Ley General de Recursos Hídricos, ¿una nueva jugada privatizadora?

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El pasado 18 de junio, el gobierno de El Salvador presentó el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos, el cual busca ser discutido y aprobado en los próximos noventa días. La nueva propuesta deja sin efecto más de una década de debate y consenso con las organizaciones sociales y ambientalistas.

“Lo que hizo la actual legislatura, que es dominada por el partido Nuevas Ideas, fue borrar o mandar a la basura todos los archivos que habían en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, entre ellos el expediente de la discusión de la Ley General de Aguas”, explica Carlos Flores, integrante del Foro del Agua.

La movida del Ejecutivo desconoce el antecedente del anteproyecto de Ley General de Agua, el cual llevaba tres años de discusión en la Comisión de Medio Ambiente y contaba con al menos 111 artículos consensuados con los grupos sociales y ambientalistas, pese a los intentos de la derecha de incorporar aspectos privatizadores en la normativa.

“Nosotros hemos presionado a las Asambleas anteriores para que aprobaran la ley, pero hay intereses mercantilistas y las empresas o partidos que los representan no dejaron pasar el articulado relacionado con cómo controlar el agua, quién la administra, y con justicia tarifaria”, lo que generó un retraso en la aprobación, afirma Flores. 

Por su parte, la coordinadora de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES), Zulma Larín, lamenta que “con esta nueva Asamblea no hay discusión”, ya que “todas las propuestas de ley que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida, con la mejora del ambiente y de los derechos humanos, se han ido al archivo”.  “Hoy en la Asamblea todo se hace en el Ejecutivo, es el presidente quien lleva sus cosas y la Asamblea solo levanta la mano.  Así está la situación hoy en el país”, afirma.

Pese a esta situación, a mediados de junio, las organizaciones presentaron un nuevo proyecto de ley, que busca retomar los aspectos fundamentales de la propuesta anterior, archivada por la bancada oficialista junto con otros 300 expedientes que se encontraban en discusión.

Según lo expuesto por el Ejecutivo, ambos documentos (el del gobierno y el de las organizaciones) serán estudiados por una comisión ad-hoc de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, al cierre de esta nota, no se ha retomado la discusión de una nueva normativa ni se han hecho públicos los nombres de los legisladores que la liderarán.

Para Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, “lo ideal es que la Ley General de Aguas se discutiera en la Comisión de Cambio Climático” o que, si se conforma una Comisión Ad-hoc, cuente “con participación de todos los partidos políticos”, ya que “se conformó casi de manera secreta, no se sabe qué partidos están, y eso no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas en una discusión tan importante como la de la ley de aguas”, sentenció.

Una de las principales críticas al proyecto oficial es que propone la creación de un ente rector conformado por representantes del gobierno y seleccionados por el presidente de la República, además de que busca autorizar la explotación del agua hasta por 15 años por parte de privados.

“No es posible que a los grandes usuarios del agua se les den permisos de hasta 15 años y que los puedan renovar de manera casi automática. Nosotros creemos que, a excepción de las Juntas Administradoras de Agua Potable, ningún permiso para empresas privadas puede tener una duración mayor a cinco años y que, para volverlo a renovar, deben demostrar que han cumplido con las condiciones y que existe agua en la fuente o acuífero”, señala Zulma Larín.

Por otra parte, Carlos Flores afirma que el proyecto del Ejecutivo “retoma casi literalmente buena parte del articulado” de la propuesta de las organizaciones, “pero le quita el sentido regulatorio”. Según el representante del Foro del Agua, el modelo propuesto por el gobierno “niega absolutamente la participación de la gente en la toma de decisiones sobre cómo se gestiona, se usa y se controla el agua en el país”, lo que disgrega una buena parte del articulado acordado previamente.

Asimismo, Flores plantea que dicho documento promueve el establecimiento de un modelo de gestión centralizado, porque concentraría el poder en el Presidente de la República, y vertical, porque las decisiones irían desde la empresa autónoma que fungiría como ente rector, hacia los usuarios; mientras que “la población final seguirá sufriendo los embates de la injusticia hídrica que causa el modelo de gestión en este momento”.

El ambientalista explica que la propuesta del gobierno, a pesar de retomar ideas del documento original, tiene “un matiz privatizador” que busca hacer negocios con el agua “no para el pueblo, sino para las empresas transnacionales”.  “Las organizaciones ambientalistas estamos en emergencia tratando de discutir esta propuesta para señalar dónde está enfoque economicista”, relata Flores. 

Por su parte, las legisladoras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Dina Argueta y Anabel Belloso, han respaldado a los movimientos que demandan cinco aspectos innegociables en la discusión de un marco regulatorio sobre aguas: el agua como bien público; Derecho Humano al Agua y Saneamiento; gestión pública con participación efectiva de la población; gestión sustentable de las cuencas hidrográficas; y un régimen económico y financiero, justo y equitativo.

En ese sentido, Luis Gonzales califica la propuesta del Ejecutivo de incoherente por no retomar los aspectos fundamentales exigidos por las organizaciones. “No tiene sentido hablar de derecho humano al agua y del agua como bien público, pero dar permisos por 15 o 30 años por grandes cantidades de agua”, objeta.

De acuerdo con un informe de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el país se encuentra en una situación de crisis por falta de agua potable que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables. Dicha crisis se ve agravada por la falta de regulación en esta materia, incluyendo la no ratificación del Derecho Humano al Agua, y por la priorización de usos industriales o comerciales sobre el consumo humano y el mantenimiento de ecosistemas.

Por ello, las organizaciones demandan que la normativa “tenga enfoque de derechos humanos” y “participación activa de la ciudadanía”, además exigen que “se implemente el enfoque de cuenca, para que la gente se organice en función de proteger y cuidar su cuenca hidrográfica, sus bosques y preservar las zonas de recarga hídrica”, expone Zulma Larín.

A la fecha, las organizaciones continúan a la espera de que la Asamblea inicie la discusión de una nueva normativa que parta de las demandas históricas de las organizaciones sociales y ambientales. “Hemos llevado una propuesta y queremos que las opiniones sean recogidas sobre la base de la misma”, asegura Carlos Flores, “la ley tiene un enfoque de participación y sobre esa base queremos que la Asamblea discuta”, concluye.

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