Las elecciones legislativas, municipales y del Parlamento Centroamericano de El Salvador, tuvieron lugar el pasado 28 de febrero de 2021.  Los resultados preliminares apuntan a que la mayoría de puestos en la Asamblea Legislativa fueron ganados por Nuevas Ideas, el partido del presidente, y en segundo lugar -con una tercera parte de los votos obtenidos por la plataforma política de Bukele- el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), cuyo grupo legislativo quedaría reducido a la mitad, con menos de 15 de las 84 diputaciones a nivel nacional.

Mientras tanto, la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), partido por el que Bukele compitió para las elecciones presidenciales y El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), compiten por el tercer lugar, quedando reducidos a menos de cinco diputados, tras contar con 11 y 23 diputaciones, respectivamente, en el periodo 2018-2021.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo independiente encargado de regular las elecciones, hizo un llamado a ser pacientes, pues el escrutinio final de los votos se realizará en los primeros días de marzo. (Ver los resultados oficiales del TSE).  Se estima que en esta jornada electoral la participación fue del 51% de los votantes, un aumento de 5% con respecto a las elecciones legislativas y municipales de 2018.

Si las proyecciones se mantienen, Nuevas Ideas se convertirá en el primer partido político en la historia del país con más del 50% de curules en la legislatura. Aunado a ello, al sumarse los legisladores que compitieron por la coalición GANA-Nuevas Ideas en 5 departamentos del país, podrían alcanzar la mayoría calificada, lo que significa que el partido de Bukele podría estar cerca de tener el poder absoluto para elegir al próximo Fiscal General de la República y algunos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consolidando un control de casi todos los órganos de toma de decisión del país.

Con una mayoría calificada, Nuevas Ideas también tendría la oportunidad de aprobar préstamos sin los votos de otros partidos e impulsar enmiendas a la Constitución, aunque cualquier cambio a la Carta Magna deberá ser ratificado por la siguiente legislatura en 2024. Una comisión ad-hoc liderada por el vicepresidente Félix Ulloa que ya se encuentra estudiando potenciales cambios a la constitución, ha propuesto reformas que incluyen restablecer el servicio militar obligatorio, entre otras.

Antes y durante el período de campaña, ambientalistas, juventudes, mujeres, feministas, sindicatos y otras organizaciones del movimiento social, expresaron su preocupación por la violencia pre-electoral y las acusaciones de fraude infundadas hechas por el presidente Bukele y Nuevas Ideas, en busca de deslegitimar la credibilidad de las instituciones democráticas de El Salvador. Durante meses, la administración Bukele acusó a las autoridades electorales de conspirar para cometer un fraude.  En respuesta, seguidores de Nuevas Ideas atacaron las instalaciones y al personal del TSE, mientras que la Policía Nacional Civil arrestó a trabajadores de dicho órgano electoral en noviembre del año pasado, entre otros incidentes y actos de intimidación en contra de los miembros del TSE.

La violencia política llegó a su punto máximo el 31 de enero, cuando dos militantes del FMLN fueron asesinados a mano armada por empleados gubernamentales.  Este ataque, considerado uno de los más trágicos de las últimas décadas, dio pie a una carta de miembros del Congreso estadounidense dirigida al Departamento de Estado, expresando inquietud debido a que “el diálogo político (en El Salvador) se ha degradado en temas como intolerancia, violencia, soborno y corrupción”.

A lo largo de la campaña, la administración Bukele violó las leyes electorales sistemáticamente con acciones que van desde retener fondos públicos para las campañas de los partidos que participaban en las elecciones, hasta hacer uso de los impuestos para hacer campaña ilegal a favor de Nuevas Ideas. (Conozca más en la guía de CISPES para las Elecciones de Febrero 2021 -en inglés). La desestimación del presidente por la normativa electoral continuó el día de la elección, cuando Bukele ofreció una conferencia de prensa en la que incentivó a los salvadoreños y salvadoreñas a votar por candidaturas dispuestas a trabajar con su gobierno, violando las restricciones legales para hacer campaña el día de las elecciones y empujando al TSE a iniciar un proceso para sancionar al mandatario.

A pesar de las repetidas vulneraciones al reglamento electoral y de la atmósfera de intimidación y hostilidad que caracterizó el periodo de campaña, observadores nacionales e internacionales confirmaron que la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto, sin reportar mayores irregularidades.

El mandato del TSE, establecido como parte de los Acuerdos de Paz de 1992, fue ampliamente fortalecido durante las dos administraciones del FMLN, de 2009 a 2019.  Durante ese tiempo, el TSE removió al menos 50,000 votantes que aún aparecían en el padrón electoral y cuadruplicó el número de centros de votación, entre otras mejoras sustanciosas que redujeron significativamente el fraude descontrolado que se registraba en años anteriores. Algunos de estos avances fueron revertidos debido a una serie de controversiales resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que convirtieron el  proceso electoral salvadoreño en uno de los más complicados de América Latina. No obstante, el proceso electoral de El Salvador continúa siendo altamente transparente.

El fomento de la desconfianza hacia el TSE es parte de un esfuerzo más amplio de Bukele para debilitar y socavar los demás órganos del Estado e instituciones independientes. Bukele cuenta con una habilidad magistral para manipular la opinión pública, la cual, junto con el apoyo de un descomunal presupuesto de comunicaciones y el gasto desproporcionado de Nuevas Ideas durante la campaña (el cual representa el 87% del gasto total en campañas entre noviembre y diciembre de 2020), ha hecho que su partido obtenga un cuantioso apoyo popular, aunque cuente condenas internacionales por abusos en perjuicio de los derechos humanos.

Irónicamente, luego de perfilarse como un paladín anti-corrupción, una vez en el cargo, la administración Bukele se apresuró a eliminar la Secretaria de Transparencia y los funcionarios se negaron a presentar sus declaraciones de patrimonio.  Desde entonces, la administración Bukele ha estado plagada de decenas de investigaciones por mal manejo de fondos del Estado, mientras que muchos de los candidatos recién electos de Nuevas Ideas están marcados por reportes de corrupción cuando ostentaban cargos dentro del gobierno.

Declaración de Alexis Stoumbelis, Directora Ejecutiva de CISPES

“El resultado de la elección del domingo significa que la izquierda salvadoreña perderá el poco poder institucional con el que contaba para contener la agenda económica de la derecha oligárquica y las corporaciones transnacionales.  Además, se ha trazado el camino para facilitar los aterradores planes de Bukele de revertir los logros democráticos ganados con tanto esfuerzo del pueblo y consolidar su propio poder. Pero un golpe decisivo no significa una derrota total.

El movimiento popular salvadoreño ha tenido importantes victorias anteriormente sin contar con suficiente representación en ningún órgano del Estado; de esta forma funcionaron las cosas durante décadas bajo los gobiernos de ARENA. Sin embargo, con la combinación de organizaciones de base militantes, movilización de masas y solidaridad internacional estratégica, obtuvieron victorias determinantes, incluyendo la derrota de los esquemas de la derecha para privatizar la salud y el agua.

En la medida que encuentren su lugar en este nuevo y aterrador panorama político, el movimiento social necesitará que las organizaciones de solidaridad internacional permanezcan a su lado. También debemos trabajar rápidamente para desamor el apoyo de Estados Unidos al régimen de Bukele, ya sea este en forma de ayuda para las fuerzas armadas o la policía -los cuales han llegado a servir como sus esbirros personales-, o en forma de financiamiento para los mal llamados proyectos de desarrollo, que se utilizan para despojar a las mayorías e sus tierras y llenar los bolsillos de las élites. Nos complace que muchos en el Congreso se están pronunciando en contra de los ataques de Bukele a la democracia. El momento de actuar es ahora”.

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