El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las mujeres salvadoreñas salieron a las calles con un mensaje claro: la lucha feminista no se detiene, pese los intentos del gobierno de Nayib Bukele de silenciarla con represión, miedo y criminalización. 

En un contexto de violencia institucionalizada bajo el Régimen de Excepción y de graves retrocesos en sus derechos, miles cientos de mujeres se concentraron en El Salvador del Mundo para pronunciarse contra la violencia de género, la falta de acceso a la justicia, la precarización laboral y la exclusión de las mujeres en el acceso a la tierra y la vivienda. 

Según lo expresó la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (RedFem) en un comunicado, “la militarización y el aumento de detenciones arbitrarias han expuesto a muchas mujeres a violaciones de derechos humanos, incluyendo la separación forzada de sus familiares, violencia institucional, falta de acceso a la justicia, cargas adicionales en los cuidados y precarización por la disminución de ingresos”.  Actualmente, se registran al menos 25 mujeres privadas de libertad que perdieron la vida bajo custodia del Estado, de acuerdo con datos de Socorro Jurídico Humanitario.

Representantes de organizaciones feministas y de mujeres denunciaron que las políticas represivas del gobierno, como el Régimen de Excepción, no solo han servido para criminalizar la disidencia, sino también para debilitar la organización de las mujeres.

La Comisión de Mujeres del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunció la represión contra sindicalistas, el acoso laboral y los despidos arbitrarios, y señalaron que la criminalización de la protesta y el aumento del acoso laboral en el sector público afectan directamente a las mujeres trabajadoras y sindicalistas, quienes enfrentan un entorno cada vez más hostil para la defensa de sus derechos.

Datos del Observatorio de Lucha y Resistencia Social del Equipo Maíz, indican que durante 2024 se registraron 390 señalamientos de organizaciones feministas y de mujeres hacia instancias estatales. Las principales denuncias estuvieron relacionadas con violencia contra las mujeres, falta de acceso a la justicia e incumplimiento de la legislación a su favor, así como con persecución, represión y ataques contra organizaciones y defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones feministas también denunciaron que el Estado manipula las cifras, borrando del registro oficial los feminicidios para sostener su narrativa de seguridad. Al respecto, la RedFem alertó que para el año 2024 se registraron 38 feminicidios, además de que, según datos de la Fiscalía General de la República, entre 2023 y 2024 se registró un aumento del 15% en los hechos de violencia contra las mujeres, con un total de 20,950 hechos que incluyen violencia feminicida, sexual, física, psicológica y patrimonial.

Por su parte, la Mesa Mujeres Suelo y Tierra denunció que la concentración de la tierra en pocas manos y la falta de políticas públicas para garantizar el acceso de las mujeres a la propiedad han profundizado la pobreza y la marginación de las mujeres rurales, limitando sus oportunidades para acceder a una vida digna.

La marcha también tuvo como tema central el rechazo a la reactivación de la minería metálica. "No a la minería, sí a la vida" fue una de las consignas que resonó durante la concentración en El Salvador del Mundo.  Las organizaciones feministas denunciaron los efectos devastadores de la minería sobre el medio ambiente, la salud pública y la vida de las mujeres, especialmente aquellas que viven en zonas rurales.

Frente a un gobierno que arremete contra sus luchas y reivindicaciones, las mujeres salvadoreñas han respondido con más organización y determinación, convencidas de que la resistencia es el único camino.