El 23 de agosto, la jueza que lleva el caso de los cinco ambientalistas de Santa Marta que se encuentran detenidos desde enero dictaminó su traslado a arresto domiciliario. Esta decisión representa una victoria significativa después de meses de lucha constante por parte de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta y otros miembros de la comunidad, el movimiento popular salvadoreño y organizaciones de derechos humanos, y aliados de solidaridad internacional.

Preocupados por retrasos en su liberación dada la situación de peligro para sus vidas en el sistema penitenciario salvadoreño, la comunidad realizó una manifestación el 31 de agosto, exigiendo que la Dirección General de Centros Penales mantuviera la orden judicial. Los cinco líderes comunitarios finalmente fueron trasladados a sus hogares en la madrugada del 5 de septiembre, más de una semana después de la fecha límite para su liberación. Actualizaciones más detalladas sobre sus condiciones de salud, motivo por el cual finalmente se aceptó la petición de su liberación, aún son desconocidas mientras la comunidad trabaja para darles la bienvenida y acomodarlos.

Este fallo se produce pocas semanas después de que el Juzgado de Primeras Instancias de Sensuntepeque concediera la solicitud de la Fiscalía General de seis meses adicionales de detención provisional para continuar “preparando pruebas”. Esa medida retrasa el juicio al menos hasta febrero de 2024, más de un año después de que los cinco líderes comunitarios fueran originalmente detenidos. La comunidad de Santa Marta y sus aliados mantienen su exigencia a la Fiscalía General de retirar los cargos, citando una serie de irregularidades procesales y una falta de pruebas. Los abogados defensores del caso han solicitado que se desestime el caso basándose en que presentar estos cargos viola la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, que proporciona amnistía para la mayoría de los crímenes relacionados con la Guerra Civil que no hayan sido señalados en la Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1992 y crímenes de guerra similares o crímenes contra la humanidad.

La campaña internacional que lucha por la liberación de los cinco líderes comunitarios se ha intensificado en los últimos meses, y diecisiete miembros del Congreso estadounidense enviaron una carta al Secretario de Estado Anthony Blinken el 18 de julio instándole a "enviar un mensaje claro y público pidiendo su liberación de la prisión preventiva y que se retiren los cargos contra los acusados". Semanas antes de la carta de los congresistas, un Relator Especial sobre Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó una solicitud oficial para su liberación, expresando grave preocupación por la detención de los líderes ambientalistas. El equipo legal de Santa Marta también ha apelado a organismos internacionales, más recientemente al presentar el caso en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Situación de los derechos humanos en El Salvador en el contexto del Régimen de Excepción”.

Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta, en un discurso inmediatamente después del fallo del 23 de agosto, expresó su agradecimiento por el acompañamiento que han recibido. “A las organizaciones solidaridarias con Santa Marta y ADES dentro y fuera del país, les agradecemos infinitamente su apoyo. Y les pedimos que nos sigan acompañando hasta lograr la victoria definitiva en esta lucha, ya que continuaremos con acciones legales hasta revertir este proceso penal injusto en contra de nuestros líderes comunitarios.”

Tanto la carta de los congresistas al Departamento de Estado como la declaración de la ONU expresan preocupación de que el caso contra los ambientalistas sea parte de un plan más amplio para revocar la prohibición histórica de la minería metálica en El Salvador, aprobada en 2017. La comunidad de Santa Marta y ADES fueron líderes de esa reñida victoria, en la que al menos tres activistas ambientales perdieron la vida.

Más allá de estos preocupantes arrestos, la comunidad de Santa Marta ha denunciado una mayor actividad militar en su comunidad, en el contexto del Régimen de Excepción permanente que vive el país bajo la “guerra contra las pandillas” del Presidente Bukele. A principios de agosto, el gobierno desplegó 7,000 militares y 1,000 policías al departamento de Cabañas. Este asedio militar se ha centrado desproporcionadamente en comunidades históricamente organizadas, incluida Santa Marta, donde las tanquetas ocuparon las calles de la pequeña comunidad hasta la semana pasada.

Las detenciones y la militarización de Santa Marta apuntan hacia una tendencia general de militarización en el país y revelan cómo han sido particularmente impactadas comunidades historicas y organizadas que luchan por defender sus tierras y sus derechos. Cinquera, tambien en Cabañas, recientemente tuvo su escuela y centro comunitario convertidos en cuarteles temporales; como Santa Marta, la comunidad de Cinquera tambien fue perseguida violentamente durante el conflicto armado por las fuerzas militares de El Salvador. La comunidad de Guajoyo, Tecoluca, en San Vicente, que sigue organizada en diversas luchas en defensa las tierras (inluyendo una batalla legal por parcelas agricolas por las que recibieron títulos de propiedad como parte de los Acuerdos de Paz) ha denunciado la persecución continua que han vivido, como el establecimiento de un puesto militar este pasado 11 de agosto.

La lucha por la liberación de los líderes comunitarios de Santa Marta es sólo un frente en la batalla para defender victorias historicas medioambientales y por la defensa de las tierras, y está lejos de terminar. La comunidad de Santa Marta y organizaciones solidarias a nivel nacional e internacional permanecen en alerta mientras se reorientan esfuerzos hacia la batalla legal más amplia. Como lo resumió Videlina Morales afuera del juzgado la semana pasada: “Hoy celebramos juntas y juntos, familia, comunidad, organizaciones, este paso, pero el paso definitivo será cuando los compañeros están en pleno y total libertad.”