Declaracion en solidaridad con comunidad de Santa Marta de CISPES y US-El Salvador Sister Cities

Comunicado

Miembros de la comunidad salvadoreña en Washington, D.C. y otros aliades internacionales se congregan frente a la Embajada de El Salvador en el 31 Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador y denuncian las detenciones de los líderes comunitarios de Santa Marta.

El Comité en Solidaridad con El Pueblo de El Salvador (CISPES) y  U.S.-El Salvador Sister Cities - organizaciones de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño y sus luchas populares - denunciamos enérgicamente la detención en la madrugada del miércoles 11 de enero de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, conocido como “Chico Montes”, cinco miembros de la comunidad de Santa Marta, Cabañas y líderes de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES). Entendemos que, por exigencia de miembros de la comunidad, agentes de la fiscalía leyeron una orden de captura que los vincula a hechos ocurridos durante el conflicto armado y que también los acusa de asociaciones ilícitas, lo cual la comunidad afirma no tiene ninguna base en la realidad.

La larga historia de organización y lucha que ha vivido la comunidad de Santa Marta y el trabajo destacado de ADES - de transformación social, defensa de los territorios, y la reivindicación de los derechos - ha inspirado lazos fuertes de solidaridad internacional por más de cuatro décadas.

Después de haber sido perseguida y forzada a vivir en el exilio en Mesa Grande, Honduras durante el conflicto armado, la comunidad retornó a Santa Marta. Hasta la fecha, no ha habido justicia por las violencias y crímenes de lesa humanidad que vivieron, como la masacre de “Piedras Coloradas” de marzo de 1981 en el Río Lempa, donde fueron asesinadas y desaparecidas decenas de personas. El ex-Coronel Sigfrido Ochoa Perez, a cargo de esta masacre, murió recientemente sin enfrentar justicia y después de gozar de una larga carrera política.

Así mismo han quedado impunes los asesinatos de las y los ambientalistas Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y su hijo no nacido en el 2009 y 2010 quienes habían sido activos en la lucha contra el proyecto de explotación minera de la empresa Pacific Rim/OceanaGold. La comunidad de Santa Marta luchó a la par de estos mártires cuyos asesinatos han quedado impunes y son reconocidos globalmente por proteger el agua y el territorio contra el extractivismo dañino.

Por lo tanto, nos sumamos al rechazo e indignación de la comunidad de Santa Marta, el pueblo salvadoreño,  y la comunidad internacional frente a este ataque en contra de líderes comunitarios y defensores ambientalistas. Además que sugerir una persecución política,  representa una hipocresía por parte de un estado que ha dejado impune tantos crímenes en contra la comunidad de Santa Marta y ahora la revictimiza.

Reiteramos nuestra solidaridad con la Comunidad Santa Marta y denunciamos:

  • La estigmatización y la criminalización por parte del estado salvadoreño contra las comunidades y sus organizaciones.
  • El uso del aparato judicial para la persecución política, resultando en que en El Salvador vuelvan a haber prisioneros políticos.
  • La falta de apego al debido proceso bajo el ilegal Régimen de Excepción El Salvador desde marzo del 2022 que ha generado detenciones arbitrarias masivas, tortura sistemática, y centenares de muertes adentro de las prisiones.
  • La actitud oportunista por parte del estado Salvadoreño que deja impune las atrocidades perpetradas por agentes e instituciones del estado en contra de la población que se organiza para defender derechos y recursos naturales como el agua, pero utiliza  el sistema judicial para revictimizar a esas mismas comunidades.

Por tanto, exigimos al Estado Salvadoreño y al Fiscal General de la República:

  1. Que los líderes comunitarios de Santa Marta arrestados este 11 de enero sean puestos inmediatamente en libertad y tratados con apego a la ley y al debido proceso - con una audiencia inicial que se realice en el plazo de las 72 horas que indica la ley - sin que medien los procedimientos del régimen de excepción;
  2. Que cualquier proceso judicial sea transparente y con los detenidos en libertad en su transcurso;
  3. Que respete los Derechos Humanos y garantice la integridad física y moral de líderes de la comunidad de Santa Marta y ADES.

 

Washington, DC, EEUU, 17 de enero, 2023

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