Este artículo fue publicado originalmente en la edición de diciembre 2016 de El Salvador Watch

El 14 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió su fallo ansiado en la demanda de la empresa minera Oceana Gold/ PacificRim en contra del gobierno de El Salvador. El tribunal falló que la demanda estaba sin mérito, entonces liberando el gobierno de El Salvador de pagar los $250 millones de dólares en daños que buscaba la empresa minera.

Esto fue un gran victoria, no solo para El Salvador pero también para las comunidades, movimientos y gobiernos en el mundo quienes están intentando defender sus tierras y subsistencias de la explotación corporativa.

La empresa canadiense PacificRim presentó la demanda en 2009 después de que el gobierno de El Salvador rechazó a dar permiso minero de oro en el departamento norteño de Cabañas. La demanda uso las estipulaciones para resolver pleitos entre inversionistas y estados bajo el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Centroamérica (CAFTA) y las leyes de inversiones salvadoreñas, las cuales permiten que empresas demanden por lucros perdidos a futuro. Pacific Rim luego fue comprada por la empresa australiana Oceana Gold.

La decisión de El Salvador de no expedir permisos no se llevo a cabo solo. La resistencia organizada por comunidades locales y sus aliados en los movimientos sociales fue bastante fuerte para presionar a la administración derechista de ARENA de Tony Saca a no dar la luz verde a PacRim. La administración subsecuente del FMLN de Mauricio Funes siguió y declaró un moratorio sobre la minera metálica, lo cual el actual presidente Salvador Sánchez Cerén ha mantenido.

Según encuestas nacionales, aproximadamente 80% de la población salvadoreña apoya una prohibición sobre la minería metálica. El movimiento anti minera sigue empujando en la Asamblea Legislativa para aprobar una prohibición permanente sobre la minería metálica, sin embargo legisladores de derecha han bloqueado el avance de la propuesta legislación.

Durante el caso, CISPES y nuestros compañeros enAliados Internacionales Contra la Minería Metálica en El Salvador llevamos el caso injusto a la luz por atención mediática, presión en el congreso estadounidense, y protestas creativas fuera del Banco Mundial. Aunque la victoria legal de El Salvador en la CIADI es causa por celebrar, las acciones de la compañía han costado mucho al país y las comunidades en Cabañas. Antes que nada, cuatro activistas comunitarias de Cabañas, Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto Recinos, Ramiro Rivera y Juan Francisco Durán Ayala, quienes fueron asesinados por su trabajo en resistir la minería de oro en sus comunidades.

Como Aliados Internacionales expresó en un comunicado de prensa después del fallo, “no hay ganadores” en este caso. El Salvador tuvo que pagar más que $12 millones en costos legales solo para defenderse, lo cual podría haber pagado por dos años de clases de alfabetización para adultos para 140,000 personas.

Como parte del fallo, Oceana Gold fue ordenado a pagar dos tercios de los costos legales que incurrió el gobierno de El Salvador, o $8 millones. Sin embargo queda por verse si le empresa minera lo va a cumplir. Según la directora ejecutiva de CISPES Alexis Stoumbelis, “A un mínimo, Oceana Gold debe cumplir con el fallo y reembolsar El Salvador por los costos del pleito. También debe ser responsable por los daños sociales e ambientales que ha dejado en su estela.” El movimiento ambiental ha hecho una llamada pública que Oceana Gold, la cual sigue persiguiendo su interés en abrir la mina El Dorado, se salga del país. Hasta este día, Aliados Internacionales seguiremos con nuestra solidaridad. ¡Adelante!