El 2 de septiembre de 2025, Rudy Joya e Ivania Cruz, abogados y voceros de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), fueron citados por la Comisaría de Madrid tras la recepción de una alerta roja emitida por INTERPOL a petición del gobierno salvadoreño. En una entrevista, Cruz explicó que ambos se presentaron voluntariamente ante las autoridades, y un juzgado español confirmó que las medidas de protección y su estatus de refugio político prevalecen sobre cualquier intento de detención internacional.

Desde la UNIDEHC, Cruz y Joya han documentado y denunciado cientos de detenciones arbitrarias, torturas y más de 400 muertes en custodia estatal bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. En El Salvador, la Fiscalía General de la República los acusa de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de lotificaciones en el caso conocido como el caso de la comunidad La Floresta, acusaciones que la defensa califica de montaje judicial para criminalizar su labor.

Desde 2019, el gobierno de Bukele ha intentado en repetidas ocasiones usar a INTERPOL contra opositores políticos y exfuncionarios. En varios casos —incluyendo solicitudes contra los expresidentes Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, así como contra el exdiputado Sigfrido Reyes, todos ellos electos por el partido de izquierda FMLN— la organización rechazó emitir las alertas rojas al concluir que los cargos tenían un trasfondo político y violaban el Artículo 3 de sus estatutos.

Este nuevo intento de Bukele de instrumentalizar a INTERPOL, esta vez en contra de abogados defensores de derechos humanos, fue frenado por un juzgado de la Audiencia Nacional española, el cual rechazó la alerta roja al considerar que los cargos tienen un trasfondo político y violan derechos humanos, en concordancia con los estatutos de la organización, que prohíbe intervenir en asuntos de carácter político. Gracias a esta resolución, Cruz y Joya pueden continuar con su labor de denuncia y acompañamiento desde el País Vasco, donde residen en calidad de refugiados.

La persecución contra UNIDEHC se agudizó en febrero de 2025, cuando la sede de la organización y la casa de Cruz fueron allanadas mientras los dos abogados se encontraban en españa haciendo trabajo de incidencia sobre la situacion de violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Ese mismo día, 21 líderes comunitarios de La Floresta, incluidas mujeres embarazadas, fueron detenidos junto con el también portavoz Fidel Zavala, que desde entonces permanece encarcelado. pese a las alertas internacionales por los riesgos a su seguridad.

Al no regresar a El Salvador, Cruz y Joya fueron declarados en rebeldía por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, lo que sirvió de base para solicitar la difusión roja que INTERPOL emitió en mayo. Desde entonces, organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional y el Observatorio Internacional de Abogados en Peligro han denunciado el caso como represalia política.

El pronunciamiento del juzgado español no solo protege a Cruz y Joya; también marca un precedente frente al uso abusivo de mecanismos internacionales con fines de persecución política. La decisión reafirma que el refugio y las medidas de protección tienen prioridad sobre intentos de criminalización transnacional.

La alarma internacional sobre la vigilancia e intimidación que vivian Cruz y otros defensores estaban experimentando comenzó a sonar a principios de 2024, sin embargo, este reciente caso contra Cruz y Joya es parte de una escalada criminalizacion de activistas y defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador a lo largo de este año. Ante esta ofensiva del régimen de Bukele, la solidaridad internacional se vuelve indispensable: sostener a quienes defienden comunidades y derechos humanos desde el exilio es parte de la resistencia contra la represión y el autoritarismo.