De nuevo, el gobierno de El Salvador se enfrenta una demanda internacional por parte de una empresa extranjera: la compañía costarricense MECO recientemente presentó dos demandas que suman $14.5 millones contra El Salvador en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de México, la jurisdicción del cual está siendo disputada por el gobierno salvadoreño.

La demanda de MECO se dirige al Fondo de Milenio (FOMILENIO), una oficina del gobierno que administra los fondos donados a El Salvador por la Corporación Reto de Milenio (MCC por sus siglos en inglés), una agencia de cooperación para desarrollo de los Estados Unidos. MECO había ganado dos contratos con FOMILENIO para diseñar y construir porciones del mega-proyecto la Carretera Longitudinal del Norte. Pero en ambos casos, los costos superaron los inicialmente estipulados en el contrato, provocando MECO a demandar a FOMILENIO para la diferencia. Si la demanda es exitosa, El Salvador podría ser obligado a ceder aún más al sector privado y utilizar fondos del presupuesto nacional para pagar la corporación costarricense.

Después de la victoria reciente de una empresa italiana sobre el Estado salvadoreño en un tribunal internacional, el caso de MECO se vuelve más preocupante en la sombra de una Ley de Asocio Público-Privado (APP) que hoy se debate en la legislatura salvadoreña. La Ley de APP abriría todas las empresas e infraestructura estatales a capital extranjero, e incluye cláusulas que obligan al gobierno reembolsar a empresas privadas en el caso de pérdidas económicas.

El gobierno estadounidense presiona sin parar para la aprobación de la Ley de APP, incluso amenazando con no autorizar un segundo proyecto de FOMILENIO si la legislatura impida su paso. Si ocurre lo que los EEUU desean, futuros fondos del FOMILENIO otorgados a empresas extranjeras serán regulados por la Ley de APP, y corporaciones cuyas “inversión” no resultó rentable podrían saltar una demanda y simplemente exigir pago.