Tribunal del Banco Mundial pronto emitirá su decisión en el caso minero de PacficRim/ Oceana Gold contra El Salvador

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Pacific Rim/ Oceana Gold utilizo leyes injustas de comercio y inversión para demandar al gobierno de El Salvador en el 2009; salvadoreños que pagan impuestos han pagado más de $13 millones en costos legales para defender su derecho a proteger sus recursos hídricos y ambientales. El Tribunal del Banco Mundial espera emitir su decisión a mediados de octubre.

Pacific Rim/ Oceana Gold utilizo leyes injustas de comercio y inversión para demandar al gobierno de El Salvador en el 2009; salvadoreños que pagan impuestos han pagado más de $13 millones en costos legales para defender su derecho a proteger sus recursos hídricos y ambientales. El Tribunal del Banco Mundial espera emitir su decisión a mediados de octubre.

En los últimos años, CISPES junto a organizaciones ambientales, de derechos humanos, justicia en comercio, sindical y religiosas en los EEUU y Canada, ha acompañado al movimiento social salvadoreño en su lucha valiente para poner le alto a la empresa minera Pacific Rim (ahora Oceana Gold) quien quiereabrir una mina de oro en Cabañas, El Salvador, y también han luchado contra la demanda de $300 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Después de siete largos años, y más de $13 millones en costos legales que han forzado a ciudadanos salvadoreños pagar en impuestos para poder defender su derecho a proteger sus recursos hídricos y ambientales, el Tribunal del Banco Mundial espera emitir su fallo a mediados de octubre.

En 2009 Pacific Rim/ Oceana Gold utilizo leyes injustas de comercio para demandar al gobierno salvadoreño por no haber aprobado su solicitud de permiso minero; estas políticas que favorecen a las empresas multinacionales son un componente fundamental de muchos tratados de libre comercio, incluyendo la propuesta Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en ingles).

Después de la demanda, cuatro organizadores comunitarias quienes fueron activas en la lucha contra la minería fueron asesinados; Marcelo Romero, Dora Alicia Recinos Sorto, Ramiro Rivera y Juan Franciso Durán Ayala. Varios otros han sobrevivido amenazas contra sus vidas.

Tras meses de silencio del CIADI sobre el estado de su decisión, a principios de agosto, Luis Parada abogado del estado salvadoreño en el caso, dijo a la prensa salvadoreña que el Tribunal había tomado su decisión y pronto seria emitida.

Sin embargo, la empresa minera posteriormente pidió una extensión para negociar con el gobierno. Según Parada, la empresa “había hecho una propuesta al gobierno salvadoreño de entablar conversaciones privadas y confidenciales,” presuntamente para presionar al gobierno ha otorgar el permiso minero antes que la decisión se hiciera publica. Sin embargo, el gobierno salvadoreño rechazó la propuesta, y en vez pidió que el Tribunal emitiera su decisión lo más antes posible.

Mientras tanto, representantes dela Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador, que aglutina comunidades directamente afectadas por la minería y organizaciones nacionales destacadas del medioambiente y derecho a la tierra y el agua, tuvieron su propia reunión con el Presidente Sánchez Cerén. Durante esta reunión, el presidente reafirmó su compromiso de no permitir la minería en el país durante su término.

Además, accedió a mandar la propuesta de la Mesa por un orden executivo para suspender la minería metálica en El Salvador a sus asesores legales para que la revisen; los partidos de la derecha han bloqueado una propuesta parecida en la Asamblea Legislativa desde 2010.

A pesar de los asesinatos, las amenazas y las propuestas de “beneficios comunitarios”, las comunidades afectadas, junto con al movimiento ambiental y el FMLN, han sostenido su compromiso de prevenir el estrago y destrucción de la minería metálica en El Salvador, y hasta ahora, se han triunfado.

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