En El Salvador la derecha se ha cerrado filas para proteger a las notorias corporaciones de medios de comunicación conservadoras de investigaciones, votando el 14 de agosto para excluir a los medios y agencias de publicidad de ciertas estipulaciones de la recién aprobada Ley Contra el Lavado de Dinero.

El mes pasado, todos los partidos dieron sus votos para aprobar a reformas de la Ley Contra el Lavado de Dinero después de un largo debate político sobre cuáles entidades o individuos deberían ser sujetos a escrutinio especial. Los seleccionados, desde funcionarios y partidos políticos hasta grupos deportivos y empresariales, tienen como deber informar sobre transacciones financieras de $10,000 o más en dinero en efectivo y de $25,000 o más en otras formas a la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la República. De forma contradictoria, los partidos políticos de derecha luego aprobaron reformas adicionales para excluir a los medios de comunicación y agencias de publicidad de este listado a pesar de haber dado su voto para incluir estos grupos anteriormente.

Hoy la derecha afirma que mantener a los medios de comunicación como sujetos especiales ante la Ley Contra El Lavado de Dinero pone en riesgo sus derechos constitucionales de libre expresión--el mismo argumento dudoso acertado para intentar de excluir a los dueños de comunicaciones del pago de impuesto sobre la renta. La legisladora del partido del gobierno el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) Norma Guevara acusó a los partidos de derecha de proteger compañías de medios corruptos por Twitter: “los que pagan campañas denigrantes con dinero ilegal quedan protegidos con la reforma”.

 La aprobación de la reformas a la Ley de Lavado de Dinero  fue la supuestamente última de varias condiciones políticas controversiales exigidas por la Embajada estadounidense como condición para el desembolso del paquete de cooperación para el desarrollo de la Corporación Reto del Milenio (MCC) hacia El Salvador. La embajadora de EEUU Mari Carmen Aponte montó una fuerte campaña de presión pública por la ley, insistiendo que los funcionarios y otras figuras políticas deben ser sujetas a este escrutinio mayor mientras amenazó con detener el desembolso los fondos de casi $300 millones del MCC. Aunque  Embajadora Aponte fue una figura clave en el debate sobre la inclusión de actores políticos en la Ley de Lavado, ella ha estado notablemente ausente en la discusión sobre exclusión de los medios de comunicación de la ley. Mientras tanto, con el último requisito de la Embajada implementado a la fuerza, todavía no hay noticias sobre el estatus del desembolso del paquete controvertido MCC.

Traducido por Samantha Pineda.