El 7 de junio, una delegación de Socorro Jurídico Humanitario, que representa y aboga por las decenas de miles de personas inocentes actualmente encarceladas bajo el régimen de excepción de El Salvador, sostuvo una conferencia de prensa en Washington, D.C. para clausurar su visita a los Estados Unidos. Durante su visita a Washington D.C. y Nueva York, las abogadas y defensoras del grupo de asistencia jurídica, acompañadas por representantes del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), se reunieron con representantes del gobierno estadounidense, instituciones internacionales de derechos humanos y grupos comunitarios salvadoreños para sacar a la luz la verdad que se esconde detrás de la "guerra contra las pandillas" de Nayib Bukele.

Durante la conferencia de prensa, las representantes de Socorro Jurídico resaltaron muchos de los peligros del actual régimen de excepción, una "medida de emergencia" que el gobierno impuso en marzo de 2022 y que ha mantenido ilegalmente durante más de dos años. En declaraciones a la prensa local en español y que se transmitieron en directo en El Salvador, destacaron el amplio impacto que esta política ha tenido en la población salvadoreña, incluida la diáspora. La directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, declaró que tenían conocimiento de al menos tres personas salvadoreñas con ciudadanía estadounidense que han sido detenidas injustamente, aunque se desconoce el número total, debido a la falta de información por parte del gobierno salvadoreño.

En noviembre de 2023, el congresista Gerry Connolly (Demócrata de Virginia) y la congresista Verónica Escobar (Demócrata de Texas), junto con otros catorce miembros de la Cámara de Representantes, enviaron una carta al Departamento de Estado preguntando cuántos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes habían sido detenidos y si el personal de la embajada estadounidense había tenido acceso a estas personas. Aunque el Departamento de Estado no ha publicado esta información, una advertencia de viaje que está en vigor desde julio de 2023 señala que "varios ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades han sido detenidos en el marco del régimen de excepción, algunos de forma al parecer arbitraria."

Socorro Jurídico calcula que, entre las 80.000 personas que han sido detenidas sin orden judicial desde que entró en vigor el régimen de excepción, al menos 26.000 no tienen antecedentes penales, pero, con la suspensión generalizada de las garantías procesales, ha sido extremadamente difícil sacarlas de la cárcel. Tras una vista inicial ante un juez sin rostro, que constituye una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, las personas permanecen encarceladas durante un periodo indefinido de "detención cautelar", durante el cual no pueden hablar con sus familiares ni con sus representantes legales. Esto también viola las normas internacionales, que, explicó Socorro Jurídico, "exigen que el Estado de El Salvador permita a las personas presas, incluso bajo un régimen de excepción, las visitas de defensores y familiares."

El riesgo para las personas que permanecen en las cárceles es preocupante. Socorro Jurídico ha identificado 302 muertes bajo custodia del estado desde marzo de 2022, aunque se cree que el número total de muertes es mucho mayor. En la mitad de esas muertes confirmadas, había signos de violencia o incluso tortura. Otro 33% murió debido a negligencia médica.

"Esta es la pesadilla que viven muchas personas salvadoreñas residiendo en los Estados Unidos que tienen un familiar o un ser querido detenido sin motivo", añadió Alexis Stoumbelis, directora de organización del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, quien estuvo presente en la conferencia de prensa.

También destacó los riesgos que corren "los abogados y personas defensoras de los derechos humanos que tienen la valentía de denunciar lo que está ocurriendo ante los medios de comunicación". En abril, diversas organizaciones de derechos humanos de El Salvador, entre ellas Socorro Jurídico, hicieron públicas las denuncias de acoso y vigilancia. En respuesta, más de 80 organizaciones de 14 países firmaron una carta en la que denunciaban los ataques del gobierno salvadoreño contra las personas defensoras de los derechos humanos, pedían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que les concediera medidas de protección e instaban al gobierno estadounidense a que suspendiera la asistencia en materia de seguridad a El Salvador.

El último ataque ha sido contra nueve dirigentes del movimiento social popular Alianza Nacional El Salvador en Paz, detenidos en vísperas de la toma de posesión inconstitucional de Bukele el 1 de junio. De los nueve, muchos se encuentran en un frágil estado de salud y las condiciones de las superpobladas cárceles de El Salvador representan una grave amenaza para sus vidas.