El domingo 16 de noviembre, cientos de personas se reunieron en la Universidad Centroamericana (UCA) jesuita de El Salvador para conmemorar el 25º aniversario de la matanza de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta a manos de las fuerzas armadas salvadoreñas entrenadas por Estados Unidos. Los asesinatos siguen siendo uno más de los muchos casos impunes de delitos cometidos contra la población civil durante la guerra civil que sufrió este país.

El 16 de noviembre de 1989, Celina y Julia Elba Ramos, junto con los sacerdotes jesuitas Armando López, Joaquín López y López, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín-Baró e Ignacio Ellacuría fueron asesinados en el campus de la UCA por las fuerzas militares salvadoreñas entrenadas en la Escuela de las Américas, de EE.UU. El gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se apresuró a encubrir el crimen. En 1993, un año después de que los Acuerdos de Paz pusieran fin a la guerra civil de 12 años, Cristiani firmó y puso en vigor una Ley de Amnistía que ha sido un obstáculo a la justicia en los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra.

Mientras que los autores eran protegidos en el país, los defensores de derechos humanos han pedido justicia por los asesinatos a través de canales internacionales. En 2011, un tribunal español procesó a 20 ex funcionarios implicados, en virtud de la doctrina jurisdicción universal vigente en España, pero la Corte Suprema de El Salvador rechazó la solicitud de extradición emitida por España. El ex viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano, es el único de los acusados que no reside actualmente en El Salvador: Montano cumple pena de prisión de 21 meses en los Estados Unidos por fraude de inmigración, y enfrenta una orden de deportación. Los abogados que llevan adelante la querella criminal están presionando a EE.UU. para que extraditen a Montano a España antes de su deportación, a fin de que sea juzgado. Por su parte, el gobierno actual de Salvador Sánchez Cerén en El Salvador ha expresado su pleno apoyo a la solicitud.

Las actividades en honor a los jesuitas asesinados incluyen una misa y vigilia anual en la UCA, así como una serie de reuniones y reflexiones con jesuitas y líderes de derechos humanos a lo largo de toda la semana. El 15 de noviembre, el congresista por Massachussets Jim McGovern, quien dirigió las investigaciones del Congreso en 1989 por los asesinatos, se unió a líderes jesuitas de Estados Unidos para debatir sobre su impacto en los Estados Unidos. “Venimos a El Salvador este fin de semana para conmemorar la vida y la pérdida de nuestros hermanos jesuitas. Pero también estamos aquí para reflexionar sobre lo sucedido en los últimos 25 años. Creo que la política de Estados Unidos hacia El Salvador no ha estado a la altura en lo relativo a las secuelas de la guerra”, afirmó McGovern, a la vez que pedía apoyo para los inmigrantes salvadoreños en los EE.UU. y denunciaba los recientes condicionante de la ayuda al desarrollo que proporciona Estados Unidos.