Por Ramón Jiménez

Este articulo fue publicado originalmente el 29 de enero, 2017 en Metrolatino USA.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Jesús Ulises Rivas Sánchez se encuentra en Washington para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA medidas cautelares, que protejan los derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad de expresión y opinión del pueblo salvadoreño.

Así lo dio a conocer Rivas Sánchez tras su llegada este domingo por la tarde a la región metropolitana de la capital estadounidense, en una misión de trabajo que incluye la presentación de una “comunicación” (demanda) ante los comisionados de la CIDH, para luego regresar a su país el próximo miércoles.

El máximo tribunal de justicia en El Salvador es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; pero según Rivas Sánchez, esa entidad se ha tomado como un criterio jurisprudencial de los magistrados que quieren negar a que las personas tengan una especie de ideología política, que tengan una simpatía por un partido politico, especialmente a todos los de izquierda.

Señaló Rivas Sánchez, que unos 113 funcionarios de la Sala de lo Constitucional han sido cesados de sus funciones porque los magistrados presumen que tienen o han tenido vínculos partidarios. La mayoría de funcionarios que ellos han destituido no son pertenecientes a ningún partido politico.

“Lo que sucede es que en el país se libra una batalla electoral y el poder económico quiere regresar al poder a como se de lugar. A nuestro criterio una persona puede tener simpatía partidaria pero ¿que hacen los magistrados de la Sala de lo Constitucional?, lo que hacen ellos es decir que una persona por el hecho de darle apoyo a una fórmula presidencial o darle apoyo a una alcaldía o por apoyar a algún candidato a diputado eso ya lo hace ser miembro de un partido politico”, criticó Rivas Sánchez, cuyo nombramiento en 2014 se encuentra en tela de juicio después de la demanda de incostitucionalidad presentada por un ciudadano por sus supuestos vínculos con el partido FMLN (izquierda, en el gobierno).

“Nosotros decimos que esos criterios están equivocados, porque la persona en época de campaña electoral tiene derecho a pensar y a disentir, derecho de opinar y apoyar aquel proyecto electoral cuando le dan un programa de gobierno. ¿Cuál es la única forma que se tiene para darse cuenta de las propuestas electorales que le dan los candidatos y los partidos?; solo escuchándolos”, agregó.

Explicó además, que ahora que hay un gobierno distinto y que no obedece a esos dictados que hace el poder económico, ellos están perdiendo dinero, están perdiendo la oportunidad de lucrarse del Estado; y que el trasfondo no es solo que quiten a un funcionario por vínculos partidarios o no.

A través de la historia se puede ver, dijo, por ejemplo antes tenían al ejército, a los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía de Hacienda a su servicio; después tuvieron a los partidos politicos y ahora tienen a la Sala de lo Constitucional.

“De nadie escapa que en El Salvador se está invirtiendo en educación, en salud, en seguridad. Aquí no se trata tanto de rivalidades políticas sino del poder económico del país; quieren que sean funcionarios que les sigan cubriendo las cosas para seguir haciendo negocios en el país, eso es lo que hay detrás de todo eso”, alertó.

Rivas Sánchez considera que en su país se ha llegado a lo absurdo, ya que la Sala le ha prohibido a todos los servidores públicos de asistir a mítines a escuchar las propuestas electorales.

“Consideramos que esas son violaciones a los derechos humanos y especialmente a los derechos civiles y políticos, porque se tiene derecho a simpatizar. Aceptamos que un funcionario no sea dirigente de un partido politico, porque ahí sí puede haber un conflicto de intereses; pero ¿cómo va hacer la persona para poder ir las urnas a votar por un candidato o por un partido politico?, informándose. La persona no se puede aislar del quehacer público, de la vida nacional de El Salvador”, puntualizó.

Rivas Sánchez indicó que si la Sala de lo Constitucional determina que su nombramiento es inconstitucional —después de casi tres años— se abriría la puerta para que el Tribunal Supremo Electoral sea gobernado solo por gente con pensamiento de derecha.

“Volveríamos al pasado de intolerancia política. Eso quiere decir que solo con que se opine distinto al pensamiento de derecha ya podría ser tildado y perseguido. Estamos hablando de algo grave porque el Tribunal Supremo Electoral puede tomar cualquier decisión con cuatro votos, porque solo quedaría uno que opine de una forma diferente. Eso es lo grave.Tomarían el control absoluto del Tribunal Supremo Electoral como ente rector de las elecciones, como la institución pública que dirige el proceso democrático”, sentenció.