Sindicalistas enfrentan retaliación e intimidación por apoyar a trabajadores municipales

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Muy tarde durante la noche de domingo 26 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) llegó a la Casa Sindical, el local del Frente Sindical Salvadoreño, y acordonaron el edificio, prohibiendo la entrada de las y los trabajadores y negándose a presentar la justificación legal para la medida. La mañana siguiente, una multitud de sindicalistas del FSS se había concentrado para exigir que la policía produzca una órden judicial o deje que ellos accedieran su espacio. Mientras la situación se ponía tensa, legisladores y líderes del partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMN), llegaron y ayudaron a que los sindicalistas convencieron a la policía a retirarse después de confirmar que no existía ninguna ordén de registro ni ordén judicial.

Para los y las sindicalistas del FSS, el incidente recordó escenas de la indimidación policial y los ataques contra trabajadores en los años antes y durante la Guerra Civil; de hecho, el incidente ocurrió apenas unos días antes del 23 aniversario del bombardeo del mismo local sindical por parte de las fuerzas represivas, en lo cual se murieron 10 miembros de FENASTRAS en 1989.

El Secretario General del FSS, Wilfredo Berrío, informó que fuentes dentro del gobierno les habían informado a los sindicalistas que Norman Quijano y COENA, la comisión directiva de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), denunciaron a la policía que la Casa Sindical almacenaba granadas. El martes en la mañana, miembros del Frente Sindical denunciaron frente la Fiscalía General de la República al General Francisco Salinas, el Director de la Policía Nacional Civil, por actos arbitrarios. El miércoles siguiente era el Día del Sindicalista y los sindicalistas conmemoraron los ataques de 1989 contra FENASTRAS y marcharon a las oficinas del gobierno central, condenando acciones represivas contra trabajadores organizados.

Berríos considera que la denuncia hecha por Quijano es una represalia por el apoyo que el FSS ha dado a los trabajadores municipales despedidos en municipios gobernados por ARENA a través de la Federación Sindical de Trabajadoras/es Municipales (FESITRAM), afiliada al FSS. El FSS ha estado ocupado en las últimas semanas mientras su oficina ha recibido una inundación de denuncias de despidos políticos en municipios alrededor de San Salvador. Al mismo tiempo que alcaldes y alcaldesas de ARENA trabajan para amortiguar las repercusiones de esándalos recientes relacionados con aumentos salariales, muchos de estos mismos gobiernos municipales, incluyendo los de Soyapango, Ilopango, Mejicanos, y San Salvador, ahora están enfrentando fuertes protestas laborales por despidos masivos de trabajadores, muchos afiliados de FESITRAM.

El FSS ha estado acompañando activamente y vocalmente a los trabajadores despedidos en organizar protestas y denunciar a estos gobiernos muncipales por despidos injustificados. El Alcalde de San Salvador y también candidato presidencial de ARENA para 2014, Norman Quijano, despidió más de 850 trabajadores municipales cuando asumió su cargo en mayo de 2009. El Alcalde de Soyapango, Jaime Lindo, ha despedido 56 trabajadores municipales desde tomar posesión hace siete meses sin justificar los relevos.

En Mejicanos, la Alcaldesa Juana de Pacas despidió 42 trabajadores municipales cuando asumió su cargo y el 31 de octubre ella desencandenó protestas masivas después de anunciar que iba a despedir 80 trabajadores más. Las tensiones aumentaron cuando 50 agentes municipales de seguridad se negaron a cumplir la orden de la alcaldesa a atacar a los trabajadores que protestaban, y fueron despedidos inmediatamente también. Desde entonces, la Alcaldesa de Pacas ha insistido en que los agentes municipales de seguridad se renunciaron de sus plazas voluntariamente, así eximiendo a la Alcaldía a pagarles una indemnización. Samanta de Gallegos del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mejicanos explicó que los agentes “se negaron a golpearnos, pero en ningún momento han renunciado.” El incidente recibió amplia atención mediática al nivel nacional, y negociaciones entre la Alcaldía y los trabajadores despedidos que buscan reinstalo o indemnización han comenzado con la mediación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Mientras tanto, los sindicalistas del FSS siguen preocupados que las acciones de intimidación de la policía en la Casa Sindical pueden señalar el inicio de una serie de ataques contra los trabajadores organizados en general y el FSS especificamente. Wilfredo Berríos considera que las acciones ilegales de la policía y las acusaciones falsas y absurdas de Quijano contra el FSS son un ataque directo contra la libertad sindical. Según él, los ataques del alcalde en conjunto con recientes desalojos violentos de miles de vendedores son parte del trabajo electoral de Quijano para arremeter contra su oposición política. Berríos llama a “que personas en todo el mundo denuncien la matonería del señor Quijano.”

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