Organizaciones en EE.UU. alertan sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador y potencial aumento en la migración, resultantes del régimen de excepción

Washington, D.C. 19 de abril de 2022.  Más de 65 organizaciones basadas en Estados Unidos, suscribieron una carta expresando su preocupación por el alza de violencia y persecución en El Salvador, tras la implementación del estado de excepción y la aprobación de una serie de reformas al Código Procesal Penal, e hicieron un llamado al gobierno estadounidense “a que adopte medidas rápidas y decisivas, para retirar la ayuda a las fuerzas militares y policiales de El Salvador, así como a otras instituciones implicadas en el atropello de las libertades civiles y los derechos humanos”.

La carta fue firmada por organizaciones de derechos humanos, legales, de solidaridad internacional y de la comunidad salvadoreña en la diáspora como La Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes (CHIRLA); el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES); el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN); el movimiento católico por la paz, Pax Cristi USA; el Colectivo de Estudiantes Centroamericanos Graduados de la Universidad de California en Irvine; la organización transnacional de comunidades migrantes, Alianza Américas; y la organización promotora de la salud, Doctors for Global Health; entre otros.

En el escrito, las organizaciones expresaron su preocupación ante “la posibilidad de que no se restablezca el derecho al debido proceso”, agravando la problemática de las detenciones indefinidas; al tiempo que denunciaron “el abuso de la prisión preventiva, el cual se ha generalizado en El Salvador, incluso contra los presos políticos” y criticaron la decisión de la Asamblea Legislativa de eliminar el límite de dos años de la misma, “abriendo así la puerta a una profunda y duradera injusticia”.

En ese sentido, hicieron un llamado al gobierno salvadoreño a que ponga fin “a las constantes violaciones de los derechos humanos, especialmente contra las personas de las comunidades marginadas que ya son víctimas de la exclusión económica, la violencia de las pandillas y de un gobierno que las estigmatiza”.

“Rechazamos los intentos del presidente Bukele de caracterizar a las organizaciones de derechos humanos, a los periodistas y a los líderes de los movimientos sociales que se organizan contra sus ataques a la democracia como simpatizantes de las pandillas y terroristas, y reconocemos el peligroso fundamento que se está sentando para aumentar la persecución política, que ya es característica del gobierno de Bukele”, reza la misiva.

Aunado a ello, las organizaciones señalaron que “hay muchos indicios de que los salvadoreños están siendo desplazados de sus comunidades de manera progresiva, tal como lo muestran los datos de aprehensión en la frontera de Estados Unidos del 2021”, por lo que llamaron la atención sobre la posibilidad de que  “la violencia policial y militar, sumado a la creciente amenaza de detenciones arbitrarias obliguen aún más a las personas a huir de sus comunidades” y a emigrar por rutas que pueden ser peligrosas y hasta mortales.

Finalmente, demandaron al gobierno de Estados Unidos poner fin “a su complicidad en la promoción de la militarización y las respuestas punitivas a la violencia de las pandillas y a las violaciones rutinarias de los derechos humanos que de ellas se derivan”. Señalaron que “desde el apoyo a una ley antiterrorista de 2006, basada en la Ley Patriota de EE.UU., la cual se ha invocado posteriormente para perseguir a los miembros de las pandillas, hasta la ayuda en la construcción de celdas de máxima seguridad, Estados Unidos ha sido un socio activo y un importante financista de gran parte del aparato que se utiliza actualmente en la proclamada guerra contra las pandillas del presidente Bukele”; mientras que “los cambios sistémicos tan necesarios, las políticas preventivas holísticas y los programas de reincorporación han carecido de recursos financieros y se han enfrentado a muchos obstáculos políticos”.

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