Más de 50 organizaciones del movimiento sindical, magisterial, popular y social se preparan para marchar este primero de mayo en El Salvador, tras varias semanas de actividades para convocar la participación del pueblo salvadoreño. Como parte las convocatorias, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) llamó a unirse a marchar desde Parque Custcatlan por “la vida, la dignidad, y por la libertad”, para exigir respeto a la dignidad laboral y demandar la libertad de las víctimas injustamente capturadas por persecución política y bajo el Régimen de Excepción, y para denunciar los ataques al medio ambiente y desplazamiento de comunidades campesinas. 

“Este 1 de mayo llamamos a la unidad de todas las organizaciones, sindicatos, comunidades, cooperativas y demás expresiones de la sociedad civil. Este es el momento de mostrar madurez y convicción y enfrentar esta grave situación, con un solo puño, contra un régimen que persigue, que divide y que destruye a la sociedad para su propio beneficio”, reza el comunicado del BRP.  A estas también se suman las convocatorias del  Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora el FMLN y otros, que partirán desde El Salvador del Mundo.

En sus posicionamientos, el BRP señaló que “el primero de mayo de 2026 llega en un momento muy difícil para la clase trabajadora, caracterizado por el aumento del desempleo, el encarecimiento de los alimentos, el combustible y la vivienda, el congelamiento salarial y el deterioro de los servicios públicos, sobre todo de salud, educación y recurso agua”.

Según datos citados por las organizaciones, el costo de vida ha aumentado alrededor de un 30%, sin incrementos salariales que lo compensen. Esto ha impactado fuertemente la capacidad adquisitiva de la población y ha dejado a cientos de familias en mayores condiciones de vulnerabilidad, alcanzando unas 136,000 personas en extrema pobreza. A esto se suma la eliminación de las fuentes de ingreso de miles de vendedoras y vendedores que han sido desalojados de plazas y mercados, sin alternativas claras para su subsistencia.

Las organizaciones también denuncian que el sistema de pensiones no garantiza una vejez digna, por lo que exigen una reforma estructural que incluya un sistema público, la eliminación de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) y pensiones suficientes para cubrir necesidades básicas. Denuncian además que el gobierno no ha cumplido el aumento prometido a las pensiones de las y los veteranos de guerra, según explicó el colectivo de Veteranas y Veteranos del FMLN del departamento de San Salvador.

En materia de salud, advierten sobre el deterioro del sistema público, con falta de medicamentos, limitaciones en la atención y presión creciente sobre los hospitales. Esta situación, señalan, traslada costos a las familias trabajadoras, que se ven obligadas a pagar servicios privados. “Hoy más que nunca el pueblo salvadoreño enfrenta amenazas concretas contra derechos fundamentales conquistados con décadas de sacrificio. Marchamos para exigir el cese inmediato de los despidos de trabajadores de la salud (...) Marchamos para decir con claridad no a la privatización de la salud en El Salvador”, expresó el Dr. Rafael Aguirre, de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA).

Asimismo, denuncian la falta de garantías para el ejercicio de derechos laborales, incluyendo trabas para la legalización de al menos 60 sindicatos y la ausencia de respuesta ante conflictos laborales, al tiempo que exigen el cese de despidos y la reinstalación de trabajadores, especialmente en el sector público, donde más de 40 mil personas han sido cesadas en las administraciones de Bukele, muchos de ellos sin recibir indemnización.

Las demandas se extienden al sector campesino, el cual demanda acceso a créditos, subsidios e insumos, así como condiciones que permitan sostener la producción. La marcha también servirá como un espacio para demostrar el rechazo a proyectos que impactan el medio ambiente, como la minería.

Al llamado también se sumó un grupo de sacerdotes que integra el Comité Monseñor Romero, quienes invitaron a la feligresía católica y evangélica a acompañar la marcha, y denunciaron la existencia de un patrón de persecución y hostigamiento contra voces críticas dentro de las iglesias, que va desde campañas de difamación en redes sociales hasta amenazas directas y vigilancia, especialmente contra quienes se pronuncian sobre temas como el Régimen de Excepción o la minería.

El Comité se solidarizó con “aquellos pastores y ministros que han sido también amenazados por su pronunciamiento a favor de la vida y los derechos humanos” e invitó a acompañar las demandas de la marcha. “Ya no basta solo rezar, es necesario que nosotros también como cristianos acompañemos a este pueblo que está siendo golpeado por este régimen”, expresó el sacerdote David Rodríguez.

Tanto el Comité como las organizaciones del BRP exigen la libertad de las y los presos políticos y de las miles de personas detenidas injustamente bajo el régimen de excepción. “En este país a todo le aplican el Régimen de Excepción, a los vendedores del centro, a las personas que quieren quitarle sus tierras (...) hay mucha gente que está sufriendo”, señaló Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

Ramírez también anunció que se sumarán a la jornada del primero de mayo para exigir respuestas por parte de las instituciones del Estado sobre las víctimas de capturas arbitrarias. “Las calles de lo único que tenemos a nuestra disposición ya las instituciones del gobierno (...) responden a Casa Presidencial, ya no responden al pueblo”, afirmó.

En los días previos a la movilización, la Policía Nacional Civil (PNC) anunció un despliegue militar en distintas zonas del país, especialmente en paradas de buses de alta circulación. En ocasiones anteriores, este tipo de operativos ha sido señalado como un mecanismo para intimidar y desalentar la participación de quienes se trasladan hacia San Salvador para sumarse a la marcha.

De acuerdo con Sonia Urrutia, del BRP, “esta jornada de movilización popular y democrática convoca organizaciones sindicales, campesinas y de productores agropecuarios, organizaciones comunitarias, urbanas y rurales, juventudes y sectores universitarios, sectores religiosos populares, incluidas iglesias históricas, organizaciones defensoras de derechos humanos, el movimiento de víctimas inocentes del régimen de excepción, movimientos sindicatos del magisterio nacional, maestras y maestros de educación primaria y secundaria, artistas, profesionales y diversas expresiones del pueblo organizado”.