20.000 personas trabajadoras del sector público han sido despedidas desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019.

A finales de agosto, el gobierno ejecutivo de El Salvador anunció su intención de cerrar el Instituto Nacional de Formación Profesional (INSAFORP) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), una medida que afectará a los cientos de miles de personas que se benefician de sus programas cada año. También deja a cientos de personas trabajadoras en un estado de incertidumbre y provocará la disolución de sus sindicatos. Estos cierres son los últimos acontecimientos de una serie de ataques en contra de organismos gubernamentales, personas trabajadoras y sus sindicatos, muchos de los cuales se señalaron en una conferencia de prensa de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral el 8 de septiembre.

“Este gobierno ha estado eliminando una serie de instituciones, de entidades gubernamentales, con el propósito, supuestamente, de ahorrar dinero. Pero dentro de la eliminación de esas entidades, se da la situación de que hay despidos masivos de trabajadores. Y, en segundo lugar, hay un atentado a la libertad sindical, ya que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras que existen en esas instituciones son totalmente eliminados”, declaró Salomón Alfaro del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD).

Según el MTD, más de 20,000 personas trabajadoras del sector público han sido despedidas ilegalmente desde que Bukele asumió el cargo. La mayoría trabajaba en dependencias del gobierno, mientras que veinticinco municipios despidieron a un total de 4,444 personas y unas 2,500 fueron destituidas de la Asamblea Legislativa. Esta reducción de la plantilla pública ha provocado la eliminación de diez sindicatos, sin incluir los que representan a las personas trabajadoras del INSAFORP y el INJUVE. Las personas directivas de sindicatos, por ley, deben contar con el debido proceso antes de ser despedidos, lo cual ha sido totalmente ignorado por el oficialismo. En el sector privado, miles de personas trabajadoras de maquilas también han sufrido despidos masivos con el cierre repentino de seis fábricas desde mediados de 2022. Muchas de esas personas, en su mayoría mujeres, fueron sindicalizadas y nunca recibieron su último pago.

El gobierno de Bukele también ha politizado la entrega de credenciales sindicales, que son necesarias para que los sindicatos negocien con las empresas y realicen la mayoría de las funciones sindicales. En 2021, más de 400 sindicatos (aproximadamente la mitad de todos los sindicatos del país) se quedaron sin credenciales, dejándolos prácticamente paralizados frente a las negociaciones con la patronal.

Al menos dieciséis personas sindicalistas también han sido encarceladas durante el Estado de Excepción perpetua en El Salvador, impuesto en marzo de 2022. Alfaro destacó el caso de tres sindicalistas de la Alcaldía de San Marcos, que fueron encarcelados tras protestar el impago de sus salarios. Aunque un juez ordenó su liberación a principios de agosto, permanecen encarcelados. Francisco Antonio Lizama, uno de los sindicalistas encarcelados, es un dirigente reconocido a nivel nacional y miembro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Otro sindicalista y trabajador de la Alcaldía de Mejicanos, José Bonilla, fue detenido en abril de 2022 mientras jugaba afuera de su casa con su hija. Falleció seis meses después, bajo la custodia del Estado. La Fiscalía nunca presentó pruebas que lo vincularan con las pandillas. El 5 de septiembre de 2022, el día de su entierro, un juez desestimó su caso.

En enero, personas sindicalizadas de la Alcaldía de Soyapango, que también exigían el pago de salarios atrasados, fueron detenidas bajo el Estado de Excepción; algunas siguen en la cárcel, ocho meses después. En respuesta, la diputada a la Asamblea Nacional Anabel Belloso, del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recurrió a Twitter para denunciar la amenaza que representa el Estado de Excepción para las personas sindicalistas: "Condeno el uso de la fuerza policial y arrestos arbitrarios en contra de trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía de Soyapango que decidieron manifestarse por falta de pago de sus salarios, aguinaldo y bonificaciones. Exigir derechos no es delito, malversar fondos públicos, sí".

El incremento de protestas de personas trabajadoras del Estado por la falta de salarios es, al menos en parte, resultado de una crisis presupuestaria que enfrentan los municipios por todo el país. La casi eliminación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) por parte del régimen de Bukele ha dejado a los municipios sin fondos para pagar a sus trabajadores. A principios de este mes, las personas trabajadoras de desechos sólidos de Zacatecoluca realizaron una huelga parcial de tres días tras dos meses sin recibir sus sueldos. Ante la acumulación de basura en las calles, la alcaldía, dirigida por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, trajo personas privadas de libertad para romper la huelga y, posteriormente, suspendió a las personas que habían participado en la protesta.

Las represalias en contra del trabajo organizado en las instituciones del gobierno ejecutivo también han llegado a ser noticia. Las once personas integrantes de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura (SITRASEC), incluyendo el Secretario General Basilio Ayala, fueron despedidas a principios de septiembre tras denunciar la conducta del Viceministro. Otros once integrantes del sindicato también fueron despedidos y la sede fue allanada por la policía y funcionarios del Ministerio. En julio, treinta estudiantes de medicina residentes de diversos hospitales públicos fueron suspendidos como represalia por convocar una conferencia de prensa en apoyo de dos colegas, que fueron suspendidas por lamentar su carga de trabajo en Twitter tras una estampida mortal en un partido de fútbol.

Los Secretarios Generales de dos sindicatos públicos de la salud también han sido despedidos ilegalmente en las últimas semanas. Silvia Navarette del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) y Arístides Pérez del Sindicato de Enfermería de El Salvador (SIGPTEES) se encontraban entre las veintidós personas despedidas tras participar en una conferencia de prensa el 8 de agosto en la que denunciaron meses de impago de salarios. Ninguno de los despidos siguió los procesos legalmente requeridos para personas sindicalizadas y obviaron las protecciones otorgadas a dirigentes sindicales.

Los ataques sistemáticos en contra de las personas trabajadoras y sus sindicatos son motivo de preocupación en cualquier contexto. Bajo un Estado de Excepción perpetua, que suspende las garantías del debido proceso, se produce una situación aún más grave. Con dirigentes sindicales actualmente encarcelados a consecuencia directa de sus actividades sindicales, el gobierno de Bukele ha demostrado disposición de aplicar medidas represivas para limitar la disidencia. Las reducciones presupuestarias impuestas impulsadas por los partidos oficialistas y los cierres de instituciones gubernamentales también golpearon a los sindicatos. Las clausuras recién anunciadas del INSAFORP y el INJUVE demuestran que esta tendencia no se está deteniendo.