Corte de derechos humanos encuentra culpable al Estado Salvadoreño

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El 10 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José, Costa Rica, encontró culpable al Estado salvadoreño de violar los derechos humanos a la vida, integridad personal, vida privada, propiedad privada y los derechos de los niños en un caso presentado por familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote.

El brutal asesinato en 1981 de más de mil civiles, de los cuales 450 fueron infantes y niños en El Mozote y caseríos aledaños en el departamento de Morazán, ocurrió durante la guerra civil del país y fue cometida por el Ejército salvadoreño el cual estaba siendo financiado por el gobierno de EEUU en ese tiempo. Haga clic aquí para ver un video acerca de la masacre con el testimonio de la única sobreviviente, Rufina Amaya.

Al principio del año, el Presidente Mauricio Funes hizo historia con el primer reconocimiento oficial del rol del gobierno en la masacre y públicamente pidió perdón en nombre del Estado.

Los oficiales militares que perpetraron el acto, sin embargo, no pueden ser llevados a la justicia en El Salvador porque una ley aprobada en 1993 concede amnistía por crímenes cometidos durante la guerra civil del país. Enfrentados con la imposibilidad de justicia en su propio país, defensores de los derechos humanos salvadoreños y familias de las víctimas de crímenes de guerra se han visto forzados a buscar justicia en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia de ayer demanda que el gobierno salvadoreño lleve a cabo una investigación completa, que conduzca un censo de las víctimas, exhume, identifique y retorne los restos de las víctimas a sus familias y que ‘asegure’ que la Ley de Amnistía del país no es un ‘obstáculo’ para la investigación. El Tribunal también sentenció contra medidas adicionales pedidas por las familias de las víctimas, incluyendo reparaciones económicas, un programa de salud para las comunidades que fueron víctimas de la masacre y un programa de educación sobre derechos humanos permanente y obligatorio para las Fuerzas Armadas.

Traducción del inglés por Reynaldo Contreras-Valle.

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