Declaración sobre la persecución política misógina y difamatoria contra Lorena Peña
27 marzo de 2023

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con Lorena Peña, activista feminista de toda la vida y dirigente del partido de izquierda de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), que actualmente se enfrenta a la persecución política a manos del gobierno de Bukele en El Salvador.
Lorena Peña es una dirigente histórica del FMLN que ha dedicado su vida a la lucha revolucionaria del pueblo salvadoreño por construir una sociedad justa. Fue delegada del equipo negociador del FMLN en la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Posteriormente fue diputada legislativa del FMLN durante casi una década, y fue elegida presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador en 2015-2018.

En febrero de 2023, la Corte Suprema de Justicia anunció un caso civil contra Lorena por cargos de mala conducta financiera durante su mandato como Secretaría de Cultura del FMLN, notificó al Fiscal General de la República y sugirió que se podría abrir un juicio penal por la misma causa, poniéndola en peligro inminente de ser encarcelada injustamente dado que la garantía del debido proceso ya no existe en El Salvador a causa del sistema judicial fallido. A pesar de que Lorena ya ha presentado todas las pruebas necesarias para absolverla de las acusaciones infundadas, el hecho de que esté siendo amenazada con ser detenida por cargos no penales de naturaleza administrativa, afirma que el sistema judicial salvadoreño se ha convertido en un arma de persecución contra los opositores políticos del Presidente Bukele y no se puede confiar en dicho Órgano Judicial para hacer cumplir la ley, y mucho menos para garantizar el debido proceso o un juicio justo a cualquier ciudadano.
Expresamos nuestra solidaridad con Lorena, que ha soportado años de ataques misóginos y difamatorios contra su persona y su carácter como mujer de alto rango en la política salvadoreña y debido a su abierto liderazgo en cuestiones de justicia social, económica y de género.

Cuando era presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, el partido derechista ARENA llevó a cabo una campaña mediática de desprestigio acusándola de mala conducta financiera, que resultó vacía.

El presidente Bukele y su partido han intensificado los ataques contra ella, probablemente en respuesta a sus críticas abiertas al retroceso de las normas democráticas fundamentales por parte de su gobierno y a las innumerables irregularidades en el gasto público.

• En 2021, una comisión legislativa especial formada por diputados del partido Nuevas Ideas de Bukele y otros leales a él, interrogó públicamente a Lorena Peña durante doce horas consecutivas sobre el uso de fondos públicos cuando era presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Este interrogatorio tuvo lugar fuera del mandato constitucional de la legislatura, ya que las investigaciones financieras son responsabilidad de la Corte de Cuentas. Además, la "investigación" se realizó bajo el falso pretexto de responsabilizar a Lorena por el uso de fondos que fueron aprobados por todo el pleno de la Asamblea Legislativa y posteriormente administrados por el Ministerio de Hacienda. Durante este interrogatorio, Lorena se defendió de los insultos misóginos y desmintió las acusaciones de haber desviado 580.000 dólares para una ONG, acusaciones que ya se habían demostrado falsas durante múltiples auditorías especiales realizadas por la propia administración de Bukele sobre las finanzas de la histórica organización feminista Las Melidas, de la que fue cofundadora. En aquel caso prevaleció el apoyo popular y la falta de pruebas.

• Ahora, en un claro caso de lawfare, un poder judicial en deuda con el gobierno de Bukele la persigue de nuevo, esta vez basándose en una investigación de 2022 sobre presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato en la Secretaría de Cultura del partido FMLN, que dirigió durante 7 años. A pesar de su diligencia en proporcionar documentación en respuesta a cada solicitud de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal ha enviado el caso a juicio civil por enriquecimiento ilícito de $200,000. 

• Adicionalmente, la Corte Suprema sugirió públicamente que la Fiscalía General de la República podría abrir un proceso penal por la misma causa, a pesar de que el caso es de naturaleza civil.

Estas acciones ilustran que muchos elementos del poder judicial salvadoreño ahora actúan sistemáticamente a instancias de la administración Bukele después de que los legisladores de Nuevas Ideas destituyeran y sustituyeran ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República en mayo de 2021 y la posterior destitución, sustitución y traslado de jueces y fiscales en todo el país en violación de la Constitución.

Además, denunciamos la hipocresía de la administración Bukele por desmantelar los muchos avances en transparencia gubernamental que con tanto esfuerzo fueron asegurados por la sociedad civil salvadoreña bajo el liderazgo ejecutivo del FMLN, incluyendo el cierre de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y profundos retrocesos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ahora utilizando un poder judicial y un Fiscal General sumisos para perseguir acusaciones infundadas de corrupción contra el FMLN, lo que ha resultado en el encarcelamiento y exilio de decenas de miembros y líderes del partido desde 2020.

La misoginia dirigida hacia Lorena Peña es motivo de mayor preocupación.

Durante su carrera como legisladora, desempeñó un papel destacado en la defensa de los derechos de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Presentó y promovió propuestas legislativas a las que la élite derechista de El Salvador se opuso sistemáticamente y a menudo obstaculizó, entre ellas: despenalizar el aborto en determinadas circunstancias; crear la institución financiera estatal para las mujeres, FOSOFAMILIA; reformar el código penal para tipificar los delitos contra las personas LGBT como delitos de odio, y abordar mejor la violencia contra las mujeres y los niños; la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia; la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres; y abogó por cuotas para la participación política de las mujeres, entre otros esfuerzos importantes.

El ataque contra Lorena es el último de una larga serie de ataques misóginos que caracterizan la política de Nayib Bukele, de su administración y de sus representantes que han acosado, amenazado y difamado habitualmente a mujeres de la oposición, en particular a mujeres de izquierdas afiliadas al FMLN y vinculadas al movimiento social popular salvadoreño.

Cuando era alcalde de San Salvador, la agresión verbal de Bukele contra una concejala fue el catalizador de su eventual expulsión del FMLN por múltiples infracciones éticas. Desde que llegó a la presidencia del país, ha seguido atacando a las mujeres que se atreven a criticar su gestión, a menudo desde su cuenta oficial de Twitter, entre ellas Daniela Genovés, excandidata legislativa del FMLN, Karina Sosa, secretaria nacional adjunta del FMLN, y Claudia Liduvina Escobar, ex magistrada del Instituto de Acceso a la Información Pública, colocándolas en la mira pública y exponiéndose a violencia y acoso generalizados en línea y en persona.

A lo largo de los numerosos ataques que ha sufrido, Lorena se ha comportado con valentía, honestidad, espíritu de lucha y un compromiso inquebrantable, muchas de las mismas características notables que ha demostrado durante décadas mientras lideraba movimientos de mujeres de base en El Salvador y construía la solidaridad internacional.

En las próximas semanas Lorena Peña será procesada en un juicio civil. Como las organizaciones bajo firmantes, hacemos un llamamiento:
1. Al juez que preside el caso y a otros miembros del sistema judicial de El Salvador que no actúen sometidos a la agenda política del gobierno de Bukele; su rol debe ser apegado a la ley.
2. Que se respeten y hagan valer los derechos constitucional e internacionalmente protegidos de Lorena Peña al debido proceso.
3. Que la fiscalía no actúe ilegalmente abriendo un proceso penal, con delitos fabricados.
4. Que el gobierno salvadoreño cese sus tácticas de guerra jurídica contra Lorena Peña y otros opositores políticos.

Firmantes:
A Legacy of Equality Leadership and Organizing (LELO)
Anti-Imperialist Action Committee
Association of Roman Catholic Women Priests
ATALC (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe)
BMDC - Boston May Day Coalition
Cambridge United for Justice with Peace
Cambridge/ El Salvador Sister City project
Casa Baltimore Limay
Center for Gender & Refugee Studies
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo SJ" (CSMM)
Centro Latino Cuscatlán
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Ciudadanía en Oregon at Temple Beth Sholom
CODEPINK
Colectivo Kawsay
Comité de Solidaridad con El Salvador en México
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Community Organizing Center
Denver Justice and Peace Committee (DJPC)
Doctors for Global Health
Echoes of Silence
Environmental Network for Central America (ENCA)
Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM)
Federación Democrática Internacional de Mujeres– Oficina Regional América y Caribe
Frente Internacionalista de Mujeres por la Justicia y la Paz
Friends of Latin America
GABRIELA Washington, DC
Global Justice Committee of Portland Jobs with Justice
Grassroots Global Justice Alliance
Grupo primero de Abril
Guatemala Human Rights Commission/USA
Guatemala Solidarity Project
GuateMaya L.A. Mujeres Resistiendo
Hesperian Health Guides
Inter-Faith Committee on Latin America
International Migrants Alliance - US Chapter
International Women's Alliance
Kickapoo Peace Circle
La Chispa
Massachusetts Peace Action - Latin American Caribbean Working Group
Minnesota Workers United
Minnesota Anti-War Committee
Minnesota Abortion Action Committee (MNAAC)
Movement 4 People's Democracy - Midwest
Movimiento de Solidaridad Social y en Resistencia
National Lawyers Guild
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Nicaragua Center for Community Action (NICCA)
Palestinian Youth Movement - Bay Area
Portland Central America Solidarity Committee (PCASC)
Portland chapter, Jewish Voice for Peace
Prairie sage protectors - Canada
Red Mundial Salvadoreña en Defensa de la Democracia 
Redes Amigos de la Tierra Uruguay
Resistencia Comunitaria
RocUbuntu
San Carlos Foundation
San Francisco Committee for Human Rights in the Philippines (SFCHRP)
San Francisco chapter, Labor Council for Latin American Advancement (SFLCLAA)
School of the Americas Watch
US-El Salvador Sister Cities
US Women and Cuba Collaboration
Women’s International League of Peace and Freedom (WILPF) - Cuba and the Bolivarian Alliance Issues Committee
Women Against Military Madness
Women of the Americas, Fuerza Mundial Continuum