Al tiempo que Kristi Noem es nombrada enviada especial para un nuevo bloque de seguridad en América Latina, el ex subsecretario del DHS, Troy Edgar, nominado a embajador de Estados Unidos en El Salvador, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Horas antes de que Trump anunciara que retiraba a Kristi Noem de su cargo como secretaria del DHS y la asignaba como enviada especial a un bloque recién anunciado de gobiernos de derecha en América Latina, denominado el “Escudo de las Américas”, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado se reunió para considerar la nominación de Troy Edgar, quien hasta diciembre se desempeñó como subsecretario del DHS, como nuevo embajador en El Salvador.

Las decisiones sugieren que la administración Trump está reiterando su compromiso de extender la agresión violenta del DHS y su desprecio por el Estado de derecho aún más en el hemisferio occidental con la ayuda de “amigos designados” como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bukele fue invitado, junto con otros 11 líderes de derecha que han demostrado lealtad a Trump, a una próxima reunión en Miami este fin de semana.

Durante la audiencia de hoy del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, los demócratas cuestionaron a Troy Edgar, exejecutivo de Boeing, sobre la entrega por parte de la administración de venezolanos —incluidos solicitantes de asilo y refugiados— a El Salvador en marzo de 2025 para ser encarcelados en el CECOT, sobre lo cual expresó “ninguna preocupación”. También afirmó que “no había visto” abusos significativos de derechos humanos en el país.

Desde la suspensión de los derechos constitucionales y del debido proceso en marzo de 2022, el gobierno de El Salvador ha reportado más de 90,000 arrestos; ninguno ha tenido una audiencia preliminar ante un juez. Organizaciones salvadoreñas de derechos humanos han documentado 470 muertes en las cárceles durante este período, aunque es probable que el número sea mayor, así como tortura en las prisiones. Decenas de defensores de derechos humanos y de la tierra, abogados y críticos abiertos del gobierno han sido encarcelados, mientras que cientos más, incluidos periodistas, han huido del país.

Comentario de CISPES:

“La propuesta de que cualquier alto funcionario del DHS represente a Estados Unidos en una capacidad diplomática en cualquier parte del mundo sería motivo de alarma dado el desprecio demostrado por el Estado de derecho por parte del DHS bajo esta administración. El escenario es aún más alarmante en El Salvador, donde el gobierno ya ha coludido con la administración Trump para violar las leyes internacionales y someter a solicitantes de asilo a tortura. También debería alarmar a todos que el gobierno de Trump describa a Bukele, cuyo régimen ha perseguido sistemáticamente a defensores de derechos humanos y abogados constitucionalistas, como uno de los ‘socios más importantes de Estados Unidos en la región.’”