El lunes 1 de mayo, los movimientos sociales populares de El Salvador movilizaron a la clase trabajadora salvadoreña para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, a pesar de las amenazas de arresto y persecución política bajo el ahora indefinido Estado de Excepción. En 2022, la tradición anual fue marcada por amenazas de captura de los organizadores por parte de altos funcionarios de la administración de Bukele, alegando que los organizadores de las actividades de Primero de Mayo apoyaban a las pandillas y, por lo tanto, se les aplicaría las nuevas medidas bajo el regimen de excepcion. Este año, las reivindicaciones de la marcha reflejaron la indignación de una clase trabajadora que ha sido sometida a todo un año de detenciones arbitrarias y una amplia suspensión de protecciones constitucionales.

Las organizaciones de los movimientos populares celebraron la unidad alcanzada en la marcha de este año y la alta participación, a pesar de decenas de bloqueos militares instalados en varias carreteras de acceso a la capital. Se calcula que entre 10.000 y 20.000 personas marcharon desde un único punto de partida acordado en el Parque Cuscatlán hasta un mitin en la Plaza Berrios con reivindicaciones "muy contundentes contra el régimen autoritario, el deterioro económico y el aumento de la pobreza". Participaron cientos de organizaciones del movimiento popular, partidos políticos y sectores académicos y religiosos, así como sectores que históricamente no habían participado en las marchas del Primero de Mayo (dada la clara alineación de la jornada con la izquierda y la clase trabajadora), lo que señala a que los impactos de los ataques del gobierno de Bukele a la democracia son ampliamente sentidos y que las demandas del movimiento popular tuvieron amplia resonancia.

En las semanas previas a la marcha, grupos como el Bloque de Resistencia Popular (BRP) hicieron un claro llamamiento a la unidad. Las actividades del Primero de Mayo fueron anunciadas en una conferencia de prensa conjunta el 12 de abril, donde el BRP junto al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), Comité de Familiares de Presos Políticos (COFAPPES), Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC), Maestros en Resistencia (MER), Movimiento por la Defensa de la Tierra (MDT), Movimiento Cinquera en Resistencia 8 de mayo (MCR), y el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS) denunciaron:

“Por primera vez desde los Acuerdos de Paz estamos ante una incertidumbre en el sistema electoral; el costo de vida, la pobreza y la emigración van en aumento; hay despojo de tierras, persecución política, represión y un injustificable régimen de excepción que lleva más de un año.”

En su declaración del Primero de Mayo, la Fundación para el Estudio de la Aplicación de los Derechos (FESPAD), también denunció los ataques de la administración Bukele contra los trabajadores y el trabajo organizado, asi como los despidos de más de 19.000 personas de organismos estatales desde el inicio de la administración Bukele en junio de 2019, "que han desencadenado en otras vulneraciones en sus derechos humanos y los de sus familias [... sin] alternativas para las y los trabajadores, sin el debido proceso, y mucho menos justicia." Su declaración también denunció las tácticas divisivas y obstruccionistas del Ministro de Trabajo (que ha negado permisos a más de 400 sindicatos), llamando a la clase trabajadora a continuar luchando juntos no sólo en torno a los derechos laborales, sino también a tomar posiciones claras sobre cuestiones nacionales urgentes.

Con demandas que incluían el fin del estado de excepción, las detenciones arbitrarias, la persecución política y los asesinatos bajo custodia estatal; la libertad de los presos políticos; el restablecimiento del estado de derecho; el no a la reelección de Nayib Bukele; el aumento del salario mínimo y de las pensiones para los veteranos de guerra y los ancianos; los subsidios agrícolas; fin a la expropiación de tierras; y programas de apoyo a mujeres, niños, ancianos y población LGBTI entre otros, los movimientos sociales populares dejaron claro que los ataques de la administración Bukele a la democracia son un claro ataque a la clase trabajadora salvadoreña, con impactos económicos devastadores.