El Salvador Enfrenta Nueva Demanda en el Banco Mundial sobre Empresa Eléctrica Pública, Ex-Presidente Implicado en Contrato Corrupto

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El 13 de agosto, la empresa italiana Enel Green Power presentó una demanda contra el gobierno de El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el derecho de comprar la empresa pública de energía geotérmica, LaGeo. La medida es lo más actual en la batalla jurídica continua sobre LaGeo, un asocio público-privado (APP) transnacional que ha fallado, y que ha energizado el debate sobre la recién-aprobada Ley de APP, que actualmente enfrenta propuestas de reformas controversiales. El CIADI es el mismo tribunal del Banco Mundial que Pacific Rim y Commerce Group, basados respectivamente en British Columbia y Wisconsin, usaron para demandar a El Salvador, sin éxito, por haberles negado permisos de explotación minera de oro. El órgano todavía no ha anunciado si va a aceptar el caso. Mientras tanto, la comisión legislativa convocada para investigar el contrato de APP de LaGeo entre el estado y Enel publicó su informe la semana pasada, recomendando que el ex-presidente Francisco Flores del partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), junto con otros actores claves en el contrato sean investigados por la Fiscalía General de la Republica por corrupción y por acciones en contra de los intereses del estado. Estas recomendaciones ahora enfrentan estudio y debate en la Asamblea Legislativa. Si es aprobado con una mayoría simple de 43 votos, el Fiscal General Luís Martínez investigaría el caso. “Por primera vez en la historia del país estamos enjuiciando a un ex-presidente y eso implica que vamos avanzando en este proceso democrático que exige transparencia”, dijo el presidente de la comisión, el diputado del partido de izquierdas el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Jaime Valdez. Valdez se expresó cautelosamente optimista que, a pesar de la historia de Martínez en la anterior administración de ARENA dirigida por ex-presidente Tony Saca, Martínez procedería debidamente con la investigación si las recomendaciones sean aprobadas, notando que “a Francisco Flores ya se le está cuestionando a petición del presidente Mauricio Funes quien pidió una investigación por este mismo caso”. De hecho, llamando a LaGeo una “privatización disfrazada”, Funes se ha hecho eco del enojo por el movimiento social y jurado hacer todo en su poder de “no entregar el patrimonio salvadoreño a manos extranjeras”. La defensa vehemente y franca de LaGeo por parte del Presidente señala un contraste extraño y marcado a su igualmente franca abogacía para la Ley de APP—legislación que Jaime Rivera, un empleado de LaGeo y Secretaría de Organización para el Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrica (STSEL), en enero advirtió que “nosotros como país perderíamos toda la oportunidad de ser dueños de empresas que generan recursos para la inversión social”.

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