Foro del Agua Advierte Sobre Peligros de Proyecto Gubernamental de Ley de Recursos Hídricos

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La Asamblea Legislativa de El Salvador está a las puertas de la aprobación de un nuevo proyecto de Ley de Recursos Hídricos ampliamente criticado por las organizaciones ambientalistas y el movimiento popular, debido a su corte privatizador y a la exclusión de todo tipo de esfuerzo comunitario que garantice el derecho al agua a las poblaciones más vulnerables del país.

La ley fue presentada el pasado 18 de junio por el Ministro de Medio Ambiente, dejando sin efecto más de una década de debate y consenso con las organizaciones sociales y ambientalistas y dejando de lado el anteproyecto de Ley General de Agua, el cual llevaba tres años de discusión en la Comisión de Medio Ambiente del primer órgano del Estado.

La bancada oficialista conformó una comisión Ad-hoc para estudiar la iniciativa durante tres meses, sin embargo, no se retomó ninguna de las propuestas presentadas por las organizaciones ambientalistas en el nuevo proyecto.

Dichas organizaciones, han denunciado que el proyecto elaborado por el gobierno institucionaliza la injusticia del agua, estableciendo mecanismos para monopolizar su uso.

En esta entrevista con CISPES, Dalia González, del Foro del Agua, expone las implicaciones que la aprobación de esta ley podría tener para las comunidades y el medio ambiente.

¿Cuál es la postura del Foro del Agua con respecto a la próxima aprobación de la Ley de Recursos Hídricos?

En primer lugar, la postura que tenemos como Foro del Agua, luego de hacer un análisis de la Ley de Recursos Hídricos promovida por el Gobierno, es que si bien contempla el derecho humano al agua, no existen mecanismos ni institucionalidad para hacer efectivo este derecho. Entonces el derecho se queda solamente en el Artículo 1, se queda en buenos deseos, pero realmente no lo hace efectivo.

Esta ley no resuelve la situación de injusticia hídrica. Uno de los mecanismos de la injusticia hídrica son los convenios; por ejemplo, está el convenio ANDA-Dueñas o ANDA-Poma para la construcción de megaproyectos como Ciudad Valle del Ángel o Paseo del Prado. Solo a estos proyectos, a estas dos familias, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) les está otorgando 25 millones de litros de agua al día, mientras que con esa cantidad de agua se podría resolver el problema de desabastecimiento del agua de casi medio millón de personas de alrededor de seis municipios del área metropolitana. Este es un mecanismo de injusticia hídrica que la ley no resuelve, no toca estos estos convenios.

Lo primero que debería hacer la ley es obligar a ANDA a que transparente estos convenios ante la Asociación Salvadoreña del Agua (ASA), la cual debería tener como competencia la revisión de estos convenios y tramitar nuevas autorizaciones según el procedimiento de ley.

El uso de agua para megaproyectos siempre se ha justificado diciendo que es para abastecimiento de poblaciones y así se les ha dado prioridad. Esta ley debería crear un uso especial para estos megaproyectos, equiparándolos con el uso industrial o comercial para que no le siga dando prioridad como se ha hecho hasta la fecha. Todo esto debería ser abordado si realmente se quisiera resolver la situación de injusticia hídrica.

¿A qué hace referencia la injusticia hídrica?

Si bien el país aún no ha caído en una situación de estrés hídrico, es decir, que aún hay agua, el agua sea le está otorgando a los megaproyectos urbanísticos, a las grandes empresas, a la oligarquía, y se deja sin agua a las comunidades, a la población en general. En realidad, en el país el agua corre hacia donde está el poder económico. Entonces de eso estamos hablando cuando decimos injusticia hídrica, de inequidad y desigualdad en el acceso al agua.

¿Quiénes son los principales beneficiaros de este proyecto de ley?

Definitivamente beneficia a la oligarquía, a los grupos económicos. Esto se refleja en los convenios firmados entre ANDA y las constructoras. La ley sigue favoreciendo a las grandes empresas.

En el territorio marino costero costero está el ejemplo de la agroindustria azucarera, que por años han explotado el agua y que esta actividad supuestamente la regula el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pero la industria azucarera, justificándose en la debilidad del MAG, explota el agua de la zona costera y paga una miseria. La ley debería fortalecer el MAG y fortalecer la institucionalidad, pero no lo hace, entonces da paso a que las grandes empresas sigan explotando el agua como lo han hecho hasta el momento.

Existen más de 2500 juntas de agua en el país que abastecen a 1.4 millones de personas. Estamos hablando de casi el 25% de la población. Estas juntas de agua no tienen un fin lucrativo y lo que recolectan es para el mantenimiento del sistema en sí, pero el ordenamiento jurídico no las reconoce. Las juntas han luchado por 40 años por su reconocimiento legal y por una ley general de aguas. Sin embargo, la ley promovida por el gobierno no las reconoce y, por otro, lado está esta ley tampoco crea el permiso de abastecimiento de poblaciones rurales y urbanas. Al no crear este permiso, tenemos dos consecuencias: primero, que las Juntas de Agua deberán pagar canon a pesar que no tienen una finalidad lucrativa, a diferencia de las grandes empresas que sí la tienen. Y esto se va a ver traducido en que las personas usuarias de estas Juntas van a tener que pagar más, porque al tener que pagar canon se verán obligadas a incrementar sus cuotas y las personas usuarias van a tener que pagar más, y estas personas son de las zonas más emprobrecidas del país. Entonces esta ley también hace que estas personas paguen más, mientras que favorece a las a las grandes empresas protegiendo los convenios que suscribe ANDA con las familias Dueñas y Poma.

Además, a las Juntas solamente se les da autorización para cinco años, mientras que a las empresas se les dan autorizaciones de hasta 15 o 30 años y esto se traduce en desigualdad. Nosotros como Foro del Agua proponíamos que las juntas de agua no pagaran canon y que se les dieran autorizaciones de hasta 50 años.

Las organizaciones han señalado que la ley es privatizadora, ¿a qué se debe esto?

La ASA está conformada mayormente por los ministerios, por la administración pública, y sì, es una gestión pública, pero es una gestión pública vertical, totalmente burocrática y sin participación ciudadana, sin participación de las de las comunidades, porque excluye a las juntas de agua y a los comitès de cuencas, que  son dos espacios por naturaleza donde participarían las organizaciones ambientalistas de mujeres, las organizaciones campesinas, etc. Entonces niega totalmente la participación de estos sectores. Entonces esta gestión pública se pone al servicio de la oligarquía, de las grandes empresas. Entonces la ANEP  [Asociación Nacional de la Empresa Privada]  ya no necesita tener una representación en la ASA o que los privados tengan una mayor representación en la ASA, cuando el Estado se pone al servicio de ellos. Esta ley no es una ley que responda a esta realidad y ataque los convenios que han sido un mecanismo de despojo del agua para las comunidades. Es una ley genérica que no responde a los a esos conflictos socioambientales que encontramos en los territorios.

Es una gestión pública, pero una gestión pública que es centralizada, vertical y totalmente burocrática, que se pone al servicio del capital.

Entonces lo que considero es que debemos luchar por una gestión pública comunitaria. A las comunidades se les ha excluido y esta ley lo que crea es un asocio público-privado y nuestra lucha es por un asocio público-comunitario.

¿Qué otras implicaciones tendría la aprobación de este proyecto de ley?

Como Foro del Agua, también pedíamos que se creara un régimen administrativo especial para el río Lempa porque es una reserva acuífera importante para el país que encuentra en crisis, pero esta ley mira esta crisis y no crea el régimen especial que nosotros proponíamos, tampoco detalla el sistema de planificación del agua.  

También se le está dando autorizaciones a los grandes usuarios del agua por 15 años sin requerir permiso ambiental, sin requerir mayor trámite. A pesar de que
hay una crisis socio ambiental, prácticamente se le va a entregar el agua a las empresas sin ni siquiera un estudio. Se les facilita más el despojo del agua a las grandes empresas.

Y está el proceso, en el proceso participaron más de 65 organizaciones sociales y comunitarias, pero, en su gran mayoría, no se tomó en cuenta sus propuestas. Hay un proceso de consulta de la Comisión Ad-hoc que únicamente no respondió a una una voluntad política de querer incluir las necesidades, las propuestas de las comunidades, de las organizaciones; sino que respondió a una estrategia por parte del gobierno para acumular rédito político, para montar un show, para que digan ¨los estamos escuchando¨. Esto es lamentable porque las organizaciones en más de 15 años en la lucha por una ley general de aguas y hay que denunciar eso que no se tomaron en cuenta sus propuestas.

Si se da la aprobación del proyecto, ¿qué está en riesgo para las comunidades que tienen menos acceso al agua?

Uno de los riesgos es que a las juntas de agua se les va a cobrar el canon, esto significa un incremento a la cuota de las personas usuarias de estos de estos sistemas de agua comunitaria en las zonas más empobrecidas del país.Las juntas de agua abastecen casi al 25% de la población, y ese aumento trae implicaciones económicas bastante significativas. 

Otro peligro es la explotación de los mantos acuíferos, los convenios habilitan a las empresas para seguir explotando el agua de forma inconstitucional, las empresas van a seguir explotando el agua y esto significa menos recarga hídrica por impermeabilización de los suelos y menos agua para las personas.  También se ve amenazado el Río Chacalapa, afectando a más de 1,200 familias.

Cuando empezó la discusión de la ley algunas organizaciones dieron un beneficio de la duda al gobierno, tres meses después de que inició el proceso hay un proyecto listo para votarse. ¿Hay algún aspecto favorable resultante de este proceso?

La ley contempla el Derecho Humano al Agua en el Artículo 1 y eso está bien, pero no hay un desarrollo de este derecho en la ley, y es importante la creación de una institucionalidad acorde a estos derechos o principios, para hacer efectivo el derecho humano al agua.

La gestión pública es una de las cosas que hemos venido exigiendo desde hace años, pero queremos una gestión pública asociada a la gestión comunitaria y queremos presencia del Estado pero también de las comunidades; pero esta ley excluye totalmente a las comunidades y niega totalmente la participación de las organizaciones.

El proyecto se parece al que presentaron las organizaciones, pero hay cosas que se han eliminado, que no se contemplan y que son fundamentales para que exista una gestión sustentable del agua. Entonces no podemos hablar de una ley que responda a la resolución de conflictos ambientales en los territorios o a las necesidades de la gente.

¿Cuál será el accionar de las organizaciones ambientalistas frente a una aprobación de la ley?

Yo creo que es de seguir denunciando. Desde el foro presentamos demandas, denunciadas, a veces presentamos amparos de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional. Yo creo que hay que continuar con esa exigencia ante el Estado, porque es nuestro derecho ciudadano poder exigir frente al Estado y exigir frente a la Asamblea Legislativa la aprobación de leyes que verdaderamente respondan a los intereses de las grandes mayorías.  Entonces creo que tiene que continuar esa exigencia. Es nuestro derecho ciudadano y es el deber del Estado escucharnos y tomar en cuenta las exigencias.

También se pueden hacer acciones en el ámbito internacional, pero lo más importante, creo, es el ámbito organizativo, el ámbito comunitario, fortalecer la organización comunitaria, fortalecernos como organizaciones.También reivindicar a todas esas personas en los territorios que han venido luchando y que no han dejado de insistir en una ley general de aguas, en el  derecho humano al agua, en la justicia hídrica. Entonces también reconocer esa es la lucha, tratar de fortalecerla y continuar en ese camino.

Esta lucha no se detiene aquí, tenemos que continuar insistiendo y estar alertas, estudiar la ley y ver de qué manera le favorece a las grandes empresas, al capital, y hacer un llamado de atención sobre eso.

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