Familiares de los ambientalistas de Santa Marta denunciaron formalmente a los jueces del Tribunal de Sentencia de San Vicente ante la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acusándolos de una posible estrategia dilatoria por retrasar, en cuatro ocasiones, la entrega de la resolución escrita definitiva que confirma la absolución de los imputados. La denuncia fue presentada el 20 de enero de 2026, y se suma a una serie de acciones públicas emprendidas por las familias, organizaciones sociales y de derechos humanos para exigir el cierre definitivo del proceso judicial.

El 9 de enero de 2026, el Tribunal de Sentencia de San Vicente volvió a suspender la entrega de la resolución final absolutoria de los cinco de Santa Marta, un grupo de defensores del medioambiente ambientalists que han sufrido una persecucion politica desde enero de 2023. El retroceso fue denunciada como una estrategia dilatoria por organizaciones de movimientos sociales, ambientalistas, representantes comunitarios y familiares de los imputados, durante una conferencia de prensa realizada el pasado 13 de enero. En septiembre de 2025, tras un juicio de tres días, el tribunal emitió una resolución inicial que absolvió a los reconocidos activistas antimineros de cargos penales relacionados con una desaparición ocurrida en 1989, en el contexto de la guerra civil; siendo el segundo tribunal que absuelve a los imputados por los mismos hechos. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia ha postergado en cuatro ocasiones la entrega de la resolución definitiva, prolongando de manera injustificada el proceso judicial y dejando el caso sin un cierre definitivo.

En el escrito presentado ante la CSJ, los familiares solicitaron que se investiguen las sucesivas postergaciones en la entrega del fallo absolutorio de los ocho ambientalistas vinculados por la Fiscalía General de la República al asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido durante el conflicto armado. Señalaron que la dilación impide que la sentencia quede firme y que corran los plazos procesales para una eventual apelación o para el cierre definitivo del caso.

Los cinco de Santa Marta fueron detenidos arbitrariamente el 11 de enero de 2023, en un proceso ampliamente denunciado como persecución política; los líderes comunitarios habían venido alertando sobre indicios de que el gobierno de Nayib Bukele buscaba revertir la prohibición de la minería metálica aprobada en El Salvador en 2017, la primera y única en el mundo. Permanecieron ocho meses en prisión preventiva y posteriormente fueron sometidos a arresto domiciliario, una medida concedida únicamente tras la presión de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de funcionarios estadounidenses electos. En diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, efectivamente derogó la ley que prohibía la minería en el país.

Durante los tres años transcurridos desde su detención, la Fiscalía General de la República no ha logrado presentar pruebas suficientes que sustenten las acusaciones de que los cinco secuestraron y asesinaron a una mujer de Santa Marta que desapareció hacia el final de la guerra civil. Así lo concluyó el Tribunal de Sentencia en su resolución oral del 24 de septiembre de 2025, para la cual aún no se ha emitido la correspondiente resolución escrita definitiva.

Milton Rivas, hijo de Pedro Antonio Rivas, uno de los imputados, explicó ante los medios que los jueces “le han dado largas a la resolución final” y que la denuncia presentada busca exigir justicia para sus familiares. “No estamos pidiendo nada, ni hemos venido a mendigar nada; hemos venido a exigir justicia, porque no es posible que se tarden alrededor de cinco meses en presentar un escrito que pudieron haber entregado el mismo día que terminó la audiencia”, declaró.

Durante la conferencia de prensa del 13 de enero, Alfredo Leiva y Milton Rivas, en representación de las familias, señalaron que la falta de entrega de la resolución escrita impide el inicio de los plazos legales para una eventual apelación o para el cierre definitivo del caso, prolongando la incertidumbre jurídica y manteniendo a los imputados, a sus familias y a la comunidad en un estado constante de angustia. “Esta dilación mantiene a nuestros familiares en una situación de angustia permanente y constituye una denegación de justicia”, declararon, advirtiendo que interpondrán denuncias contra el Tribunal de Sentencia de San Vicente por incumplimiento de deberes y retardo de justicia si el documento no es entregado en la próxima fecha.

Los jueces aplazaron nuevamente la entrega del fallo escrito hasta el 30 de enero, una decisión que las familias consideran podría constituir un acto de retardación de justicia que vulnera el principio de “pronta y cumplida justicia” y mantiene abierto de forma indefinida un proceso que ya cuenta con dos resoluciones absolutorias.
Los ambientalistas absueltos son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio. Esta es la segunda ocasión en que son absueltos, luego de que en noviembre de 2024 la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anulara un fallo previo de sobreseimiento y ordenara repetir el juicio.

Las familias advirtieron que, una vez entregada la resolución final, la Fiscalía aún podría apelar nuevamente el fallo, abriendo la posibilidad de un tercer juicio contra los ambientalistas, pese a la falta reiterada de pruebas en su contra. Por ello, exigieron que la Fiscalía General de la República se abstenga de apelar y permita el cierre definitivo del caso, garantizando la plena libertad de los imputados.

Por otra parte, representantes del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico advirtieron sobre un contexto más amplio de creciente persecución y criminalización en el país. Actualmente, al menos 38 personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas, activistas sindicales y políticos permanecen encarceladas, mientras que defensores de derechos humanos y periodistas comunitarios continúan denunciando amenazas, hostigamiento policial y campañas de intimidación en su contra.

“Exigimos el fin inmediato de esta persecución y el respeto al derecho a defender el medio ambiente, a informar y a organizarse”, señalaron las organizaciones, al tiempo que hicieron un llamado urgente a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes ante el riesgo de nuevas detenciones arbitrarias dirigidas contra voces críticas y procesos de organización comunitaria.

Finalmente, informaron que se mantiene una vigilia permanente frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador todos los días a partir de las seis de la tarde, como un acto pacífico de protesta y una exigencia de justicia, libertad y respeto a los derechos humanos.