El derechista sector empresarial salvadoreño, con el apoyo de la embajadora estadounidense Mari Carmen Aponte, ha dado a conocer un proyecto de reforma de la Ley Especial de Asocio Público-Privado (APP) que ampliaría el alcance de esta legislación privatizadora y entregaría su control a la empresa privada. El 30 de julio, el Consejo Nacional para el Crecimiento, organismo bilateral nacido de un acuerdo entre EE.UU. y El Salvador para el desarrollo económico ­–la Asociación para el Crecimiento– celebró una conferencia de prensa conjunta con la embajadora Aponte para presentar su proyecto de reforma a los legisladores y representantes de los partidos políticos para su estudio. Aponte también destacó la buena marcha del nuevo proyecto de desarrollo costero en El Salvador, en el marco del Desafío del Milenio, un paquete de ayuda de 400 millones de dólares que ella había declarado previamente amenazado si El Salvador no aprueba la citada ley. La presencia de la embajadora de EE.UU. destaca el interés económico fundamental que para este país encierra esta legislación, en la medida en que abre los proyectos públicos al control y, fundamentalmente, al beneficio de las empresas extranjeras y transnacionales. La primera versión de la ley presentada a la Asamblea Legislativa tenía un alcance mucho más amplio y una aplicación más estricta. Por ello, el partido de izquierdas Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), logró modificar con éxito algunas de sus disposiciones fundamentales, haciendo los asocios públicos-privados opcional en lugar de obligatorios, y excluyendo de ella los asuntos de salud, educación, agua y gestión de prisiones. En respuesta, el Consejo Nacional para el Crecimiento espera que se vuelva a incluir el agua como sector abierto a los APP, concretamente el tratamiento de aguas negras y la ¨potabilización¨ del agua. Las reformas también restablecerían la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), vinculada a los empresarios, como organismo de supervisión de los APP, en lugar de crear un nuevo consejo supervisor designado por el Presidente y la Corte Suprema. PROESA, una agencia gubernamental de ayuda a los exportadores y a la inversión extranjera, fue fundada por Ana Vilma de Escobar, ex vicepresidenta de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y actualmente fuertemente vinculada con el secretario técnico de la presidencia Alexander Segovia, partidario de la inversión y las empresas extranjeras. Por último, las reformas tienen por objeto reducir el periodo de tiempo asignado a la Asamblea Legislativa para estudiar un propuesto asocio público-privado, con lo que las propuestas podrán ser tramitadas sin una revisión adecuada. “No se equivoquen, este es un paso hacia la privatización,” afirma Wilfredo Berríos del Frente Sindical Salvadoreño (FSS). “¿Cuando antes se ha preocupado el sector privado por nuestros desechos si no es para hacer ganancias?” La Ley de APP, junto con la Ley de Servicios Internacionales y las reformas a la Ley de Zonas Francas aprobada a principio de este año, traería consecuencias desastrosas para los trabajadores en El Salvador. Estas políticas están diseñadas para beneficiar a las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, mientras que rinden escasos beneficios al pueblo salvadoreño. Están a favor de las grandes empresas como accionistas en grandes proyectos de construcción y contribuirían a que las empresas sustituyan una fuerza laboral del sector público preexistente por una nueva fuerza laboral más joven y más fácilmente explotable del sector privado. Las reformas propuestas sólo acelerarían este proceso, y ampliarían su alcance para incluir los servicios sociales necesarios, como el agua. Hasta este momento, las reformas aún no han sido presentadas para su aprobación a la Asamblea Legislativa, en la cual se requeriría sólo una mayoría simple de 43 votos para ser votadas y convertidas en ley.