Organizaciones salvadoreñas de derechos humanos y defensa laboral denunciaron, en una conferencia de prensa, que el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado programó para los días 25 y 26 de agosto la audiencia de juicio masivo en la que será procesado el sindicalista Geovanni Antonio Aguirre López, quien permanece detenido bajo el Régimen de Excepción desde 2022, pese a contar con dos órdenes judiciales de libertad.

Durante la conferencia, el abogado particular de Aguirre, Luis Rivera, sostuvo que, tras revisar el expediente, "no existe un solo elemento de prueba serio, objetivo y legal que vincule a Geovanni Antonio Aguirre López con organizaciones criminales" y aseguró que toda la evidencia incorporada al proceso demuestra que su trayectoria pública ha estado vinculada exclusivamente a la defensa de los derechos laborales y sindicales. 

El abogado explicó que, al no acatar las resoluciones judiciales de libertad emitidas en 2022 y 2023, la Dirección de Centros Penales está incurriendo en los delitos de desobediencia y e incumplimiento de deberes, al tiempo que solicitó a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación de oficio por estos hechos.

Rivera también expresó preocupación por la falta de información sobre la condición física del sindicalista. "Resulta preocupante que la información oficial sobre su estado de salud haya sido sumamente limitada o nula", señaló, al indicar que la defensa y la familia no han tenido acceso a informes médicos actualizados desde hace aproximadamente dos años.

Asimismo, Lourdes Palacios del  Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), señaló que el caso de Giovanni Aguirre “es una muestra fehaciente del incumplimiento de las reglas de Nelson Mandela”, que establecen las condiciones mínimas para el tratamiento de los reclusos, e instó al Estado salvadoreño al cumplimiento de dichas normas en este caso y en el de los demás presos políticos.

La conferencia también destacó el respaldo de 80 organizaciones internacionales de derechos humanos, sindicales, religiosas y de la diáspora, que enviaron una carta al Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado en la que expresan su "profunda preocupación por la continua detención arbitraria y los periodos de desaparición forzada" de Aguirre y exigen el cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan su libertad.

En representación de una de las organizaciones firmantes, Bethany Loberg señaló que conoce a Aguirre desde hace más de diez años y aseguró que “es un líder juvenil muy comprometido con su comunidad y con su familia". Loberg relató cómo en los intercambios de su organización en El Salvador, pudo presenciar cómo Aguirre coordinó actividades de jóvenes de su comunidad y con el grupo de jóvenes de la iglesia, donde impulsaba proyectos de arte para la transformación social.  "Tiene muchos años de compromiso con la juventud de su comunidad", agregó.

En la carta leída por Loberg, las organizaciones internacionales advierten que el procesamiento de Aguirre en un juicio colectivo socava su derecho a una revisión judicial individualizada, prolonga arbitrariamente su privación de libertad y contradice las órdenes de libertad previamente emitidas. Asimismo, recuerdan que el caso ha sido presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya Comisión de Expertos ha solicitado al Estado salvadoreño información sobre la situación del sindicalista y medidas para garantizar el respeto a la libertad sindical conforme al Convenio 87.

Las organizaciones firmantes instan a las autoridades salvadoreñas a ejecutar de inmediato las órdenes de libertad, informar sobre el paradero y estado de salud de Aguirre, garantizar una revisión judicial individualizada y poner fin a la criminalización de la actividad sindical bajo el régimen de excepción.