En respuesta al clamor público que pide la intervención del Gobierno para hacer frente al intenso clima de violencia e inseguridad en El Salvador, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del partido Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), ha comenzado a aplicar nuevas y controvertidas medidas para combatir los altos índices de violencia y la impunidad relacionada con las pandillas. 

El 1 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó con voto unánime la primera fase de varias nuevas medidas excepcionales propuestas por el gobierno de Sánchez Cerén, destinadas a abordar la violencia de las pandillas. Estas iniciativas fueron aprobadas tras el asesinato de ocho trabajadores del sector eléctrico y tres agricultores por miembros de bandas locales en San Juan Opico, departamento de La Libertad. La matanza y la cobertura sensacionalista que hicieron los principales medios de comunicación intensificaron las demandas públicas de una acción del Gobierno contra las pandillas. 

Las medidas excepcionales aprobadas se centran en las cárceles del país y tienen como objetivo impedir el uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación por los líderes de pandillas presos quienes los utilizan para dirigir y coordinar extorsiones, asesinatos y otros delitos en el exterior. Cerca de 300 personas identificadas como jefes de pandillas han sido trasladadas a los penales de máxima seguridad, mientras que los presos con condenas menores y enfermedades terminales están siendo evaluados para una liberación anticipada, con la esperanza de aliviar el hacinamiento. Los derechos de visita de los presos también se han suspendido temporalmente y los registros al azar en busca de teléfonos celulares y otros accesorios se llevan a cabo con mayor frecuencia. Fuerzas militares y de la policía civil adicionales han sido también entrenadas y desplegadas en las regiones más afectadas por las pandillas, y con el fin de reforzar la seguridad en siete de las cárceles del país. 

Asimismo, se han renovado las presiones contra las compañías de telecomunicación por no cumplir la legislación que les obliga a bloquear todas las señales de teléfono dentro y alrededor de las cárceles. El 30 de marzo, el Tribunal Supremo confirmó que el gobierno puede multar a las empresas de telecomunicaciones con hasta 750 millones de dólares al día por no bloquear las señales. 

Según el gobierno, las medidas extraordinarias están acelerando el descenso de la tasa de homicidios, que había entrado en una ligera tendencia a la baja desde que se disparó en agosto de 2015. Las estadísticas recogidas por la Policía Nacional Civil (PNC) sugieren que el nivel de homicidios se redujo de un promedio de veinte por día en marzo a un promedio de 11 por día en abril. Además, después de que la PNC cortase el suministro eléctrico a las antenas cercanas a las prisiones, Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones para el Presidente, reportó una disminución del 59% en el número de extorsiones reportadas por las grandes empresas, aunque señaló que era demasiado pronto para confirmar una definitiva tendencia. 

Sin embargo, otros han atribuido la reciente disminución de los homicidios no a las medidas de seguridad extraordinarias, sino más bien a un alto el fuego temporal anunciado a finales de marzo en un vídeo por una persona que representa a las principales pandillas de El Salvador, la MS-13, la Calle 18-Sureños y la Calle 18-Revolucionarios. En el video, que fue grabado antes de la aprobación de las medidas, el representante de las pandillas advierte que si el gobierno sigue adelante con las medidas extraordinarias, las bandas reaccionarán con mayor violencia. Sin embargo, el gobierno reiteró su negativa a entablar negociaciones. Paolo Lüers, columnista del periódico derechista El Diario de Hoy anunció que había verificado, a través de sus propios contactos dentro de las bandas,la autenticidad del vídeo y lamentó la posición del Gobierno. 

Los defensores de los derechos humanos, tanto en El Salvador como en el extranjero, han expresado fuertes críticas a la agresiva estrategia del gobierno de Sánchez Cerén, advirtiendo que dará lugar a un incremento de las violaciones de los derechos humanos y fomentará un clima de impunidad aún mayor dentro de las fuerzas policiales y de seguridad. El 5 de abril, Abraham Ábrego, Director de la Fundación de El Salvador de Estudios para la Aplicación de la Ley (FESPAD),habló en Washington DC sobre los peligros de las políticas intransigentes contra las bandas en El Salvador, y afirmó:“El enfoque no puede ser una mayor estigmatización de los jóvenes, que es lo que está sucediendo actualmente. No creemos que el tratamiento para el problema de las pandillas deba ser la exclusión, sino que se debe tenerlas en cuenta y superar el temor al diálogo. Llamamos la atención sobre este punto porque parece más bien que estamos ante estrategias de limpieza territorial a través de un aumento de las violaciones de los derechos humanos, y no creemos que ésta debería ser la respuesta para resolver los problemas de la violencia en el país.” 

Recientemente, se han presentado pruebas de estas violaciones de los derechos humanos al Procurador de Derechos Humanos, David Morales, quien presentó un informe durante una conferencia de prensa el 25 de abril en el que se concluye que la PNC había efectivamente cometido ejecuciones extrajudiciales en lo que los agentes policiales habían reportado como“tiroteos” en la finca San Blas, el 26 de marzo de 2015 y en Panchimalco, el 15 de agosto de 2015. Morales dijo a la prensa que su oficina está investigando actualmente un total de 39 “actos que podrían indicar posibles ejecuciones extrajudiciales” de 139 personas. Según Ábrego, el gabinete de Sánchez Cerén ya ha tomado la decisión deestablecer una comisión que será coordinada por David Morales, un defensor reconocido y respetado de los derechos humanos con una larga trayectoria, para garantizar que se respeten los derechos humanos durante la ejecución de las medidas extraordinarias. 

Medidas como el uso de fuerzas conjuntas de la policía y el ejército parecen, en muchos sentidos,contrarios a los esfuerzos del propio Gobierno para desarrollar un plan integral de seguridad ciudadanaque haga frente a la violencia como un problema estructural y una crisis social, y se aleje de las tristemente conocidas políticas policiales de “mano dura”ejecutadas en la década de 1990 y principios de 2000 por los sucesivos gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de extrema derecha. 

De hecho, para impulsar algunos aspectos del plan integral de seguridad, que aborda los déficits tan arraigados del país, el Gobierno también anunció la creación del Viceministerio de Justicia y el Viceministerio de Prevención Social, ambos bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública. El primero supervisará la atención a las víctimas de la violencia, apoyará el desarrollo de nuevas propuestas de legislación para la aplicación de la ley, y proporcionará apoyo legal general al Ministerio; el segundo coordinará programas gubernamentales interinstitucionales para abordar las causas estructurales de la violencia. 

Mientras que el partido FMLN ha dado pasos sin precedentes para hacer frente a las desigualdades socioeconómicas históricas del país, tan arraigadas, mediante el aumento de los programas de gasto y prevención social, el Gobierno se ha visto fuertemente limitado por la falta de recursos resultantes de los esfuerzos de la derecha para bloquear la financiación, tanto en la Asamblea Legislativacomo en el Tribunal Supremo, donde la Sala Constitucional ha anulado inclusolas modestas reformas tributarias y mantiene congelados en la actualidad unos 900 millones de dólares destinados a gastos sociales y programas de seguridad. El equilibrio se alterará aún más con el aumento masivo del gasto policial y militar de los Estados Unidos, que promueve la criminalización y la represión bajo la bandera de la “guerra contra las drogas”, a pesar de la oposición generalizada de las organizaciones de derechos humanos, defensa del ambiente, mujeres, indígenas y políticas de drogas en todo el Hemisferio.