A principios de este mes, las agencias de noticias internacionales informaron de la muerte de cinco soldados en Comasagua, en el departamento de La Libertad, al paso de la tormenta tropical Julia por El Salvador. Pero, ¿qué conexiones y contexto se perdieron? ¿Por qué hubo un despliegue masivo de tropas en un municipio rural en primer lugar? Los medios de comunicación citaron la "guerra contra las pandillas" del gobierno de Bukele como la razón del despliegue, sin notar que la comunidad se había levantado, apenas unos días antes, para denunciar la negligencia del gobierno local, el colapso de las carreteras y la desfinanciación de infraestructuras peligrosas.

Como antecedente, el 2 de octubre de 2022, los residentes de Comasagua se encontraron rodeados por un "cerco militar", o barricada, compuesta por 2.000 soldados y policías. No es la primera vez que la administración sitia una comunidad entera. Por el contrario, dicen las voces del movimiento social, es una muestra más de fuerza de un régimen autoritario que está normalizando la violación sistemática de los derechos humanos.

El gobierno comenzó a imponer los "cercos militares" - bloqueos tácticos que cortan calles, barrios o áreas más amplias - al inicio de la pandemia del COVID-19 cuando desplegó cientos de policías y militares en las calles de San Salvador y otras partes del país con el pretexto de contener el virus. En lugar de aplicar los protocolos de salud pública establecidos, la administración criminalizó la circulación de la gente, deteniendo a los ciudadanos que no cumplían o no podían cumplir con la normativa y manteniéndolos en centros de detención (donde el virus floreció).

Unos meses más tarde, los militares volvieron a descender sobre las comunidades de las regiones fronterizas de Chalatenango, supuestamente para detener el tráfico de drogas transfronterizo. Las zonas en cuestión eran y siguen siendo fuertes puntos de apoyo de la izquierda con una larga historia de lucha, incluyendo la más reciente contra el gobierno de Bukele. Las organizaciones del movimiento social en El Salvador, junto con los salvadoreños en la diáspora y los aliados internacionales, condenaron los cerramientos militares como ataques políticos contra la oposición al gobierno.

Casi al mismo tiempo, mientras los investigadores del histórico juicio de El Mozote llegaban a la ciudad de San Francisco Gotera con las órdenes del juez presidente para inspeccionar los archivos militares, el ministerio de salud de la administración Bukele declaró repentinamente un brote de COVID-19 en esa ciudad y la cerró con otro bloqueo policial y militar, esta vez denominado "cerco sanitario". El cerco sanitario se impuso inmediatamente después de que la Asamblea Legislativa denegara la petición del Ministerio de Defensa de anular la orden del juez y mantener sellados los archivos militares. No se permitió la entrada ni la salida de nadie, incluidos los investigadores, y los archivos permanecieron sin inspeccionar. La artimaña fue denunciada por los familiares y defensores de las víctimas.

En este contexto, Comasagua es la última comunidad cercada por la presencia militar a gran escala, esta vez con el pretexto del control de las bandas durante el Estado de Excepción. Desde el despliegue, más de 150 personas han sido detenidas. (Esta cifra se suma a las más de 50.000 personas, en su mayoría jóvenes pobres del medio rural, encarceladas desde que se decretó el Estado de Excepción la pasada primavera). El presidente Bukele anunció la operación en las redes sociales en respuesta a un aparente asesinato relacionado con las bandas ocurrido en las cercanías el día anterior, prometiendo "neutralizar" a los miembros de las bandas presentes en la zona.

Sin embargo, hay quien sospecha que el motivo del asedio es otro: la represalia del gobierno por las revueltas locales. Pocos días antes de la llegada de las tropas, las protestas contra el alcalde -miembro del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele- iban ganando fuerza. En una manifestación, los grupos "acorralaron" al alcalde exigiéndole una respuesta por su negligencia en la reparación de las infraestructuras, que estaban fallando y eran peligrosas. En otra, cortaron una calle importante.

El clamor por el deterioro de las infraestructuras pone de relieve la retención de los fondos municipales (FODES) por parte del gobierno de Bukele, un fracaso político que ha llevado a la quiebra hasta el 95% de las alcaldías de todo el país. El resultado ha sido un profundo recorte de los servicios locales, especialmente en las zonas rurales pobres y vulnerables, y el colapso de los sistemas de mantenimiento básico. El descontento por estos retrocesos es cada vez mayor, y las denuncias aumentan. En este contexto, la gente se pregunta por qué, tras los levantamientos contra estos fallos en Comasagua, la comunidad se encontró de repente rodeada por miles de tropas del presidente.

Cuando la tormenta tropical Julia pasó por El Salvador, Comasagua fue una de las zonas especialmente afectadas. Las organizaciones del movimiento social denunciaron que la gran presencia militar, que opera con un presupuesto de más de 250 millones de dólares, no fue capaz de prestar atención o asistencia ni de evacuar eficazmente a los numerosos afectados de la zona. De hecho, cinco soldados que se refugiaron en una estructura improvisada perdieron la vida. Las organizaciones se preguntan ahora: ¿qué hubiera pasado si ese presupuesto se hubiera destinado a la comunidad local, a la mejora de las infraestructuras -como las que la comunidad local pedía a gritos pocos días antes de que el gobierno de Bukele y los militares sitiaran Comasagua-, a los organismos de planificación y preparación (todos los cuales, en cambio, han sido desfinanciados), en lugar de a un ejército hinchado? "Es anormal ver a los soldados armados con fusiles durante estas emergencias, porque sin la formación, el equipo o la maquinaria adecuados, ¿qué pueden hacer?".

La represión se ha convertido en una característica definitoria del régimen actual, a un nivel que no se veía desde la época de la guerra civil. Más allá de la "nueva normalidad" de la intimidación, la vigilancia, el acoso y la estigmatización de cualquier voz que sea crítica con la administración, el presidente Bukele ha encarcelado a innumerables líderes destacados de la oposición y de la comunidades sin el debido proceso y ha obligado a muchos a huir del país en busca de asilo en otros lugares.

Estados Unidos tiene una importante responsabilidad en esta represión. A pesar de las claras violaciones de los derechos humanos, intensificadas bajo el Estado de Excepción en el que más de 50.000 personas han sido encarceladas ilegalmente y más de 80 personas han muerto, Estados Unidos sigue financiando y entrenando al ejército salvadoreño. Únase a CISPES para pedir al Congreso que retire la ayuda y el entrenamiento militar y policial a El Salvador.  Visita: cispes.org/cutmilitaryaid.