España otorgó asilo político a los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), al reconocer el riesgo que enfrentan por su labor de defensa de derechos humanos en El Salvador. La decisión consolida su estatus de refugiados en el Estado español y confirma que existen elementos para considerar que la persecución en su contra tiene carácter político.

La decisión se anuncia una semana después del aniversario del inicio del proceso judicial en su contra, conocido como caso “La Floresta".

“Este día se ha hecho pública la concesión de asilo político a mi favor. Esto reafirma la persecución política a las personas defensoras de derechos humanos”, expresó Ivania Cruz en un video en X. Añadió que “mi integridad física, mi seguridad y mi vida corren un gran riesgo en El Salvador”, y subrayó que el reconocimiento del asilo implica no solo residencia legal en España, sino también el reconocimiento de que su trabajo la coloca en una situación de riesgo.

Cruz salió de El Salvador y solicitó asilo en España tras los allanamientos a su vivienda y a las oficinas de UNIDEHC el 25 de febrero de 2024. Luego de la audiencia inicial por el caso “La Floresta”, el 13 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República confirmó que Cruz y Joya eran señalados de integrar una supuesta estructura dedicada a la venta ilegal de terrenos en San Juan Opico, La Libertad. En el mismo proceso fue incluido el vocero de UNIDEHC, Fidel Zavala, quien permanece en prisión desde hace un año junto a más de una veintena de habitantes de la comunidad La Floresta, quienes venian denunciando un desalojo violento e injusto desde julio del año anterior.

Desde UNIDEHC, Cruz y Joya documentaron cientos de capturas arbitrarias, denuncias de tortura y más de 400 muertes bajo custodia estatal en el marco del régimen de excepción. La organización también acompañó a cientos de familias de comunidades rurales que enfrentaban desalojos forzosos y promovió acciones judiciales contra el Estado, como en el caso COSAVI y por las condiciones dentro de los centros penitenciarios.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas señaló que Cruz y Joya tuvieron que buscar refugio “huyendo del acoso legal en El Salvador derivado de su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos”, y advirtió que la UNIDEHC “ha sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades salvadoreñas desde febrero de 2025 debido a su apoyo a la comunidad La Floresta, que se enfrenta a intentos de desalojo forzoso desde 2024”. Desde ese año, organizaciones internacionales ya advertían sobre vigilancia estatal, acoso e intimidación contra abogados que representaban a víctimas de detenciones arbitrarias.

En 2025, el gobierno salvadoreño solicitó la emisión de notificaciones rojas a INTERPOL para la captura de Cruz y Joya, sin embargo, la Audiencia Nacional bloqueó el intento de ejecutar esas alertas en territorio español, al considerar que el estatus de refugiados y las medidas de protección concedidas prevalecen sobre cualquier solicitud de detención con motivación política. Posteriormente, INTERPOL revocó las notificaciones al determinar que contravenían el principio de no intervención en asuntos de carácter político establecido en sus estatutos.

Los expertos de Naciones Unidas, calificaron la medida como “un acto de represión transnacional, ya que extiende el hostigamiento a defensores de derechos humanos más allá de sus fronteras, atacándolos en un país donde buscan protección”.

La resolución favorable para concederles el asilo, coloca bajo observación internacional el proceso judicial en curso en El Salvador y formaliza la protección de Cruz y Joya como personas refugiadas.  Al respecto, Cruz llamó a que “el silencio no sea una opción” y pidió solidaridad para continuar exigiendo “la libertad de Fidel Zavala, de Rut López y de todas las personas que en algún momento fueron encarceladas de forma injusta”.