Miembros del Congreso instan al nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional a que facilite información sobre las decenas de salvadoreños deportados de Estados Unidos que siguen encarcelados en El Salvador, y cuestionan la legalidad del pago realizado por Estados Unidos al Gobierno de El Salvador por tal fin

La carta se entrega en un momento en que expertos internacionales en derechos humanos documentan desapariciones forzadas y advierten de la posibles crímenes de lesa humanidad bajo el estado de emergencia, que ya entra en su cuarto año

Washington, DC: Veintiocho miembros del Congreso de los Estados Unidos, liderados por el representante Jim McGovern (D-MA), Co-Presidente de la Comisión de Derechos Humanos “Tom Lantos” y el Demócrata de más alto rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, enviaron una carta a Markwayne Mullin en su primer día como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiendo información sobre los entre 30 y 40 migrantes salvadoreños a quienes EE. UU. “les trasladó en secreto… junto con más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento y Terrorismo (CECOT) de El Salvador entre marzo y abril de 2025”. Lee la carta completa aquí.

Los Estados Unidos pagó al Gobierno salvadoreño al menos $4,75 millones de dólares para encarcelar a los migrantes venezolanos y salvadoreños; mientras que los venezolanos fueron finalmente liberados mediante un intercambio de prisioneros, se conoce o se presume que los salvadoreños permanecen bajo custodia en el CECOT u otras prisiones, si es que aún están vivos.

Los miembros también expresaron que por las “denuncias creíbles de graves violaciones de los derechos humanos en el CECOT” cualquier pago realizado por Estados Unidos a El Salvador para el traslado de presos a ese país sea “probablemente ilegal” bajo el marco legal EUA.

La carta llega tras las movilizaciones realizadas en El Salvador y a nivel internacional para denunciar el cuarto aniversario de la suspensión de los derechos constitucionales por parte del Gobierno de El Salvador bajo el régimen de excepción y tras la reciente publicación del reporte de un grupo de juristas internacionales que concluyó  que “las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno de El Salvador en el marco del estado de excepción [podrían] constituir crímenes contra la humanidad”.

Los y las Congresistas, entre ellos y ellas el Demócrata de más alto rango de la Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Joaquín Castro (D-TX), instaron al secretario Mullin y al secretario de Estado Marco Rubio a proporcionar información básica sobre todas las personas embarcadas en los vuelos para determinar si alguna de ellas “pudo haber sido objeto de órdenes de expulsión inválidas, lo que convertiría sus expulsiones en actos ilegales”. Kilmar Abrego García, por ejemplo, tenía una orden de suspensión de expulsión que impedía su deportación a El Salvador.

La lista completa de pasajeros de los vuelos de marzo y abril con destino a El Salvador nunca se ha hecho pública, lo que obligó a los familiares de quienes no llegaron tras su deportación desde Estados Unidos a buscar respuestas en los registros de vuelo filtrados por periodistas y en los vídeos de propaganda del Gobierno. Los familiares de Brandon Sigarán, Irvin Quintanilla, Élmer Escobar, José Osmín Santos, William Martínez y Miguel Fuentes recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que el Gobierno salvadoreño negó inicialmente que hubieran sido devueltos al país.

En respuesta a la Comisión, con respeto al por lo menos uno de los hombres, la administración de Bukele afirmó que permanece detenido “en virtud del Acuerdo de Cooperación Bilateral” y, en general, que los hombres permanecen detenidos a la espera de respuestas de Estados Unidos sobre su “situación migratoria y jurídica”. Ninguno de ellos se enfrenta a cargos penales en El Salvador.

“Es indignante que el Gobierno de Estados Unidos se niegue a facilitar información sobre los nombres de las personas deportadas o la cantidad exacta pagada al Gobierno salvadoreño”, afirmó Vicki Gass, directora ejecutiva del Latin America Working Group.  “Tampoco hay justificación para su encarcelamiento continuado en El Salvador si allí no se enfrentan a cargos penales. Exigimos que la administración de Trump rinda cuentas sobre el uso de nuestros impuestos en esta acción despreciable llevada a cabo bajo su mandato, así como la garantía del debido proceso y la liberación para quienes están detenidos injustamente”.

“Parece que a la administración Trump le gustaría que el mundo se olvidara de estos migrantes salvadoreños que fueron arrancados de sus familias y comunidades. Aplaudimos a sus familias y a quienes los defienden, que valientemente se han negado a permitir que eso ocurra”, afirmó Alexis Stoumbelis, directora ejecutiva del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. “Saber que incluso un solo inmigrante deportado de EE. UU. permanece encarcelado en El Salvador —sin haber cometido ningún delito allí y expuesto a violaciones de los derechos humanos bien documentadas— en virtud de un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos debería impulsar a todos y todas del Congreso a tomar medidas para poner fin a este y a cualquier acuerdo similar”.

La carta por los y las Congresistas viene pocos días después de recientes vigilias y manifestaciones en los Estados Unidos organizadas por grupos de solidaridad internacional, de defensa de los derechos de los inmigrantes y de la comunidad salvadoreña para recordar las más de 500 personas muertas confirmadas en las prisiones y exigir la libertad de decenas de miles de personas detenidas bajo el régimen contra quienes el Estado no ha presentado pruebas. Los propios datos de inteligencia de El Salvador sugieren que más de 33.000 de los más de 90.000 detenidos no tenían vínculos previos documentados con las pandillas.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y académicos han documentado las desapariciones forzadas de otros inmigrantes deportados de EE. UU. en condiciones similares.

Organizadores de una vigilia frente a la Embajada de El Salvador en Washington, DC, denunciaron “la práctica indefensible de las audiencias masivas que comenzaron en enero del presente año; Que representan una violacion grave al derecho a la defensa y al debido proceso; Y, muy probablemente, resulta en la condena injusta de miles de personas a décadas de encarcelamiento”  y “la sistemática persecución política y detención  arbitraria de personas defensoras de Derechos Humanos, con el único interés de instalar el miedo como estrategia de disuasión y terror ante las denuncias y resistencia del pueblo por violaciones a sus derechos fundamentales”.

A través de bocinas, tambien difundieron las palabras del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien, antes de su asesinato el 24 de marzo de 1980 a manos de escuadrones de la muerte respaldados por Estados Unidos, imploró al gobierno que “cese la represión”.

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