El 5 de septiembre, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia(ASGOJU), una coalición de más de treinta organizaciones del movimiento social, entregaron una carta al Fiscal General Douglas Meléndez exigiendo que se retomen e investiguen más de 150 casos de corrupción relacionados a anteriores administraciones del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). ASGOJU sostuvo que la investigación de estos casos ignorados debe ser una prioridad para el Fiscal General dado que muchos de los casos están llegando a su plazo de prescripción de diez años.

Uno de los casos más señalado que piden retomar se trata de la malversación de $15 millones en fondos destinados a la asistencia humanitaria por el terremoto, donados por el gobierno de Taiwan, los cuales fueron supuestamente robados por el ex-presidente del partido ARENA, Francisco Flores, ahora fallecido. La trayectoria de estos $15 millones en fundos humanitarios a sido bien documentado; ya que existen pruebas de que al menos $10 millones fueron lavados y desviados al partido ARENA donde fueron utilizados para apoyar la campaña electoral presidencial del 2004, en la cual el candidato de ARENA Antonio Saca fue elegido presidente.

Otro caso de alto perfil destacado por ASGOJU se trata del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleo en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE), un fondo de $38.7 millones manejado por el gobierno, lo cual fue creado durante la administración del presidente Saca para apoyar las empresas privadas en la creación de empleos. Ana Vilma de Escobar, la Ex-Vice Presidenta de Saca y actual diputada de ARENA en la Asamblea Legislativa, era la presidenta del comité calificador del fondo. Una auditoría identificó múltiples irregularidades en la creación y manejo del fideicomiso, por los cuales el actual Secretaria de Transparencia Marcos Rodríguez solicitó una investigación a la malversación de fondos y conflictos de interés entre los que manejaban el fideicomiso y las empresas beneficiarias.

La ASGOJU también llamó por investigaciones serias a los numerosos casos de evasión de impuestos, tanto como empresas e individuales. Un estudio reciente, llevado a cabo por el Departamento de Economía de la Universidad de Centroamérica (UCA), reveló que la evasión de impuestos puede costar al estado hasta $1.500 millones de dólares al año. El estudio revela que las empresas en el país evaden 50% de los impuestos sobre la renta, los cuales puede llegar hasta $800 millones de dólares en ingresos perdidos del estado.

Leonel Herrera, de la Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS) y parte de la delegación de ASGOJU que entregó la carta, dijo a la prensa: “Vemos que el fiscal les aplica la ley a unos y a otros no, este es un llamado al señor fiscal para que sea coherente y le queremos advertir que si no investiga todos estos casos va a estar cometiendo el delito de omisión de investigación, que es uno de los delitos por los que está acusado el exfiscal Luis Martínez.”

Por su parte, la Embajadora de los EEUU Jean Manes ha expresado varias veces su apoyo al Fiscal General Meléndez, y lo ha públicamente felicitado por enfrentar la impunidad y corrupción en el país; sin embargo quedan pendientes varios casos de alto perfil de corrupción, malversación y evasión de impuestos que no han sido investigados por años. Las organizaciones sociales quienes presentaron esta carta expresaron su frustración y preocupación que el enfoque investigativo del Fiscal General pueda tener un interés político.