Casi dos mil trabajadoras y trabajadores de la salud fueron despedidos de manera abrupta en vísperas de la Navidad de 2025 del Hospital Nacional Rosales, el principal hospital público y de especialidades de El Salvador. Médicos, personal de enfermería, limpieza, vigilancia y personal técnico denuncian que fueron notificados de su cesación de forma verbal, sin resoluciones administrativas escritas, sin procesos claros y sin indemnización.

Según la versión oficial, los despidos responden a una transición del Hospital Rosales hacia un modelo de autonomía administrativa dentro de una Red Nacional de Hospitales. Sin embargo, registros de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA) indican que, a lo largo de 2025, se contabilizaron 7,772 despidos en el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y hospitales nacionales, lo que apunta a un proceso de reestructuración de otra índole.
Actualmente, el 80% de la población salvadoreña depende del sistema público de salud como principal vía de acceso a la atención sanitaria, en cumplimiento del mandato constitucional que reconoce la salud como un bien público. Asimismo, la Reforma de Salud, impulsada por el FMLN a partir de 2009, consolidó el principio de gratuidad mediante la eliminación de las “cuotas voluntarias” y de todo tipo de cobros a los usuarios del sistema público, y sentó las bases de un sistema financiado con impuestos generales y orientado a la garantía del derecho a la salud.

Contrario a ese espíritu, los despidos se han impulsado en paralelo a un recorte presupuestario superior a los 90 millones de dólares al sector salud, pese al aumento de la demanda de servicios; llevando al cierre de más de 50 Equipos Comunitarios de Salud Familiar, principalmente en zonas rurales, dejando a miles de personas sin acceso cercano a vacunación, control prenatal y medicamentos para enfermedades crónicas, mientras el país registraba un incremento de brotes de dengue, enfermedades respiratorias y un alza en la mortalidad materna e infantil.

Todo esto se ha realizado en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), vigente desde 2025, que permitirá que el Ejecutivo acceda a un financiamiento de 1,400 millones de dólares, condicionado a medidas de ajuste fiscal que incluyen la reducción del gasto público en salarios.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, señaló que este escenario podría estar siendo utilizado para justificar, en el mediano plazo, la concesión de servicios de salud a empresas privadas. De acuerdo con sus declaraciones, la modernización de hospitales bajo esquemas de autonomía administrativa podría facilitar la introducción de modelos basados en prestadores privados y seguros de salud obligatorios, similares a los existentes en otros países de la región. A principios de los años 2000, los gobiernos de ARENA intentaron imponer una lógica neoliberal similar, lo que provocó las multitudinarias “marchas blancas”, una de las mayores movilizaciones sociales de la posguerra, en rechazo a políticas de ajuste estructural orientadas a la privatización de la salud pública.

Aunque en El Salvador existe, desde 2013, una Ley Especial de Asocios Público-Privados que regula la concesión de servicios públicos, con requisitos y procedimientos definidos, las reformas al sistema de salud avanzan por fuera de ese marco. La Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales habilita concesiones directas desde el Ejecutivo, sin someterse a los mecanismos previstos en la normativa vigente, lo que ha sido cuestionado y señalado como una forma de privatización sin los controles legalmente establecidos.

Recientemente, el gobierno anunció la implementación del programa Doctor SV, una plataforma digital que utiliza inteligencia artificial para ofrecer diagnósticos y consultas médicas por videollamada. A través de este esquema, se ha comenzado a subcontratar farmacias y laboratorios privados para la entrega de medicamentos y la realización de exámenes clínicos, según denuncias de sindicatos del sector salud.  Durante la administración Bukele, investigaciones periodísticas han revelado la otorgación de contratos de servicios para Salud a empresas vinculadas con funcionarios de Nuevas Ideas.

Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo ha anunciado una inversión de 106.8 millones de dólares en telemedicina. El servicio, financiado inicialmente con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 77 millones de dólares, ha sido tercerizado mediante empresas como Manpower Group, las cuales, de acuerdo con organizaciones sindicales, contratan médicos sin estabilidad laboral para brindar consultas telefónicas en condiciones salariales precarias. Paralelamente, el gobierno ha contratado médicos extranjeros ofreciéndoles condiciones salariales superiores a las de los especialistas nacionales, además de apoyos para vivienda y exenciones tributarias.

La expansión de la telemedicina comenzó a delinearse públicamente en septiembre de 2023, cuando el Ejecutivo anunció una “alianza estratégica” con la empresa estadounidense Google, acompañada por la aprobación de una ley que obliga al Estado a contratar al menos 500 millones de dólares en servicios de la compañía durante siete años.

Al respecto, CONADESA opina que la aplicación Doctor SV no garantiza una atención médica integral, ya que no asegura atención física inmediata ni especializada en situaciones de emergencia y no sustituye la evaluación médica presencial necesaria para diagnósticos y tratamientos adecuados. El colectivo, que agrupa a sindicatos y organizaciones del sector salud, advirtió además que la sustitución de la atención hospitalaria presencial por plataformas digitales afecta el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la salud, particularmente para pacientes críticos, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y población en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, Solano Leiva del Colegio Medico también denunció retrasos e interrupciones en tratamientos médicos tras los despidos. Indicó que personas con enfermedad renal crónica recibieron sesiones de hemodiálisis incompletas o suspendidas por falta de agua, insumos y personal. En algunos casos, afirmó, pacientes fueron desconectados durante el tratamiento, lo que obligó a sus familias a costear la continuidad de la atención en centros privados.

En respuesta a la crisis de salud, las organizaciones sociales y sindicatos articulados en CONADESA presentaron, en 2025, un Plan Nacional Multisectorial de Salud elaborado desde los territorios para fortalecer la atención primaria, mejorar la vigilancia epidemiológica, dignificar al personal sanitario y atender las determinantes sociales de la salud, como el acceso al agua, la alimentación y un ambiente sano. Pero en lugar de reforzar la salud pública, solo en sus primeros dos años de implementación del bitcoin, el gobierno destinó más de 180 millones de dólares para su puesta en marcha, una cifra que supera elpresupuesto anual del Hospital Rosales, estimado en 70 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha tomado acciones orientadas al cierre progresivo de espacios de organización y denuncia en el sector salud, los cuales van desde despidos a causa de su participación e actividades de protesta pacífica, hasta la imposición, en 2019, de una junta directiva del Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS), que no fue electa por los agremiados.

Para el Secretario General de SIMETRISS, Rafael Aguirre, “el boicot interno al sistema de salud refleja una clara intención de privatizarlo. La experiencia en otros países demuestra que estos procesos terminan segmentando a la población en clases A, B y C, donde solo quienes tienen recursos para pagar un seguro privado acceden a una atención adecuada”.

Por lo tanto, Aguirre asegura que es “indispensable defender y fortalecer al recurso humano especializado del ISSS” ya que “defenderlo es defender el derecho a la salud, el bienestar del paciente y el futuro de un sistema que, a pesar de las dificultades, sigue siendo uno de los mayores logros sociales de El Salvador”.

Este llamado busca visibilizar los peligros del avance de los intentos de privatización de la salud, especialmente de cara a las elecciones 2027, en las que Nayib Bukele pretende reelegirse inconstitucionalmente por segunda ocasión, lo que le permitiría profundizar el avance de reformsa de este tipo, las cuales conciben la salud como un servicio sujeto a lógicas de mercado y no como un derecho.