El 15 de julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes asestó un golpe inicial a algunos de los ataques más recientes y atroces de la Administración de Trump contra el derecho al asilo. En una votación de líneas partidarias, los demócratas prohibieron que la Administración Trump use fondos federales para implementar políticas que vulneran el derecho al asilo así como los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), cambios a políticas de asilo implementadas en junio de 2020 que ponen fin de manera funcional al sistema de asilo estadounidense que se conoce hoy por hoy, y los Protocolos de Protección al Migrante de 2018, conocido como el programa “Permanece en México,” entre otros pasos importantes y positivos para limitar el poder de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ (CBP, por sus siglas en inglés).

Los Acuerdos de Cooperación de Asilo, también conocidos como acuerdos de “Tercer País Seguro”, fueron firmados entre la Administración de Trump y los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras en 2019. Estos acuerdos permiten al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) transferir solicitantes de asilo a uno de estos tres países, con la supuesta intención de que los migrantes busquen asilo allí, incluso cuando estos países continúan siendo algunos de los mayores remitentes de solicitantes de asilo.

Esta política no solo es ilegal según el derecho internacional de refugiados, sino también inhumana, ya que coloca a los refugiados que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen en condiciones similares de inseguridad en el Norte de Centroamérica. Hasta la fecha, más de 900 solicitantes de asilo salvadoreños y hondureños han sido trasladados a Guatemala, pero solo 20 personas han solicitado asilo, el resto han regresado a sus países de origen.

La oposición a los acuerdos, que entraron en vigor por primera vez en Guatemala en noviembre del año pasado, ha ido aumentando. El 21 de julio, una amplia coalición de organizaciones de derechos de los migrantes de Centro y Norte América presentó una petición con más de 2000 firmas pidiendo al Congreso que "haga todo lo que esté a su alcance para detener la implementación de [los] Acuerdos de Cooperación de Asilo". En un comunicado de prensa, la coalición afirmó que los ACA solo “agravan la situación de las personas marginadas por el estado, especialmente la de los Pueblos Indígenas, las personas LGBTQ, las mujeres y los niños” y enfatizó además que “no existe un acuerdo o política que va detener a las personas en busca de un lugar donde puedan vivir una vida plena y, lo más importante, libre de persecución y violencia".

Otro tema importante de preocupación en el Congreso y para los defensores de los derechos humanos son las deportaciones que están tomando lugar durante COVID. La coalición denunció las políticas de deportación de la Administración de Trump durante la pandemia, afirmando: “Contrariamente a las recomendaciones de los expertos internacionales, los Estados Unidos ha continuado deportando inmigrantes a sus países de origen, exportando COVID-19 a los países del Sur Global que carecen de suficientes recursos debido al colapso de sus sistemas de salud”. El periódico The New York Times informa que más de 40.000 inmigrantes han sido deportados desde marzo en todo el mundo.

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó la posición de la Administración durante una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara el 1 de julio, declarando que los Estados Unidos ha "mantenido una cooperación con otros países para la expulsión de ciudadanos extranjeros" durante la pandemia.

Durante la audiencia, el Representante Andy Levin (Demócrata de Michigan) denunció deportaciones a varios países de América Latina y el Caribe, especialmente a Haití. En un intercambio acalorado, el Secretario Kozak intentó justificar las acciones de la Administración, declarando: “Seguimos con deportaciones desde los Estados Unidos porque no queríamos que la gente empezara a amontonarse ... [El] cálculo ha sido que es mucho mejor que la gente esté en casa con sus familias…” A esto, el Sr. Levin expresó con indignación:“ No creo que sea creíble que esta Administración diga que le preocupa que la gente se 'amontone' en los centros de detención de ICE cuando seguimos deteniendo [a cientos de personas] que no tienen nada más que una infracción civil en las instalaciones de ICE...”. Dos informantes en una instalación de ICE en Louisiana revelaron recientemente que ICE deportó a migrantes, a sabiendas de sus fiebres de 39,5 grados, y utilizó otros métodos engañosos para garantizar que los inmigrantes pasaran sus escáneres de temperatura antes de ser deportados.

Según Kozak, el número total de personas que dieron positivo a COVID-19 antes de ser deportadas a América Latina es 220 de las 3700 deportaciones, y de esas, 186 se informó que eran guatemaltecas (aunque los funcionarios guatemaltecos han informado más casos). "Todavía estamos tratando de averiguar por qué esas cifras son tan altas", dijo Kovak. Desde el comienzo de la pandemia, funcionarios guatemaltecos y haitianos han denunciado a los Estados Unidos por deportar a personas con síntomas de COVID-19.

En una declaración, el presidente Alejandro Giammattei expresó: "Guatemala es un aliado de Estados Unidos, pero no creo que Estados Unidos sea un aliado de Guatemala, porque no nos tratan así". Por el contrario, los gobiernos de Honduras y El Salvador se han mantenido en silencio y posteriormente han obtenido las recompensas, ya que la Administración de Trump parece estar condicionando la ayuda humanitaria al cumplimiento de las deportaciones durante la emergencia sanitaria.

A fines de abril, Trump tuiteó que enviaría ventiladores mecánicos a El Salvador a cambio de la cooperación del país con las políticas antimigrantes: “Acabo de hablar con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Los ayudaremos con ventiladores, que se necesitan desesperadamente. ¡Han trabajado bien con nosotros con el tema de inmigración en la frontera sur! " El Secretario Kozak dijo a los miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara que El Salvador ha recibido un total de 500 ventiladores de los 950 que se han donado en toda América Latina.

Hasta mayo, los Estados Unidos había deportado más de 1.500 personas a El Salvador. Si bien la Oficina de Migración y Relaciones Exteriores de El Salvador afirma que "los vuelos federales de Estados Unidos están llegando sin ningún caso positivo de COVID-19", organizaciones de derechos humanos y legisladores del partido FMLN en El Salvador han cuestionado esa afirmación, y han denunciado la falta de transparencia de la Administración de Bukele sobre cuántos deportados han dado positivo por COVID-19. Según un informe de The Intercept y un estudio del Centro Para Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR, por sus siglas en inglés), el Norte de Centroamérica (también conocido como el Triángulo del Norte) ha recibido la mayor cantidad de vuelos de deportaciones en todo el hemisferio occidental desde que comenzó la pandemia.

Ayuda a CISPES a mantener la presión sobre el Congreso para que ponga fin a estos acuerdos ilegales, inhumanos y, con demasiado frecuencia, mortales, de "Tercer País Seguro", y para detener inmediatamente todas las deportaciones a la luz del peligro del COVID-19. Toma acción aquí.