Movimiento social defiende Iniciativa de transporte público contra el sobre abuso de poder de la Corte Suprema

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La Corte Suprema dio una medida cautelar en contra del SITRAMSS abriendo los carriles rápidos de buses a vehículos privados. Foto: CISPES

El 8 de mayo magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema asigno medida cautelar contra los carriles exclusivos reservados para el uso exclusivo del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), el proyecto innovador de bus rápido de transito dela capital implementada en 2013 bajo la primera administración del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Actores del movimiento social manifestaron en contra de la decisión exigiendo su revocación, además de la destitución de los cuatro magistrados malos vistos quienes estuvieron involucrados en la decisión. El fallo forma parte de una serie de decisiones políticamente motivadas de la Sala de lo Constitucional que muchos del movimiento social y actores políticos de la izquierda han interpretado como intentos de socavar los proyectos sociales del actual gobierno, bloquear sus finanzas, y paralizar el avance de cambios estructurales económicos por cualquier vía necesaria.

En 2013, la presidencia del FMLN bajo Funes fundó el proyecto moderno de bus SITRAMSS con un asocio publico privado entre el Ministerio de Obras Publicas y la Unión de Empresas SITRAMSS como respuesta al sistema precario y peligroso de transporte privado de San Salvador y la fuerte congestión de tráfico. Pero en 2015, Juan Pablo Álvarez, Presidente de Rutas Unidas Salvadoreñas y la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), dueños del fracasado sistema privado de transporte de bus, presentó una demanda pidiendo a la Sala de lo Constitucional que cerraran el proyecto de SITRAMSS. La asociación de autobuses privados, una parte de la oligarquía empresarial, se ha sentido amenazada por el SITRAMSS porque ha mejorado seguridad, salud y estándares ambientales en el transporte público; y porque ha habido un intento por parte del gobierno de reclamar [control sobre]la infraestructura como un bien público e implementar medidas de control y monitoreo. Inicialmente, la Corte evitó tomar cualquier decisión final sobre el caso, pero en mayo demandaron que la Presidencia produjera información acerca del proceso de licitación por la cual el SITRAMSS adquirió acceso exclusivo a calles publicas y terminales, un asunto que no fue contemplado originalmente por el demandante. Esto evidenciaba los serios conflictos de interés de los magistrados y viendo esto, la presidencia exigió que los jueces sean recusados en el caso, pero antes de cumplir con esto dieron la medida cautelar al minuto final.

Este fallo provisional abrió los carriles reservados a otros vehículos creando aun más caos en el trafico y desacelerando el tiempo de transito para los usuarios del SITRAMSS viajando en la capital. El Ministerio de Obras Publicas y la Presidencia respondieron con asignar policías de tráfico en varias entradas del SITRAMSS en diferentes partes de la ciudad y en zonas donde los carriles están bajo construcción para garantizar el funcionamiento del proyecto.

Mientras tanto, organizaciones progresistas de la sociedad civil están llamando a actos de desobediencia civil y hasta han llamado a la Legislatura a crear una comisión especial para investigar y destituir los magistrados de la Sala, que  según ellos, “es un derecho de la Asamblea bajo la Constitución.” Leonel Herrera, un miembro de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) dijo, “ya no hay ninguna lógica jurídica, no hay ningún criterio de control constitucional, sino que es una arbitrariedad, un abuso de la función de los magistrados:” ASGOJU recientemente presentó una demanda en contra de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en la Tribunal de Ética Gubernamental, una agencia independiente del gobierno responsable para hacer responsable a funcionarios públicos, argumentando que el fallo no fue guiado por argumentos validos constitucionales, “hay un sistema de transporte, moderno, seguro y eficiente, ese es el interés público mientras que el interés privado sería el de los empresarios de buses que recurren a la Sala para boicotear el SITRAMSS” dijo Herrera en una entrevista afuera del Tribunal de Ética.

Mientras el proyecto está todavía en su primera fase de cumplimiento, ya ha beneficiado a más de 521,000 personas, la mayoría de las personas han sido mujeres, personas mayores de edad y personas discapacitadas, además de jóvenes marginalizados quienes movilidad ha sido mayormente limitada por la crisis de seguridad y la congestión de tráfico en la zona de San Salvador. El 15 de mayo miembros del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD) manifestaron y se pronunciaron en defensa del SITRAMSS. Si la medida cautelar sigue en efecto más de 430,000 personas, representando a 80% de la población usando el transporte público, van a ser negativamente afectadas.

El fallo demuestra que los magistrados de la Sala de lo Constitucional priorizan los intereses empresariales sobre el bien público; calles y caminos en la ciudad ya priorizan la movilidad de vehículos en vez de asegurar el acceso peatonal a movilidad segura. La Unión de Empresas SITRAMSS también ha amenazado con salir del proyecto si el asunto no se resuelve, y más préstamos para expandir el proyecto están en riesgo. Esto recalca una de los varios problemas con asocios públicos privados, como el balance es la rentabilidad en vez del bien público de tener infraestructura pública de transporte razonable y segura. Varios sistemas de transporte publico con carriles exclusivos han resultado exitosos en países vecinos como México, Guatemala, y en Sudamérica,  Brasil, Colombia y Ecuador.

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