Organizaciones internacionales que monitoreamos de cerca la situación de derechos humanos y la movilidad humana en América Central, condenamos los recientes ataques contra la Misión Scalabrini "Casa del Migrante" en la ciudad de Guatemala. Asimismo, respaldamos a su director, el Padre Mauro Verzeletti, al personal de la organización y a las y los voluntarios que denunciaron recibir llamadas amenazantes como represalia a su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes.

El pasado lunes 20 de enero, mediante una llamada telefónica, el Padre Verzeletti recibió amenazas  que atentaban contra  la integridad del personal de la Casa del Migrante y el edifico de la organización, prometiendo "poner fin" a su trabajo. El martes, después de recibir una segunda llamada, el padre Verzeletti presentó una denuncia ante los fiscales estatales y denunció públicamente las amenazas.

En los días previos a estas amenazas,  la Casa del Migrante estaba atendiendo en sus instalaciones a más de 2,000 inmigrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría de nacionalidad hondureña y salvadoreña, que viajaban hacia el norte en medio de mayores niveles de violencia, corrupción y pobreza en la región. También proporcionaron refugio, comida y ropa para personas guatemaltecas deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y para hombres, mujeres, niños y niñas que fueron retornadas de los EE. UU. a través del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), conocido coloquialmente como acuerdo de tercer país seguro. Actualmente ni el gobierno de Guatemala ni el de los Estados Unidos han brindado la atención vital que han tenido que asumir organizaciones de sociedad civil como la Casa del Migrante.

Desde que se publicaron las reglas para la implementación de los ACA el 19 de noviembre, más de 200 solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador han sido enviados a Guatemala para solicitar asilo allí, en lugar de que sus casos sean escuchados en los Estados Unidos. En este contexto, tanto las personas  migrantes y solicitantes de asilo, así como las personas defensoras de sus derechos están en riesgo en Guatemala. Este país no tiene la capacidad de garantizar ni derechos humanos fundamentales, ni seguridad ni un proceso de asilo justo y completo a las personas enviadas por los EE. UU. Como consecuencia, el creciente número de solicitantes enviados a Guatemala solo sobrecargará a las organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a esta población, como es la Casa del Migrante.

La semana pasada, cuatro organizaciones sin fines de lucro iniciaron el primer litigio impugnando los ACA, firmados por Guatemala, Honduras y El Salvador con los Estados Unidos. En su argumentación, las organizaciones exponen que estos países son incapaces de garantizar condiciones de seguridad para quienes huyen de la persecución en sus países.  Al mismo tiempo, miles de migrantes que conforman la más reciente caravana  enfrentan serios actos de violencia y represión en la frontera entre Guatemala y México.

A través de los ACA, Estados Unidos está incumpliendo su responsabilidad de proteger a las personas solicitantes de asilo y está exponiéndolas a graves violaciones de derechos humanos. Al trasladar a Guatemala a los migrantes hondureños y salvadoreños que solicitan asilo en Estados Unidos, no está considerando de manera adecuada si su vida y libertad podrían estar en riesgo, ni si podrán tener acceso a procedimientos de asilo completos y justos.

Esto no solo viola la ley de los Estados Unidos y los tratados internacionales que protegen a las personas migrantes. En el caso de Guatemala adempas, es contrario a la misma Constitución, pues, según la Corte Constitucional de la nación, los acuerdos deben ser ratificados por el Congreso antes de su implementación. Esta semana, sin embargo, funcionarios recientemente nombrados por el nuevo Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, afirmaron su compromiso de implementar el ACA a pesar del fallo de la Corte de Constitucionalidad. Dado que el acuerdo bilateral no está completamente en vigor, su implementación socava la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, y viola las reglas publicadas en la legislación estadounidense el 19 de noviembre.

También resultan preocupantes los recientes informes de los medios de comunicación que indican que las fuerzas de seguridad guatemaltecas extorsionaron y deportaron a personas centroamericanas a quienes la ley guatemalteca garantiza la libertad de movimiento dentro del país.  En ese momento, los agentes del DHS estaban prestando asistencia a las mismas fuerzas de seguridad, aparentemente a través de las disposiciones del Acuerdo de Seguridad Fronteriza.

El lunes, en un segundo fallo sobre los ACA y su implementación, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió suspender provisionalmente la implementación de la “Política Pública de Protección y Atención a la Persona Migrante” que había sido aprobada en diciembre por la administración de Jimmy Morales. Dicha política definía la forma en que las instituciones estatales, bajo la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberían implementar el ACA. En las próximas semanas se espera una audiencia en que el Tribunal dictará una decisión final sobre la política.

Finalmente, las organizaciones firmantes reiteramos nuestro apoyo a la Casa del Migrante y expresamos nuestra gran preocupación por la seguridad de su personal. Asimismo, hacemos un llamado al Estado a conducir una  investigación completa respecto de las amenazas recibidas y exigimos que brinde seguridad perimetral, según lo solicitado por la Casa del Migrante, así como todas las medidas necesarias, a fin de garantizar que su trabajo digno y su servicio para las y los migrantes puedan continuar. La labor de las personas y organizaciones defensoras  de los derechos humanos, como la Casa del Migrante, debe contar con la plena protección y reconocimiento del Estado guatemalteco, de conformidad con sus obligaciones nacionales e internacionales.

Organizaciones firmantes:

Alianza Américas
Centro para Estudios de Género y Refugiados -CGRS
Centro para la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala - GHRC / USA
Comisión de Mujeres Refugiadas - WRC
Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador - CISPES
Comité de Servicios de los Amigos Americanos
Foro Internacional de Derechos Laborales
Fondo de Educaciónd del Grupo de Trabajo de América Latina - LAWG
Hermanas de la Misericordia de las Américas - Instituto de Justicia
Niños Necesitados de Defensa - KIND
Oxfam
Oficina de Washington para Asuntos Latinamericanos -WOLA
Red de solidaridad con el Pueblo de Guatemala - NISGUA
Washington Office on Latin America - WOLA
Women’s Refugee Commission - WRC