San Salvador, 5 de marzo de 2021

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Profesionales del Derecho juramentados el pasado martes para dar legalidad a los resultados del escrutinio final de las elecciones del pasado 28 de febrero, denuncian haber sido excluidos del proceso, debido a presiones del partido oficialista.

Los miembros de las Juntas Departamentales Electorales (JED) denunciaron que los cambios de última hora hechos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al proceso de escrutinio final, responden a presiones del oficialismo para dejar fuera del proceso a los representantes de los organismos electorales temporales, integrados por las JED, la Juntas Electorales Municipales (JEM) y la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).

Funcionarios de la Junta Electoral Departamental de San Salvador, calificaron la situación de preocupante dado que “los organismos electorales temporales tienen una función administrativa y jurisdiccional del proceso electoral” y con la reforma “están siendo desplazados del proceso y les están dando atribuciones a los partidos políticos para que tengan voto en el proceso electoral”, a pesar que la Constitución no les otorga esa facultad.

Los cambios fueron anunciados ayer, en medio del proceso de escrutinio final de las elecciones municipales, legislativas y del Parlamento Centroamericano, tras la aprobación, con mayoría calificada, de la modificación del Instructivo de Escrutinio Final, para otorgarle autoridad a los representantes de partidos políticos en las mesas en las que se lleva a cabo el proceso.  Los magistrados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no apoyaron la votación.

Dicha modificación altera la integración de las 49 mesas de escrutinio final establecida el pasado martes con la juramentación de las personas participantes, las cuales inicialmente se conformaron con representantes de los organismos electorales temporales, quienes cuentan con voz y voto, así como con representantes de la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de los partidos en contienda, los cuales únicamente poseen una función de vigilancia.

“Nosotros hemos sido juramentados legalmente por el TSE, mediante el Art. 93 del Código Electoral, no somos afiliados a un partido político y por eso tuvimos la acreditación del Tribunal, y sin más aviso, sin ninguna explicación, el Tribunal ha sacado un acuerdo que ni siquiera nos menciona; solo nos han dicho verbalmente que no formamos parte del escrutinio final cuando es una de nuestras atribuciones principales”, reclamó el segundo vocal de la JED por el departamento de La Libertad, Marlon Mendoza.  A las JED les corresponde entregar credenciales a las autoridades electas en cada departamento.

De acuerdo al magistrado del TSE, Noel Orellana, al darle voto a los representantes de los partidos políticos se busca garantizar “que los diez partidos políticos tengan igualdad de derechos”, debido a que los miembros de las JED y las JEM “son nombrados por propuestas de los mismos partidos políticos” que compitieron en la elección anterior.

Al respecto, el presidente de la JED del departamento de La Unión, Marcos Vanegas, declaró que “es lamentable cómo la presidenta y algunos magistrados del TSE han cedido a las presiones de un partido político” y denunció que “el gobierno ha metido manos en el escrutinio final”.  “Nosotros somos parte de organismos temporales, no venimos en nombre de ningún partido político, la mayoría de nosotros somos abogados de la república”, aclaró Vanegas.

La denuncia de Vanegas hace referencia a la presencia de diversos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en el escrutinio final, los cuales, de acuerdo a la representante del partido Vamos, Sofía Vaquerano, llegaron “a ejercer presión” a las mesas. “Un funcionario público no tiene nada que hacer acá, ellos que hagan su labor afuera, para eso tienen a sus representantes, ¿por qué quieren quitar a nuestra gente? ¿Por qué tratan de amenazarnos?”, cuestionó.

Por su parte, el magistrado del TSE  por ARENA, Guillermo Wellman, señaló que “en todo el proceso electoral se han violentado muchas disposiciones legales”, no obstante enfatizó en la necesidad de dar los resultados lo más pronto posible y aludió a que si hay una inconformidad con el proceso, se usen “los caminos legales” para denunciarlo.

Al cierre de esta nota, el escrutinio se continuaba llevando a cabo sin representación de los organismos electorales temporales, los cuales, de acuerdo al Código Electoral, están “obligados a presentarse al escrutinio final”. Asimismo, de no contar con las firmas de estos representantes, los documentos resultantes del proceso carecerían de legalidad.

Mientras tanto, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, sugirió en una entrevista en un canal oficial, la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa para investigar al TSE para “determinar si hay irregularidades de tipo administrativo o de tipo penal”.  Para Argueta, “hay elementos razonables para crear una comisión contra el Tribunal”.

En ese sentido, a pesar de que los resultados electorales dan una contundente victoria a la plataforma política del presidente Bukele, Nuevas Ideas, los funcionarios de su administración sostienen una narrativa orientada a deslegitimar la credibilidad del organismo electoral y la transparencia del proceso. “Los datos del gane, del triunfo, de la victoria de Nuevas Ideas absolutamente es imputable; nadie va a afectar los números que hasta este momento se han dicho, en todo caso podría ir hacia más, el tema es la transparencia”, expresó la Comisionada Presidencial, Carolina Recinos.

Del mismo modo, el Ministro de Defensa, Francis Merino, afirmó que “el TSE no está actuando con transparencia en el procesamiento de datos. La población reconoce que los magistrados del ente colegiado responden a algunos partidos políticos tradicionales”. 

Por su parte, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, se ha mantenido al margen de pronunciarse sobre las irregularidades denunciadas por los organismos temporales desde el inicio del escrutinio, incluyendo agresiones, bloqueos a la prensa y presencia de funcionarios gubernamentales en el proceso. 

El TSE cuenta con cinco magistrados propietarios, la Constitución establece que tres de estos deben ser seleccionados a partir de las ternas propuestas por los partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección anterior.  Actualmente los partidos con representación en el organismo electoral son Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ARENA en coalición con el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el FMLN. Los magistrados, elegidos en 2019, ejercerán sus funciones hasta el 31 de julio de 2024 y supervisarán la próxima elección programada para el inicio de 2024, la cual será una elección mixta - presidenciales, legislativas, y municipales.

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