La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema acusada de servir a los intereses de ARENA

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Accounts Court magistrates are sworn in by Legislative Assembly. Less than 24 hours later the Constitutional Chamber revoked their election.

El 21 de marzo, cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador revocaron la elección realizada por la Asamblea Legislativa de tres nuevos magistrados de la Corte de Cuentas, la institución de auditoría del Estado, lo que provocó protestas generalizadas. El presidente, Mauricio Funes, y el presidente de la Corte Suprema, Salomón Padilla, han criticado la argumentación del fallo, afirmando que sobrepasa el mandato de la Sala de lo Constitucional. El conflicto es el último de una serie de disputas entre los poderes legislativo y judicial.

De conformidad con los procedimientos establecidos por mandato constitucional, la Asamblea Legislativa eligió tres nuevos magistrados de la Corte de Cuentas en junio de 2011. Pero 18 meses después, en enero de 2013, la Sala de lo Constitucional consideró que dicha elección era inconstitucional y ordenó una nueva votación. La citada Sala sostenía que los legisladores no documentaron de forma explícita los requerimientos de “reconocida competencia” y “honor” que el puesto requiere, calificaciones que nunca antes han sido documentadas, pero que se da por hecho que se establecieron en el debate legislativo previo a la elección. El 20 de marzo, la Asamblea celebró una segunda vuelta electoral, pero en menos de 24 horas la Sala de lo Constitucional emitió un comunicado que invalidaba la nueva elección.

Salomón Padilla, presidente de la Corte Suprema y único magistrado de la Sala de lo Constitucional que no firmó la declaración, cuestionó su legitimidad. En oposición al protocolo de la Corte Suprema, Padilla no convocó la reunión de los magistrados que redactaron la declaración, ni estuvo presente él mismo. Padilla también afirmó que la declaración de la Salda de inconstitucionalidad no fue un fallo sobre un caso ante la Corte, por lo que los magistrados no tenían jurisdicción sobre la elección. El magistrado llegó a decir que la declaración puede “considerarse una clara intromisión en los asuntos que le son propios a la Asamblea Legislativa.” El presidente Funes expresó su preocupación y dijo que la decisión “ha creado un serio problema institucional que hace mucho daño al país, que daña su imagen internacional y que por sus fundamentos se podrían considerar, incluso, como un atentado a la democracia.”

Estos mismos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional estuvieron también en el origen de otros conflictos entre la Corte Suprema y la Asamblea. El izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), junto con muchas organizaciones de trabajadores, campesinas y de mujeres, ha acusado en otras ocasiones a estos cuatro magistrados de ceder a intereses externos, en particular los del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el sector de grandes empresarios que representa.

En un editorial periodístico sobre la declaración de los cuatro magistrados de la Cámara, el jefe de la bancada legislativa del FMLN, escribió: “Es realmente peligrosa la situación en que colocan al país estos cuatro abogados. La máscara se cae, la agenda se desnuda, la postura de servilismo a un bloque oligárquico quedó más que clara con estas actuaciones.” De hecho, un cable de la Embajada de EE.UU. de 2008 reveló planes de ARENA centrados en “el control de las principales instituciones, incluida la Corte Suprema” en caso de una victoria de Funes en las elecciones presidenciales de 2009. Teniendo en cuenta el papel de las Cortes Supremas de los últimos golpes de Estado en Honduras y Paraguay, estas intervenciones judiciales recientes en la gobernanza nacional son particularmente preocupantes.

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