El nuevo centro de intervención telefónica de El Salvador – fruto de la insistente influencia de la Embajada de EEUU- se mantiene en el misterio después de más de un año y medio desde su aprobación, en tanto que el Fiscal General rehusa dar a conocer información básica. En Marzo de 2010, después de años de presión y ofertas de financiamiento desde la embajada de EEUU, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó su constitución para legalizar la intervención telefónica y correo electrónico para investigaciones criminales y aprobó la creación de un Centro de Intervención de Telecomunicaciones que sería administrado por la oficina del Fiscal General. El gobierno de EEUU se comprometió a equipar el centro y a entrenar a su personal. Frustrado por la falta de información sobre el centro, el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Luna, denunció al Fiscal General Barahona por una completa falta de transparencia en relación al desarrollo del centro y pidió una investigación formal de la Asamblea Legislativa. Luna también informó a la Asamblea que Barahona habría ignorado sus intentos repetidos de desarrollar un protocolo de derechos humanos para el centro con la oficina del Fiscal General. Al ser llamado ante la Asamblea Legislativa el 24 de Octubre, Barahona culpó la delación en la apertura del centro a la falta de recursos, afirmando que el gobierno de EEUU todavía no habría puesto disponibles los recursos prometidos. También dijo que un edificio habría sido asegurado y que habría nombrado un director, pero rehusó dar el nombre de dicho director por cuestiones de seguridad. La falta de información de Barahona y el aparente desprecio por los derechos humanos justifica dudas anteriores presentadas por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, durante el debate legislativo sobre el centro de intervención telefónica. El FMLN presionó duro para asegurar que la intervención sean altamente regulada y solo permitidas con una orden judicial. También presionó por que el centro sea supervisado por el Ministerio de Seguridad Pública - entonces bajo la dirección de Manual Melgar y quien fue recientemente forzado a renunciar debido a presión de EEUU Sin embargo, los partidos derechistas cerraron filas para asegurar que el centro sea controlado por la oficina del Fiscal General. Barahona ha sido repetidamente denunciado por perpetuar la larga historia de impunidad de El Salvador al rehusar investigar asesinatos políticos - incluídos los asesinatos de cuatro activistas contra la minería - o investigar por corrupción a representantes de previas administraciones. Traducción del Inglés por Reynaldo Contreras-Valle.