El 24 de febrero, los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala se reunieron con el Vice-Presidente Biden en Washington DC, para discutir el Plan Alianza para la Prosperidad, una iniciativa controversial que trata los temas de seguridad y desarrollo económico promovidos por la Administración de Obama y el Banco de Desarrollo Interamericano aparentemente para bajar el flujo de migrantes de la región. La reunión tuvo lugar mientras las acciones del movimiento de justicia para migrantes sigue exigiendo un alto a las deportaciones de Centroamericanos solicitantes de asilo en los Estados Unidos, mientras las organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, laborales y solidarias alzan serias preocupaciones sobre los objetivos y consecuencias de la Alianza para la Prosperidad.

En diciembre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó $750 millones en asistencia Estadounidense para apoyar el Plan de Alianza para la Prosperidad, aproximadamente el doble de fondos para las actividades del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la región. El paquete representa una expansión significativa de las mismas políticas de seguridad y económicas como la iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI) y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), las cuales han contribuido a altos niveles de violencia y desigualdad que están alimentando el desplazamiento en la región, como comento el Director Ejecutivo de CISPES en una entrevista reciente.

La critica abierta de CISPES sobre las políticas Estadounidenses las cuales benefician los intereses de corporaciones al costo del pueblo y del planeta fue destacada en varios artículos incluyendo: Expertos Dicen Paquete Estadounidense hacia Centroamérica Falla a lo Grande  de ThinkProgress y Gran Asistencia Estadounidense para Centroamérica Empeorara la Desigualdad de Telesur.

La declaración del Departamento de Estado sobre la junta de Biden con los tres presidentes puso al descubierto las metas verdaderas de Estados Unidos  y su incrementación de ayuda: parar la llegada de migrantes y refugiados de El Salvador, Honduras y Guatemala a los Estados Unidos – sin importar el costo humano. El funcionario del Departamento de Estado Juan Gonzalez reporta que el plan incluirá esfuerzos para “combatir el trafico de personas, continuar los esfuerzos de fortalecer la seguridad en la frontera y facilitar el retorno” de migrantes indocumentados deportados hacia la región desde los Estados Unidos. Parece que poco queda de la sugerencia de la Casa Blanca al Congreso que el plan se dirige hacia las causas fundamentales de la migración.

El usar ayuda como la zanahoria y el palo en la diplomacia no es nada nuevo para el gobierno de los Estados Unidos, pero la manipulación de ayuda financiera para el plan de desarrollo regional es una herramienta para la expansión hacia el sur y la militarización de la frontera tendrá consecuencias devastadoras.

El día antes de la reunión de la Alianza para la Prosperidad, un grupo de líderes de derechos de migrantes fueron arrestados en un plantón pacifista frente de la Casa Blanca para hacer para demandar un alto a las redadas y deportaciones. Cargando 83 cruces representando las 83 personas que fueron asesinadas en el 2014 al regresar a El Salvador, Honduras y Guatemala después de haber sido deportados de los Estados Unidos, los manifestantes llevaban guantes rojos y cargaban una pancarta que decía, “Presidente Obama: Tienes sangre en tus manos.”

El miércoles, cuando Biden se sentaba con los tres presidentes, otra multitud de migrantes Centroamericanos se reunieron para exigir que la Administración de Obama les otorgue Estatus de Protección Temporal (TPS) u otra forma de alivio administrativo para los emigrantes y refugiados de la región quienes arriesgan ser regresados a condiciones difíciles y peligrosas.

Violencia no es la única razón por la cual migración de Centroamérica ha aumentado en años recientes: reportes de la Alta Comisión sobre los Refugiados de las Naciones Unidas muestra que pobreza y separación de familias también son grandes motivaciones. Pero el destino de los individuos como los 83 asesinados el año pasado son tal vez el fallo mas notable del sistema de migración de los Estados Unidos en garantizar protección internacional a las personas huyendo del peligro en sus países. Como el Director Ejecutivo de CISPES le comento al Washington Post en enero, dado a los altos niveles de violencia que El Salvador está viviendo en estos momentos, “es irrazonable [para la Administración de Obama] mandar personas de regreso a la misma situación.”