El Salvador ha registrado la tasa de inflación más alta desde la dolarización de la economía en 2001, la cual aumentó hasta 6.11% en diciembre de 2021, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).

Este incremento representa un grave riesgo para las familias salvadoreñas, especialmente aquellas que viven en situación de pobreza. Así lo explica Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor, en una entrevista con CISPES, quien asegura que en este momento “la población salvadoreña está ante una situación en donde la seguridad alimentaria y nutricional se ve afectada”, lo que desemboca en “una afectación al derecho humano a la alimentación adecuada”.

Pérez señala, con base en datos de su organización, que para noviembre de 2021 la canasta básica urbana y rural aumentaron en $14.90 y $11.52, respectivamente.  Asimismo, según una encuesta publicada recientemente por la UCA, el 93.1% de los ciudadanos percibe un aumento de precios en la canasta básica durante el año pasado.

Por su parte, Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, explica a CISPES que “el impacto directo del aumento del precio de los alimentos implica que algunas de las familias tomen estrategias como reducir los tiempos de comida o las porciones de comida”, a la vez que “sus medios de vida se ven amenazados, pues se ven en la necesidad de vender animales, vender reservas de alimentos o depredar la naturaleza en algunos casos extremos”, a fin de poder adquirir alimentos.

Al incremento de la canasta básica se suman otros gastos como la energía eléctrica, la cual tendrá un aumento de entre 8.4% y 10.4% en enero, los medicamentos, cuyos precios han reportado una crecida del 3.1%, y el costo del transporte que ha subido alrededor de un 9.4%, entre otros.

“La inflación afecta especialmente a aquellas familias de bajos ingresos económicos y encabezadas por mujeres”, sostiene Blanco. Sin embargo, “no vemos ninguna política pública dirigida a apoyar a hogares encabezados por mujeres ni a hogares de las zonas rurales. Se prioriza la compra de bitcóin antes de cuidar la salud y la alimentación de la población salvadoreña”, señala.

“En materia de política pública estamos viendo que se están impulsando megaproyectos que van a beneficiar a los mismos de siempre, a los millonarios de este país, y no vemos políticas que beneficien a las poblaciones más vulnerables”, afirma Blanco. “El gobierno tiene que dejar de jugar con los dineros públicos para la compra de bitcoin y reorientar estos megaproyectos a proyectos que salvaguarden la vida y que no la destruyan”, sentencia.

En ese sentido, Danilo Pérez agrega que en la base tributaria de El Salvador “los que menos ganan son los que están aportando más”, por lo que su organización ha propuesto una exención de renta para las personas que ganan hasta $1,000/mes, para que estas puedan mejorar su poder adquisitivo. 

Tanto Blanco como Pérez, auguran que la situación económica del país es poco alentadora, pues el gobierno no está tomando medidas orientadas a mitigar el impacto de la inflación para las familias salvadoreñas.

“De momento no vemos alentadora la situación del país, al contrario, vemos incertidumbre, opacidad en el manejo de la política pública y en la rendición de cuentas, y no vemos que en el corto plazo esto se pueda solucionar”, concluye Blanco.

En 2020, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC registró un incremento de 3.4% en la pobreza con respecto a 2019, lo que significa que alrededor de 1.6 millones de salvadoreños y salvadoreñas se encuentran viviendo en situación de pobreza, cifra que se podría ver aumentada con el alza sostenida de la inflación reportada en 2021.