Huelga de hambre marca creciente tensión entre sindicatos y gobierno salvadoreño

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Personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verifica estado de salud de trabajadoras y trabajadores en huelga de hambre.

Tras ser despedidos sin previa notificación, un grupo de trabajadores y trabajadoras del congreso salvadoreño inició una huelga de hambre el pasado 17 de mayo, con el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL).

Esta drástica medida tiene como objetivo denunciar la violación de sus derechos y exigir estabilidad laboral, así como la aplicación de la ley en los distintos procesos de terminación de contratos con el Organo Legislativo, ya que se les ha bloqueado el ingreso a sus puestos de trabajo sin haber recibido ninguna comunicación formal sobre su despido o finalización de contrato.

La huelga ha sido respaldada por diversas organizaciones populares, las cuales han desarrollado una serie de actos de solidaridad para manifestar su apoyo y motivarles a continuar con su lucha sindical; pero a la fecha, no se ha establecido ningún mecanismo de diálogo con el presidente del Órgano Legislativo y los huelguistas.

Lo anterior genera preocupación en las organizaciones pues, a medida pasan los días, la situación de las personas se va tornando más complicada: dos huelguistas han requerido traslados de emergencia a centros asistenciales debido a complicaciones de salud causadas por la huelga de hambre.

En ese sentido, un miembro del SITRAL, quien ha pedido anonimato, manifestó que “a pesar de que han buscado en varias ocasiones al presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, este no ha querido dialogar y tratar de resolver el conflicto, por tanto, la acción de huelga se vuelve indefinida. No podemos dejar tirado a la basura tantos años de trabajo, nos estamos jugando el pan de nuestras familias en este momento, así que nos da lo mismo aguantar hambre en esta huelga, porque igual vamos a aguantar hambre después cuando no encontremos trabajo.”

Los más de cien despedidos de la Asamblea Legislativa se suman a los miles de despidos de alcaldías y del Órgano Ejecutivo, ejecutados desde mediados de 2019.  Esto ha provocado una precarización de las condiciones de vida de muchas personas que, en muchos de los casos, han perdido su empleo debido a sus posiciones políticas o por no ser del partido de gobierno.

Esta situación se ve agravada por la zozobra de muchos sindicatos, debido a bloqueos del gobierno que ponen en peligro su legalidad, incluyendo el retraso en la entrega de las credenciales vigentes de las Juntas Directivas Sindicales, sin las cuales no pueden negociar la defensa de sus derechos laborales con la patronal ni reclamar fuero sindical ante suspensiones o destituciones. Al igual que los despidos, las acciones del gobierno contra las gremiales están especialmente dirigidas a aquellos sindicatos críticos de la actual administración.

 

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