El Agua Potable Se Salva de la Privatización por Ahora. EE.UU. Continúa Empujando Reformas Para Apresurar Otras Concesiones

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Con la tinta apenas seca en el documento en el que el Departamento de Estado norteamericano se comprometía a trabajar con la administración entrante de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, la Embajadora de EE.UU., Mari Carmen Aponte, continúa su campaña para impulsar políticas de privatización, interviniendo en los asuntos legislativos de El Salvador para promover los intereses de las corporaciones. Aponte ha asumido la tarea de presionar a la Asamblea Legislativa para que apruebe las reformas  a la Ley de Asocio Público-Privado (APP), que es apoyada por los Estados Unidos, condicionando la ayuda al desarrollo por parte de EE.UU. a la aprobación del paquete de reformas. La embajadora insiste en que las reformas son necesarias para invertir los $277millones de fondos pendientes de la Corporación del Reto del Milenio (FOMILENIO), alegando que las condiciones de inversión de El Salvador "todavía no están totalmente maduras". La Ley APP, que se redactó originalmente con asesores del gobierno de EE.UU., abre proyectos públicos a las concesiones privadas. Las reformas propuestas eliminarían varios elementos que los legisladores del FMLN habían logrado incluir en la legislación final para asegurarse de que no se provocaría una privatización descontrolada de los servicios públicos esenciales. Las reformas presentadas por legisladores de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en diciembre pasado, se basan en una propuesta presentada por el Consejo Nacional para el Crecimiento, un órgano creado por el acuerdo económico bilateral de Estados Unidos-El Salvador, la Asociación para el Crecimiento, que reúne a representantes del gobierno con los empresarios más ricos del país. En un foro de 24 de marzo organizado por la Asamblea Legislativa, representantes del Foro del Agua, una coalición de movimientos sociales de base amplia, y los legisladores del FMLN, expresaron su feroz oposición a una reforma que expondría el agua a concesiones privadas después que el FMLN había tenido éxito en excluirla de la Ley APP. "El FMLN no está a favor de que privaticemos servicios fundamentales",  dijo el legislador Orestes Ortez del partido de izquierda. Con la intención de aprobar las reformas lo antes posible, el Consejo para el Crecimiento dio a conocer una lista reducida de las reformas recomendadas al día siguiente, abandonando planes de incluir el agua de nuevo en el ámbito de posibles concesiones. Las reformas que sobreviven tienen como objetivo minimizar el debate público en torno a las concesiones y acelerar su aprobación. Una de las reformas podría cambiar la legislación de APP actual, que obliga a la Asamblea a que apruebe primero los términos de la licitación y luego apruebe el contrato final, de manera que las concesiones sólo requerirían una sola revisión antes de la aprobación legislativa. Otra sería poner la supervisión de las concesiones en manos del presidente de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROESA), en lugar de un órgano autónomo de control del Ministerio de Economía. Una tercera reforma aumentaría el límite de la cantidad de deuda que el Estado puede incurrir por cualquier concesión del 1 % del PIB de la nación hasta el 3 %. La legisladora del FMLN Lorena Peña  señaló que el 1% del PIB representa ya $245 millones, casi la misma cantidad que todo el proyecto FOMILENIO ($277 millones.) La intervención descarada de la Embajada de EE.UU. en los asuntos de la Asamblea Legislativa hace los verdaderos objetivos de la política exterior de los Estados Unidos aún más transparentes. La embajadora Aponte está obligando a que se apruebe legislación en el país que garantice que los fondos de FOMILENIO sean fácilmente desviados a los bolsillo de las empresas transnacionales privadas, concediéndoles mayor acceso a los servicios públicos de El Salvador en el futuro, independientemente del partido que esté en el poder. Cuando Aponte indicó recientemente la voluntad de la administración Obama de trabajar con la administración entrante del FMLN, hizo hincapié en la necesidad de avanzar con los programas bilaterales "no sólo para beneficio de El Salvador, sino también para el beneficio de los Estados Unidos". Pero su proceder más reciente parece indicar que el principal beneficiario será, como siempre, la élite corporativa transnacional. Traducción del inglés a español por Mauricio B.

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