En el marco del séptimo aniversario de Nayib Bukele en el poder, el movimiento social popular de El Salvador presentó una evaluación muy distinta a la narrativa triunfalista promovida por su gobierno. En un balance conjunto de los siete años de gestión de Bukele, representantes de sindicatos del sector salud, organizaciones de víctimas y grupos comunitarios denunciaron las realidades internas que se esconden detrás del internacionalmente celebrado “modelo Bukele”, señalando la concentración de poder, el desmantelamiento de los límites constitucionales a la reelección presidencial, la normalización del régimen de excepción a través de un Estado de Excepción que se ha vuelto permanente, el deterioro de los servicios públicos, el aumento del costo de vida y el encarcelamiento de líderes sociales y comunitarios sin condena.

“A siete años de los gobiernos de Nayib Bukele, denunciamos el grave deterioro democrático, económico y social que afecta a El Salvador y el creciente autoritarismo impuesto por un clan familiar empresarial aliado con sectores de la oligarquía”, afirmó el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

El grupo también denunció que la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones del Estado han sido utilizadas por Bukele “para garantizar la continuidad del proyecto gobernante y avalar la reelección presidencial inconstitucional”.

En la conferencia de prensa también se exigió la liberación de varios líderes sociales de la Alianza por un El Salvador en Paz, quienes fueron arrestados hace dos años después de anunciar protestas pacíficas contra la toma de posesión inconstitucional de Bukele. “El gobierno inconstitucional de Bukele se inauguró mediante la violación de los derechos fundamentales de [los líderes de la Alianza]”, afirmó durante el evento el representante del BRP, Fran Omar. Según Omar, su encarcelamiento “no solo ha restringido su libertad, sino que también ha provocado el deterioro de la salud de estos compañeros, quienes incluso han estado en riesgo de perder la vida, como ocurrió con nuestro compañero Atilio Montalvo”.  Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), señaló que los líderes de la Alianza nunca fueron acusados de pertenecer a pandillas y, sin embargo, la suspensión de derechos derivada del Estado de Excepción ha sido aplicada en su proceso penal. Al 1 de junio de 2025, estos han pasado dos años en prisión sin que se haya probado ningún delito en su contra.

La evaluación de las organizaciones también coincide con el inicio del quinto año del Estado de Excepción. Originalmente justificada como parte de la guerra del gobierno contra las pandillas, esta medida ha sido utilizada para perseguir y encarcelar a varios líderes del movimiento social popular salvadoreño.  Aprobado por primera vez en marzo de 2022, el Estado de Excepción ha suspendido varias garantías constitucionales, incluidas las garantías del debido proceso, la libertad de asociación y el acceso a la defensa legal. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y Human Rights Watch han documentado que miles de personas arrestadas bajo esta medida no tenían vínculos con pandillas.

Durante la conferencia de prensa, MOVIR anunció que había presentado una nueva demanda de inconstitucionalidad contra el Estado de Excepción. “El régimen ya no se utiliza para combatir a las pandillas. Simplemente es un instrumento para aterrorizar al pueblo, para encarcelar a líderes sociales, como ocurrió con los compañeros de Alianza El Salvador en Paz”, afirmó Ramírez.

Ramírez también explicó que MOVIR ha presentado previamente tres demandas de inconstitucionalidad y que todas fueron declaradas inadmisibles por la Corte. “Aquí no existe Estado de derecho”, sostuvo. Según Socorro Jurídico Humanitario, más de 500 personas han muerto bajo custodia estatal desde la implementación de la medida, mientras que al menos 22 sindicalistas han sido detenidos bajo sus disposiciones.

Las reiteradas prórrogas del régimen de excepción han sido objeto de críticas por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que han documentado detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia, restricciones al debido proceso y obstáculos para la defensa legal. Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que existen fundamentos razonables para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en El Salvador en relación con la implementación del Estado de Excepción.

Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, sostuvo que el Estado de Excepción ha evolucionado hasta convertirse en un mecanismo que moldea la vida pública mucho más allá de la política de seguridad. “Ha sido un mecanismo para garantizar el miedo entre una gran cantidad de ciudadanos”, afirmó, argumentando que las autoridades han recurrido a detenciones masivas que incluyen a personas inocentes que nunca han recibido una revisión judicial adecuada.

“Una enorme cantidad de personas han sido capturadas bajo cuotas y no han contado con las garantías del debido proceso. Hoy están sometidas a juicios masivos que son completamente improcedentes conforme a las normas jurídicas”.

Narváez también señaló lo que describió como una creciente presión contra periodistas, defensores ambientales y líderes comunitarios, como los Cinco de Santa Marta, activistas por la defensa del agua y líderes comunitarios que fueron arrestados por el gobierno de Bukele después de denunciar indicios de que su administración planeaba revertir la histórica prohibición de la minería metálica en el país.

Actualmente, al menos 86 personas son consideradas presas políticas, mientras que alrededor de 100 periodistas se han visto obligados a exiliarse en medio de un clima de persecución e intimidación, según la organización de derechos humanos Cristosal.

Narváez también denunció “una campaña de despojo contra comunidades que obtuvieron acceso a la tierra mediante la reforma agraria, a través de programas de transferencia de tierras o que han habitado tradicionalmente estos territorios”. En febrero de este año, aunque evitó las detenciones sufridas por las comunidades La Floresta y El Bosque en 2025, la comunidad San Francisco Angulo se vio obligada a ceder en su organización y protesta contra la construcción de un megarelleno sanitario en su territorio tras experimentar amenazas de arrestos masivos.

Para las organizaciones, el retroceso democrático ha estado acompañado por un empeoramiento de las condiciones económicas y sociales.

Mientras el gobierno concentra poder y propaganda, las condiciones de vida de la población continúan deteriorándose. Entre 2019 y 2026, el costo de vida aumentó un 30 % y más de 138,000 personas cayeron en pobreza extrema. La población enfrenta desempleo, bajos salarios y aumentos constantes en los precios de los alimentos, la energía, la vivienda y los servicios básicos.

La educación pública se encuentra en declive: el número de escuelas se ha reducido, la matrícula estudiantil ha disminuido, más de mil docentes han sido despedidos y el programa de alfabetización ha sido eliminado. En la salud pública, el cierre de establecimientos de salud, la escasez de medicamentos, el despido de personal especializado y el impulso hacia la privatización afectan directamente a la clase trabajadora.

También han sido eliminados numerosos programas sociales dirigidos a jóvenes, mujeres, agricultores, veteranos y otros sectores vulnerables. La agricultura y la industria experimentan caídas en la producción, mientras que las cosechas de maíz y frijol se encuentran entre las más bajas de las últimas décadas.

El BRP también señaló que la deuda pública ha aumentado aproximadamente 14,500 millones de dólares durante la presidencia de Bukele sin que ello se traduzca en beneficios para la población, y denunció que los recursos públicos continúan fluyendo hacia las élites económicas mediante contratos, incentivos fiscales y otros mecanismos.

De igual manera, trabajadores de la salud denunciaron el deterioro de la atención sanitaria pública y el debilitamiento de los derechos laborales. Erika de León, de la Comisión Nacional en Defensa de la Salud Pública (CONADESA), afirmó que más de 7,000 trabajadores de la salud han sido despedidos desde 2025 y sostuvo que los ataques van más allá de las cuestiones laborales y alcanzan las propias protecciones constitucionales. “Aquí tenemos un mal gobierno, o mejor dicho, una dictadura. No existen garantías constitucionales. Los derechos humanos están siendo suprimidos para la clase trabajadora”, afirmó.

El Dr. Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) e integrante de CONADESA, describió “un abandono total de la vigilancia sanitaria y del monitoreo epidemiológico”, vinculando la desaparición de los equipos comunitarios de salud con la reaparición de enfermedades. “Tenemos nuevamente malaria. Tenemos nuevamente infestaciones por gusano barrenador. En este momento enfrentamos una epidemia de sarampión y un aumento de casos de rubéola, paperas, entre otras enfermedades”, señaló.

En su balance, las organizaciones sostienen que, mientras aumentan los costos de vida, se debilitan los servicios públicos y se erosionan las garantías democráticas, los principales beneficiarios de los años de gobierno de Bukele han sido sectores económicos políticamente favorecidos. Su evaluación contrasta marcadamente con la imagen promovida internacionalmente por el gobierno de Bukele, que presenta al país como un modelo de seguridad, modernización y gestión eficiente.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, desde la administración Biden, redujo significativamente la presión pública a medida que el gobierno de Bukele aseguraba un segundo mandato a pesar de las prohibiciones constitucionales. El respaldo al gobierno de Bukele se consolidó aún más en 2025 bajo la administración Trump. En agosto de 2025, el Departamento de Estado publicó un informe sobre derechos humanos significativamente más breve respecto a El Salvador, que en gran medida pasó por alto las preocupaciones planteadas repetidamente por organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes y defensores internacionales de derechos humanos.

La disminución del escrutinio externo por parte del Departamento de Estado coincidió con otro cambio importante en el sistema político salvadoreño. Reformas constitucionales aprobadas por los aliados de Bukele permiten la reelección presidencial indefinida y amplían los mandatos presidenciales de cinco a seis años. Posteriormente, el Tribunal Supremo Electoral controlado por Bukele adelantó la elección presidencial dos años, acortando el mandato actual de Bukele y despejando el camino para una nueva candidatura que podría mantenerlo en el poder al menos hasta 2033.

Para las organizaciones que ya venían alertando sobre la persecución política, la perpetuación del régimen de excepción, el encarcelamiento de líderes sociales, el desmantelamiento de los servicios públicos, la creciente concentración de poder y los ataques a los derechos constitucionales, estas reformas no representan la culminación de un proceso de siete años, sino la posibilidad de extenderlo durante buena parte de la próxima década.