Trump nombra a Troy Edgar, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, como embajador en El Salvador, consolidando aún más a El Salvador como aliado clave en la seguridad regional y en la agenda antimigratoria.

El pasado 9 de diciembre se informó sobre la posible nominación de Troy Edgar, actual subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración de Kristy Noem, como embajador de Estados Unidos en El Salvador. La noticia ha generado preocupación en organizaciones de solidaridad, derechos humanos, comunidades migrantes y sectores sociales y populares que han enfrentado durante décadas las consecuencias del intervencionismo estadounidense, debido a que su perfil y trayectoria apuntan hacia un peligroso giro en el rol de la embajada en San Salvador. Si bien la política exterior estadounidense hacia El Salvador históricamente ha buscado promover agendas políticas y económicas alineadas con sus intereses, la esperada llegada de Edgar sugiere una apuesta por consolidar al país como un centro de operaciones regional para impulsar las políticas antimigrantes y de seguridad nacional, crecientemente militarizadas, de Estados Unidos.

Edgar fue confirmado por el Senado en marzo de 2025 para su actual cargo en el DHS, lo que le permitiría asumir la embajada sin necesidad de una nueva votación, reduciendo significativamente el margen de escrutinio político sobre su nominación. La nominación también ocurre en un contexto marcado por acuerdos opacos entre Bukele y Trump, incluyendo el encarcelamiento de personas migrantes venezolanas y salvadoreñas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), así como por un clima regional caracterizado por presiones, amenazas y medidas coercitivas de Estados Unidos contra gobiernos de izquierda y progresistas.

Por otra parte, Troy Edgar no proviene del cuerpo diplomático ni es un especialista en Centroamérica. Su trayectoria está íntimamente ligada a las estructuras de seguridad interna estadounidense. Durante la primera administración Trump, fungió como director financiero del DHS, donde administró un presupuesto de aproximadamente 90 mil millones de dólares destinado a implementar políticas antiinmigrantes, incluyendo el financiamiento del muro fronterizo, la expansión de centros de detención y deportación, y la inversión en infraestructura física y tecnológica orientada a la contención migratoria. Edgar también se ha desempeñado como alcalde de Los Alamitos, California, donde se opuso férreamente a las ciudades santuario y respaldó medidas que fortalecieron la maquinaria de deportación, alineándose de manera consistente con la agenda antiinmigrante impulsada desde Washington.

La embajada en El Salvador permanece vacante desde agosto de 2025, bajo la gestión interina de Elizabeth Hoffman Franolich. En este contexto, la posible llegada de Edgar profundiza una lógica ya presente en la gestión del último embajador titular, William H. Duncan, nominado durante la administración Biden, cuyo mandato estuvo marcado por la promoción de inversiones en tecnología, el fortalecimiento de vínculos con el sector privado y un discurso de modernización económica, mientras presenciaba la profundización de retrocesos democráticos y violaciones a derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.

Recientemente, Trump afirmó en la red Truth Social que El Salvador es uno de sus “socios más importantes en la región” y que Edgar “jugará un papel clave en el avance de la estrategia de Estados Unidos para el hemisferio occidental”. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció un nuevo acuerdo comercial con El Salvador, cuyo alcance real y efectos concretos aún no están claros. En cualquier caso, el acuerdo —que parece construirse sobre la base del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA‑DR)— resulta insuficiente para modificar de fondo una relación cada vez más definida por consideraciones de seguridad y control migratorio, lo que refleja las prioridades generales de Estados Unidos tanto en la región como a nivel global.

Este tipo de correlaciones son características de la actual política exterior estadounidense, la cual se ha enfocado en priorizar alianzas con gobiernos de derecha que considera útiles para su estrategia regional, aun cuando estos manipulen el marco legal para concentrar poder, cometan violaciones a los derechos humanos, debiliten contrapesos democráticos y criminalicen la disidencia. Un nuevo documento publicado el 5 de diciembre por la Casa Blanca, titulado Estrategia Nacional de Seguridad, deja claro que el plan de Estados Unidos para América Latina se basa primero en “asegurar el apoyo de aliados consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el flujo de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar”, todo ello con el objetivo de “re‑establecer la preeminencia estadounidense” en el hemisferio.

En este marco, El Salvador emerge como un aliado estratégico que ofrece no solo cooperación política, sino también infraestructura penitenciaria de gran escala y un gobierno dispuesto a facilitar operaciones de control territorial. Esto abre la puerta a un escenario de mayor militarización, así como a una coordinación más estrecha en vigilancia, inteligencia e intensificación de las deportaciones, en el que Edgar, en línea con su trayectoria, se perfila como un operador regional de las políticas de seguridad y control migratorio impulsadas por Trump, en estrecha sintonía con el gobierno de Bukele.