal de electricidad CEL, abriendo la empresa pública de generación eléctrica LaGeo a inversionistas internacionales privadas. En 2002, la empresa italiana Enel Green Power ganó el contrato para administrar la compañía conjunto al estado en la forma de un APP, y después intentó adquirir una participación mayoritaria en LaGeo. Pero el CEL se negó a renunciar su control de la empresa, y Enel llevó la demanda a la Cámara de Comercio Internacional para arbitraje, lo cual resolvió a favor de la empresa italiana. (Para más información sobre el caso, lee este artículo reciente en Labor Notes.)

La pérdida de El Salvador significa que el estado está obligado vender a Enel una mayoría de acciones en LaGeo, incluso dejando a la empresa extranjera la posibilidad de hacerse cargo de la compañía estatal totalmente. La decisión muestra precisamente por qué muchos consideran que los APP no son nada más que privatización disfrazada: en lugar de crecer la economía salvadoreña como argumenta el Departamento del Estado estadounidense, los APP en realidad debilitan la nación, desviando ingresos estatales muy necesarios hacia bolsas extranjeras privadas. Según el Presidente Mauricio Funes, El Salvador perderá $80 millones cada año como resultado de esta resolución.

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