Pronunciamiento ante ingreso de maquinaria para construcción de relleno sanitario en San Francisco Angulo, Tecoluca, El Salvador escoltada por aproximadamente 100 elementos de la Policía Nacional Civil
Las organizaciones firmantes denunciamos contundentemente el operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) que el pasado 16 de febrero escoltó el ingreso de maquinaria para el proyecto de megarelleno sanitario en San Francisco Angulo, distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur - comunidad que se encuentra a menos de 2 kilómetros de la megacarcel CECOT. La PNC entró a la comunidad con aproximadamente 100 elementos policiales, incluyendo fuerzas especiales con armas de grueso calibre, generando un clima de tensión, intimidación y temor en la comunidad que viene oponiéndose al ingreso de la maquinaria de forma pacífica desde diciembre del año pasado.
En 2018 las comunidades afectadas se organizaron y lograron impedir que el relleno fuera construido. En ese momento, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió medidas cautelares debido a los riesgos ambientales y a la salúd que implicaba la instalación del relleno sanitario para más de 400 familias de la zona; así como por el hecho de que el sitio donde se pretende instalar el proyecto es reconocido por tener restos de víctimas de masacres perpetradas por el ejército durante el conflicto armado, lo que conlleva también a una vulneración de la memoria histórica y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias.
Ante las nuevas amenazas a la comunidad San Francisco Angulo, reconocemos la valentía y el compromiso con la que sus habitantes se han organizado para denunciar ante instancias gubernamentales y ante el mundo, su rechazo contundente a este proyecto. Desde hace varias semanas, la comunidad mantiene una vigilia permanente, para proteger el futuro de su comunidad y de cuatro comunidades aledañas que serán impactadas.
Compartimos la indignación de la comunidad al ver el despliegue de casi 100 agentes del estado, así como su preocupación debido a los antecedentes de arrestos en otras comunidades en las que ha incursionado la policía, vulnerando los derechos de sus habitantes, incluyendo personas de la tercera edad e infancias. Acompañamos la denuncia de la comunidad sobre el hecho de que agentes del estado prioricen el avance de la obra para defender intereses de entidades privadas por encima de los derechos ambientales, a la salud, y a la vida, los cuales están bajo amenaza con la construcción del relleno sanitario.
Denunciamos que mientras el gobierno de Nayib Bukele promueve su modelo de seguridad ante el mundo, el régimen de excepción se utiliza para intimidar y violentar los derechos de las comunidades más vulnerables como vimos en San Francisco Angulo. Recordamos que en El Salvador otras comunidades que han defendido los derechos ambientales, territoriales y de vivienda también han enfrentado procesos de criminalización, detenciones arbitrarias y estigmatización. Casos como el de la comunidad El Bosque y el de los líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, evidencian el uso del sistema judicial para perseguir y encarcelar a personas que luchan por la defensa del territorio y del agua.
Por lo tanto:
- Expresamos nuestra solidaridad con las familias de San Francisco Angulo y reafirmamos que la defensa del territorio, del agua y de la vida es un derecho legítimo.
- Exhortamos a las autoridades a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de la comunidad de San Francisco Angulo.
- Instamos a las autoridades competentes a revisar de manera integral la viabilidad y el apego a la normativa ambiental del proyecto, tal como lo ha solicitado la comunidad, y a abstenerse de realizar avances que puedan generar daños irreversibles mientras se encuentran pendientes de resolución los recursos legales presentados.
- Llamamos a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a mantener observación activa sobre la situación.
- La defensa del agua y del territorio no puede ser tratada como delito. La protección de la vida de las comunidades debe prevalecer sobre cualquier interés económico.
20 de febrero de 2026
Organizaciones firmantes:
Alma de Izote, Chicago, Illinois, EEUU
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras
Bayan, DMV, EEUU
Bios Iguana, A.C.
Capybara Colectiva, Washington, EEUU
Chicago Religious Leadership Network (CRLN), Chicago, Illinois, EEUU
Climate Alliance of the South Sound (CASS), Tacoma, WA, EEUU
Colectivo La Chiltota, Washington, D.C., EEUU
Colectivo RAIS Popular, Washington, D.C., EEUU
Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), EEUU
Comité de Solidaridad con El Salvador en México, Ciudad de México, MX
Comité por la Defensa de Derechos Humanos y la Tierra en El Salvador, Los Angeles, EEUU
Comunidad Político Intercultural Kuska Ñan, Washington, D.C., EEUU
Frente Intercontinental la Ventana a la Lucha Popular en El Salvador, Global
International Coalition for Human Rights in the Philippines-San Francisco (ICHRP-SF), EEUU
International Coalition for HR in the Philippines Washington Regional (ICHRP WA), EEUU
International League of People’s Struggle (ILPS) Baltimore-DMV Chapter, EEUU
Medio Comunitario Boca Nostra de Hermosillo, Sonora, México
Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia, Munich, Alemania
Resistencia Comunitaria, Los Angeles, California, EEUU
Students Organizing Against Repression (SOAR Coalition-CSUN), Northridge, California
SOLIFONDOS, Suiza
Solinetz Zentralamerika (Redsol), Suiza
Tanod Lupa “Earth Guardian” FFPS, Seattle, WA, EEUU
Transborder Experiences of Central American University Students (TECUS-CSUN), Northridge, California
Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEHC, El Salvador
Agrupación Un Salto de Vida, El Salto, México
Un Salto a la Vida, Jalisco, México



