A menos de dos meses de que expire el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador el próximo 9 de septiembre, crece la presión sobre la administración Trump para renovar la protección migratoria que desde hace 25 años ampara alrededor de 200,000 personas salvadoreñas en Estados Unidos. Decenas de congresistas advierten que terminar el TPS implicaría enviar a miles de personas a un país donde el Estado ha sido señalado por cometer graves abusos contra los derechos humanos.

Una de las principales comunicaciones, encabezada por el congresista James McGovern, y firmada por 80 congresistas, sostiene que la necesidad de  dar continuidad al TPS no responde únicamente a los terremotos que motivaron la protección en 2001, sino a la realidad que enfrenta actualmente El Salvador. “Las condiciones que inicialmente justificaron la designación del TPS para El Salvador en 2001 no solo persisten, sino que nuevas crisis humanitarias, económicas y de derechos humanos agravan la incapacidad del país para recibir el retorno de sus nacionales”, señalan los congresistas.

Los legisladores firmantes, entre los que se encuentran lideres como el Democrata de mas alto rango en el Subcomite de Relaciones Exteriores para el Subhemisferio Oeste, Joaquin Castro; ell lider del Caucus Hispano, y todo el liderazgo del Caucus Progresista, argumentan que el país atraviesa una grave crisis de derechos humanos derivada del Régimen de Excepción impuesto en marzo de 2022, bajo el cual se han suspendido garantías constitucionales fundamentales como el debido proceso, y el derecho a la defensa y la libertad de asociación, al tiempo que organizaciones nacionales e internacionales han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios masivos, y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Asimismo, la carta sostiene que poner fin al TPS expondría a miles de personas a un riesgo real de ser privadas arbitrariamente de su libertad tras su retorno, señalando un “patrón documentado de detenciónes y desparición forzadas de personas deportadas”.   Los legisladores citan investigaciones que documentan el encarcelamiento de personas deportadas desde Estados Unidos a su llegada a El Salvador, sin revisión judicial ni debido proceso, en el marco del Régimen de Excepción.

Además sostienen que la economía salvadoreña no tiene la capacidad para absorber el retorno de más de 200,000 personas, dado que actualmente más del 22 % de los hogares vive en situación de pobreza y cerca del 8 % en pobreza extrema, además de que el mercado laboral formal genera muy pocos empleos para quienes buscan trabajo en el país. En ese sentido, la cancelación del TPS podría profundizar la crisis humanitaria y alimentar nuevos ciclos de migración como los que originalmente dieron lugar a la protección.

“La terminación del TPS para El Salvador enviaría a estas personas, profundamente arraigadas en sus comunidades, a un país afectado por abusos de derechos humanos documentados cometidos por el Estado y que no cuenta con los medios ni la capacidad para recibir a decenas de miles de personas,” afirman.

En una carta personal a DHS, la congresista Luz Rivas (D-CA)  destacó el arraigo de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos en su distrito del San Fernando Valley y el papel que las personas beneficiarias del TPS desempeñan en sus comunidades.

Al respecto, el congresista Adriano Espaillat (D-NY), presidente del Congressional Hispanic Caucus, explicó en otra carta personal que “la decisión sobre el TPS implica una responsabilidad política para Estados Unidos frente a una comunidad que durante décadas ha cumplido con la ley, se ha sometido a verificaciones periódicas y ha construido su vida en el país”.  Para Espaillat, la decisión del secretario Mullin se encuentra ante dos escenarios: “puede renovar el TPS para El Salvador, fortaleciendo a las familias, comunidades y la economía de nuestra nación, o puede causar estragos en la vida de 170,000 beneficiarios salvadoreños del TPS plenamente verificados y los 277,000 ciudadanos estadounidenses —incluidos 150,000 niños y niñas— que viven con ellos.” 

La cancelación del programa podría obligar a estas familias a separarse, y dejar a miles de personas beneficiarias expuestas a la pérdida de su estatus migratorio y a procesos de deportación.

Incluso congresistas que han elogiado públicamente el trabajo de Bukele y su estrategia de seguridad —como el representante Tom Suozzi (D-NY), quien participó en un desayuno de oración organizado por el mandatario salvadoreño en enero de este año y el propio representante Adriano Espaillat, quien asistió a la inauguración del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele— reconocen que terminar el TPS tendría consecuencias devastadoras y que El Salvador no está en condiciones de recibir a cientos de miles de personas retornadas. Por ello, Suozzi aboga por una extensión de dos años que permita al Congreso buscar una solución migratoria permanente.

Estas posturas evidencian el dilema que enfrentan algunos congresistas demócratas quienes, pese a haber expresado admiración por Nayib Bukele, hoy defienden la continuidad del TPS; aunque la defensa de la comunidad beneficiaria del TPS que hacen en sus cartas se basa en argumentos distintos a los planteados por McGovern. En lugar de fundamentar la extensión del programa en la evidencia documentada de violaciones a los derechos humanos y en los riesgos que el Régimen de Excepción representa para las personas retornadas y deportadas —una realidad que el gobierno de Bukele continúa negando sistemáticamente—, enfatizan otras consideraciones.

La amplia documentación sobre la incapacidad del Estado salvadoreño para garantizar condiciones de seguridad, respeto a los derechos humanos y oportunidades de reintegración económica, pone en tela de juicio el discurso oficialista de Bukele que El Salvador es un destino para la migración. Durante la administración Bukele, la embajada de El Salvador en Washington, DC ha promovido una narrativa de “migracion inversa,” que falsamente implica no solo que el país está listo para recibir a su diáspora y garantizarle un retorno seguro pero que la comunidad salvadorena en los EUA está buscando activamente retornar a su pais de origin para beneficiarse de los cambios que el gobierno dice que ha hecho. En enero de 2025, la ex-canciller de Derechos Humanos de El Salvador,Celia Medrano. desmintió esta afrimación al mostrar que las mismas cifras a que refieren el gobierno muestra solo 5% contesto estar listo para regresar.

Además de la amplia propaganda gubernamental orientada a ocultar la precariedad de las condiciones de vida en El Salvador, y pese a la cercanía política entre Nayib Bukele y Donald Trump, no existe hasta ahora ninguna señal de un acuerdo o gestión conjunta para proteger a las personas salvadoreñas beneficiarias del TPS. Funcionarios del gobierno salvadoreño no han dicho mucho publicamente sobre el TPS mas alla que afirmar  que la decisión corresponde exclusivamente a Estados Unidos, mientras miles de personas continúan enfrentando la incertidumbre sobre su futuro migratorio.

De hecho, el amplio apoyo legislativo que el TPS tiene en la actualidad es el resultado de décadas de trabajo de organizaciones como la National TPS Alliance y numerosas organizaciones comunitarias que han organizado a las personas beneficiarias del programa, construido alianzas con distintos sectores y sensibilizado sobre las consecuencias de una eventual cancelación. Como explicó José Palma, actual coordinador de la National TPS Alliance, en un testimonio ante el Congreso al describir la situación de su familia —incluidos sus cuatro hijos nacidos en Estados Unidos—: "Si no logramos encontrar una solución permanente, me veré obligado a afrontar la amenaza de la separación familiar, además de dejar atrás la vida que he construido para empezar de nuevo en un país que ya no conozco. Todo quedará trastocado. (...) Nuestras familias beneficiarias del TPS fueron un blanco fácil porque sigue sin resolverse una realidad evidente: hemos hecho nuestras vidas aquí. Hoy, no podemos conformarnos con una simple extensión del TPS; buscamos la residencia permanente en el lugar que durante décadas hemos llamado nuestro hogar."

Según el estatuto del TPS, el DHS debe anunciar su decisión sobre si extenderá el TPS para un país designado a más tardar 60 días antes de la fecha de expiración del programa. En el caso de El Salvador, ese plazo venció el 11 de julio sin que se realizara ningún anuncio.

De no ser renovado, Estados Unidos estaría abriendo la puerta a una política de deportación masiva hacia un país en el que el Estado comete graves violaciones a los derechos humanos y donde las personas retornadas se encuentran ante un escenario de falta de oportunidades laborales, además de enfrentar detenciones arbitrarias y otras vulneraciones bajo el régimen de excepción.
Infórmese sobre cómo puede pedir a sus representantes en el Congreso que defiendan a las personas beneficiarias del TPS y respalden una legislación que les brinde un camino hacia la residencia permanente. TPS Solidarity Committee - Action Network